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El Gobierno propone la dación en pago para las familias dentro de un 'umbral de exclusión'

El Ejecutivo pasa el debate de la dación en pago -saldar la deuda hipotecaria con un banco devolviendo la vivienda- al tejado de la banca. Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ha anunciado que el Ejecutivo impulsará un 'Código de Buenas Prácticas' para las entidades financieras a la hora de abordar esta polémica fórmula hipotecaria. Un texto que incluirá entre sus medidas "permitir la dación en pago a las familias que estén dentro del umbral de exclusión".

De Guindos ha incluido en este "umbral de exclusión" a "las familias hipotecadas que tengan todas sus integrantes en situación de desempleo" y cuyos ingresos estén por debajo de un nivel aún sin determinar. Además, como ha puntualizado el ministro, "deberá tratarse de la primera vivienda" y se tomarán "cautelas para que no haya una situación de acogimiento abusivo o fraudulento".

De Guindos ha hecho este anuncio durante su intervención en el Congreso de los Diputados y en respuesta a una interpelación urgente de la Izquierda Plural acerca de la dación en pago y los abusos de la banca.

Ya me extrañaba a mi....

El Gobierno aspira a que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, con el fin de reducir el coste social de estas actuaciones judiciales.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este miércoles que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago —entrega de la vivienda para saldar la hipoteca—, a las familias que tengan a todos sus miembros en paro o a aquellos cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.

Esta medida se enmarca dentro del Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras anunciada por De Guindos. Aunque un código de este tipo no es de obligado cumplimiento y dependerá de la buena voluntad de los bancos, el Gobierno quiere suavizar los efectos de los desahucios en las familias que estén en riesgo de "exclusión social".

Si bien el Ejecutivo aún tiene que determinar cuál sería ese "umbral de exclusión", el ministro de Economía adelantó que incluiría a familias con todos sus miembros en paro y que no dispongan de otros ingresos.

"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en la sesión de control al Gobierno. En cuanto a la dación en pago, De Guindos advirtió de que parece una solución mágica, pero puede supone una merma del sistema de garantías: advirtió de que hay que tener cuidado con esta práctica, que puede llegar ser negativa para la concesión de crédito a futuro, así como provocar subidas de tipos de interés.

De Guindos además adelantó que, dentro de ese código de buena práctica para los procedimientos de ejecución hipotecaria, también se permitirá durante al menos dos años habitar a estas familias en la vivienda antes del desalojo. Esta medida podría ser también prorrogable.

Asimismo, el Ejecutivo se mostró partidario de que se aplique a los pagos iniciales de los préstamos una mayor proporción de capital principal en detrimento de los intereses, al contrario de lo que ocurre ahora. Según De Guindos, ahora se dedican los pagos iniciales casi exclusivamente al pago de intereses, y un cambio permitiría considerar el capital amortizado de manera proporcional al número de cuotas pagadas.

Crítica generalizada al amago de dación en pago del Gobierno

La sugerencia del Gobierno a los bancos de que acepten la dación en pago para las familias cuyo miembros estén en paro y para aquellas que estén "en riesgo de exclusión social" ha provocado reacciones de todo tipo entre usuarios, partidos políticos y empresas relacionadas con el sector.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, advirtió este miércoles que la propuesta puede resultar un "fracaso" por las condiciones "draconianas" que se impone.

El presidente cree que la medida no evitará las "escalofriantes" cifras de desahucios previstas para este año: uan 160.000 familias españolas inmersas en procesos de ejecución hipotecaria y por eso consideró que en la propuesta de De Guindos existe una "gran ambigüedad y errores de concepto".

Además, Pardos consideró que De Guindos "se ha acogido a las recomendaciones de la banca". Pidió que se aplique la moratoria de tres años, que la asociación viene reivindicando desde el año pasado. En este sentido, Pardos reclamó que el Gobierno regule estas medidas de lucha contra los embargos en un Real Decreto que, sugirió, "podría aprobar este viernes en el Consejo de Ministros, tal y como ha hecho con las demás medidas económicas".

Además, el presidente de Adicae calificó la propuesta del Gobierno de "medida de voluntad" e insistió en que es "absolutamente necesario un cambio legislativo" de la Ley Hipotecaria, ya que la actual es "leonina" con los usuarios y está "anticuada". Adicae presentará mañana ante el Congreso de los Diputados sus propuestas de cambio de regulación.

El portal inmobiliario Idealista.com también alberga dudas: cree que la medida "podría producir un aumento de la economía sumergida" y del coste de las hipotecas. El jefe de estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, dijo aunque "restrictiva y con condicionantes para los posibles beneficiados", podría generar, además, un aumento del diferencial de las hipotecas.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, defendió la dación en pago pero fue más allá al pedir directamente mecanismos para evitar que los propietarios pierdan sus viviendas a través de "la vía de moratorias o ayudas al pago de intereses".

A su juicio, también habría que ir "relajando la presión de los intereses" por parte de las entidades financieras, pues "algo tienen que perder quienes han tasado un piso a un determinado valor que luego ha derivado a otros niveles". El responsable nacional de CCOO defendió la necesidad de "buscar una fórmula que permita evitar este espectáculo lamentable al que estamos asistiendo cuando las personas se ven atrapadas para toda su vida" al adquirir una vivienda.

"Falsas expectativas"
Mucho más crítico se mostró el PSOE. El portavoz socialista de Economía en el Congreso de los Diputados, Valeriano Gómez, acusó a De Guindos de generar "falsas expectativas" puesto que se trata de un código de buenas prácticas que sólo incluye recomendaciones y no obligaciones.

En una rueda de prensa celebrada tras el Pleno, el exministro de Trabajo recordó que las ejecuciones hipotecarias han superado las 100.000 en el último año y "con un tono cada vez más ascendente". "Un código de buenas practicas no obliga, son sólo simples recomendaciones y no podemos levantar falsas expectativas desde el Gobierno al conjunto de los clientes de las entidades financieras diciendo que será posible la dación en pago cuando el deudor incurra en desempleo", dijo Gómez.

"Un código de buenas practicas no obliga, son sólo simples recomendaciones"

"Por supuesto, nos parece un avance la posibilidad de hacer un código, pero muy insuficiente", concluyó Gómez, quien reclamó así una "legislación prudente que respete y tenga en cuenta también la propia situación de las entidades financieras".

Gómez perfiló algunas de las medidas que, a su juicio, deberían incluirse en dicha legislación, tales como "obligar" a las entidades financieras a "alcanzar acuerdos" con sus clientes para "reestructurar las condiciones de amortización del crédito" una vez se haya dejado de pagar.

Asimismo, ha reclamado que "las entidades que perciban ayudas públicas por los procesos de reestructuración bancarias tengan que asumir este código no sólo como recomendación sino como compromiso" y que se "reduzcan los intereses de demora, a todas luces excesivos", que, según ha denunciado, "suelen multiplicar el valor del crédito" durante los dos o tres años que dura el proceso de ejecución hipotecaria, haciendo "impagable la deuda incluso después de haber entregado la vivienda".