Cobisa - Toledo

El caso sobre su patrimonio sigue persiguiendo a José Bono. El presidente del Congreso vivió este martes en la propia Mesa del Congreso un nuevo ‘episodio’ a cuenta de las denuncias que un grupo mediático de tinte conservador está lanzando sobre el ‘sospechoso’ incremento de sus propiedades. Una asociación murciana de abogados presentó el lunes en el registro de la Cámara un escrito en el que piden que la Cámara le investigue y que, en el caso de ser ciertas esas informaciones, dimita del cargo y devuelva también el escaño por Toledo.

El presidente de la Cámara, que no oculta su indignación por lo que considera una “campaña de desprestigio” contra su persona, entregó a primera hora de la mañana el escrito a los miembros de la Mesa para que debatieran su admisión a trámite y decidieran si, como pedía el PP, cabía la posibilidad de remitirlo a la Comisión del Estatuto del Diputado para abrirle en ella una investigación patrimonial.

La iniciativa ha partido del abogado José Luis Mazón, que en nombre de la Asociación Preeminencia del Derecho, firma el escrito en el que piden que investiguen si Bono “ha incumplido el deber de declarar bienes” y añaden que, de confirmarse este extremo, dimita como presidente del Congreso y renuncie también a su escaño de diputado por Toledo dado que "constituye una violación gravísima de la ética del cargo público".

Según informaron a este diario fuentes de la propia Mesa, Bono decidió ausentarse de la reunión para que los representantes de los grupos parlamentarios que pertenecen a este órgano de gobierno de la Cámara, Teresa Cunillera y Javier Barrero, del PSOE; Ana Pastor, Celia Villalobos, Ignacio Gil Lázaro y Jorge Fernández Díaz, del PP; Jordi Jané, de CiU, y José Ramón Beloki, del PNV, pudieran hablar del asunto “con total libertad”. Antes de marcharse, el presidente dejó claro que nunca ha ocultado nada sobre su patrimonio y manifestó que "no le importaría nada" hacer públicos todos sus bienes para acallar de una vez por todas las ‘habladurías’ y acusaciones, algo que, según estas fuentes, podría materializar en breve.

Los dos representantes socialistas con los así como los diputados nacionalistas, catalán y vasco, mostraron su respaldo al presidente y consideraron que no tenía encaje legal que la Comisión de Estatuto del Diputado abriera una investigación sobre su patrimonio porque estos datos son ‘secretos’ y tan solo pueden hacerse públicos si el afectado así lo decide.

Ante esta postura, cuatro los representantes del PP –Pastor, Villalobos, Gil Lázaro y Fernández Díez- decidieron también abandonar la sala de reuniones por lo que, al no haber suficiente quórum, no pudo votarse el escrito, que queda pendiente para la próxima reunión de la Mesa.