Chozas de Canales - Toledo

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Caja Castilla-La Mancha dio cientos de hipotecas para casas ilegales en Toledo
La Fiscalía pide cárcel para el exalcalde de Chozas de Canales y el Supremo ha ilegalizado la urbanización
JAVIER CHICOTE / MADRID
Día 12/03/2012
ANA PÉREZ HERRERA.Viviendas objeto de la polémica en Chozas de Canales 2 Comentarios

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.Caja Castilla-La Mancha (CCM) hizo la vista gorda a la hora de financiar al promotor Felipe Barbarroja y las 340 viviendas que levantó en el PAU Z9 del municipio toledano de Chozas de Canales. Tras ocho años de pleitos, el Tribunal Supremo decretó el pasado mes que las viviendas son ilegales, ya que se construyeron en suelo rústico y sin los pertinentes permisos urbanísticos. Es una incógnita por qué CCM concedió los créditos al constructor y a los compradores que se subrogaron a las hipotecas (unos 34 millones de euros) y que hoy son dueños de casas ilegales y devaluadas.

Chozas de Canales, un pequeño municipio de La Sagra, es el paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2003, el promotor ya había levantado más de cien unifamiliares, pese a que no contaba con permisos. Un año después, el ayuntamiento aprobó el PAU pese a la ausencia de los informes correspondientes de la Junta de Castilla-La Mancha. Ni siquiera tenía el suministro de agua garantizado.

El entonces alcalde, el socialista Antonio Antúnez, tuvo que abstenerse en la votación porque había trabajado para el constructor. Julián Agudo, portavoz del PP, denunció las decisiones tomadas en ese pleno.

Prevaricación y falsificación
La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Antúnez y 19 de inhabilitación para el actual alcalde, Ignacio Pitaluga, que en su día votó a favor del PAU como concejal. Los acusa de prevaricación y falsificación de documentos, gracias a los que el promotor consiguió inscribir las casas y venderlas. En total, unas 1.400 viviendas, aunque los tribunales solo han actuado contra las 340 del PAU Z9 porque nadie ha denunciado el resto de urbanizaciones. El municipio duplicó su tamaño en los años del boom inmobiliario.

Entre Antúnez y Pitaluga gobernó Julián Agudo, pero con la guerra del urbanismo como telón de fondo, una tránsfuga permitió al PSOE «legalizar» el PAU y recuperar la alcaldía. En las municipales de 2011 los socialistas ganaron por mayoría absoluta. El ahora líder de la oposición advierte que si el ayuntamiento legaliza las obras «se arruinará, porque tendrá que rehacer calles y desagües defectuosos, además de cambiar normas de ordenación del territorio que no son de su competencia».

Las casas, de unos 200 metros cuadrados, están construidas en parcelas de 150 metros, 100 menos del mínimo permitido en esa zona. Esto tampoco lo vio CCM.

No al derribo
El actual regidor, Ignacio Pitaluga, se exculpa de su apoyo a la construcción del PAU ilegal «porque entonces mi área no era el urbanismo», declara a este diario. En cuanto al futuro, el alcalde apuesta por «legalizar las casas, reclamar al promotor para que se encargue de los desperfectos y pedir ayuda al gobierno autonómico para que los vecinos sigan en sus casas».

El promotor, Felipe Barbarroja, que vendió los chalets a unos 100.000 euros de media, se ha declarado insolvente en otros procedimientos judiciales. Siguió recibiendo financiación de CCM incluso meses después de la intervención por parte del Banco de España, en 2009. Desde la entidad Liberbank, a la que actualmente pertenecen los principales activos de la caja castellanomanchega, insisten en que todo esto ocurrió «antes de nuestra llegada».

La noticia de ABC se equivoca, en el pleno que primero se aprobó el Z-9 sin quorum, Julian no denunció nada, sino que fué Paco Pio el que primero recusó a Antunez, por entonces creo que ya lo tenia medio inhabilitado, y despues denunció cuando lo aprobaron y con toda la razon como le acaba de dar la razon la justicia.