Chozas de Canales - Toledo

El TSJA exige a Marbella que le informe cada 15 días del derribo de una promoción
Promoción afectada en la urbanización Los Monteros Park. | J. Martín



Berta González de Vega | Málaga
Actualizado martes 13/10/2009 08:31 horas



Al Ayuntamiento de Marbella le siguen llegando autos contrarios a su afán de parar las demoliciones de los edificios ilegales con sentencia firme. Después de Guadalmina, donde se ordena la demolición de unos adosados y un hotel, de parte del chalé de Antonio Banderas, ahora le toca a Los Monteros Park, unos bloques en la urbanización del mismo nombre, de la sociedad Kabdale España.

En este último caso, la sala de lo contencioso del TSJA le dice al Ayuntamiento, además, que cada 15 días le vaya informando de cómo está tramitando el expediente de demolición. De no hacerlo, y esto es lo nuevo de este auto respecto a los anteriores, habrá «apercibimientos legales en caso de desobediencia». Y, en otro paso más, ordena la inscripción de la sentencia anulatoria de la sentencia en el Registro de la Propiedad.

El Consistorio, por su parte, ya dijo el día que supo del auto de la casa de Banderas que iba a agotar la vía legal hasta el Supremo. Son precisamente dos sentencias recientes del Supremo de las que se han valido los jueces de Málaga para desestimar la pretensión del Ayuntamiento que gobierna Ángeles Muñoz de suspender las demoliciones porque son edificios que legaliza el PGOU actualmente en tramitación.

Según técnicos del consistorio, los responsables políticos de Urbanismo están preocupados con lo que ya claramente, a la vista de los tres autos, es el criterio que va adoptar el TSJA.

En este caso, el Consistorio volvía a alegar que ha habido autos en los que este mismo tribunal sí que ha aceptado parar las demoliciones y, de nuevo, los jueces le recuerdan que eso sólo ha pasado cuando el denunciante era únicamente la Junta, que ha pactado el nuevo PGOU que legaliza casi todo con el Ayuntamiento.

Los jueces le recuerdan al Ayuntamiento que «el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas –en este caso la demolición del edificio– afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental» y que el ente público tiene que cumplir «con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado» por imponerlo así la Constitución.

Es un punto recurrente en el auto, ya que en otro párrafo recuerda la «imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales», lo que entronca con «el derecho a la tutela judicial efectiva», algo que no se satisface «mediante una justicia meramente teórica». Y recuerda que la negativa a cumplir una resolución judicial «constituye un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas».

Marbella responderá penalmente si no derriba las vivienda ilegales

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, es llamada a declarar. (EFE)

Amparo de la Gama 02/01/2012 (06:00h)

La batalla judicial por las demoliciones pendientes en Marbella parece no tener fin. Uno de los máximos orgullos de la gestión de Ángeles Muñoz es la normalización urbanística de la ciudad. Así lo resalta cada vez que puede en sus comparencias públicas. La última vez, esta semana en el balance del año actual, donde ha esgrimido argumentos de proyectos que ha denominado "vitales" y que "garantizan el futuro de la ciudad".

Pero estas palabras no parecen convencer del todo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha citado a la regidora costasoleña para declarar en los próximos meses por la no ejecución de los derribos pendientes, esgrimiendo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no implica la imposibilidad de ejecutar los fallos.

La ley por encima del PGOU

En la providencia del alto tribunal andaluz se solicita al Ayuntamiento y a la alcaldesa, como su máxima responsable, de cumplir la ejecución de una (del más de un centenar) de estas sentencias pendientes de ejecución. El magistrado le advierte, a través de este apercibimiento, de que por primera vez «puede incurrir en multas de hasta 1.502 euros y en la responsabilidad penal que le pueda corresponder». En este caso podría tratarse de un posible delito de desobediencia judicial.

Hasta el momento el consistorio ha argumentado todo tipo de estratagemas legales para evitar los derribos, pero en la sentencia emitida por el TSJA invalida estos argumentos. La Sala acuerda desestimar «el incidente de imposibilidad legal de ejecución de sentencia» promovido hasta ahora por el Ayuntamiento marbellí, que se ha acogido a la existencia de un nuevo planeamiento que regulariza 16.500 del total de 18.000 viviendas que se construyeron durante la etapa de mandato del Grupo Independiente Liberal. Sin embargo, el auto recuerda a la regidora que «el derecho a la ejecución de sentencia no puede concebirse únicamente como un derecho del particular interesado en la ejecución sino que es también un esencial interés público el que está implicado en ello». En este mismo orden de cosas insiste la providencia en que el cumplimiento de las sentencias u órdenes judiciales es un «fundamento básico» del Estado de Derecho recogido en la Constitución.

Caballo de batalla

El TSJA tiene claro que no todo vale y que la razón que da el Ayuntamiento de que la existencia de un nuevo PGOU no implica «una automática legalización ex post facto de todas las edificaciones que resulten conformes con el nuevo, aunque no lo fueron con el anterior». A este respecto, le recuerda a la institución que si opta por no demoler, deberá «sustituir la ejecución de la sentencia en sus propios términos por una indemnización de daños y perjuicios derivados de la inejecución».

Con esta sentencia, si el Ayuntamiento no demuele tendrá que indemnizar a quienes se sientan afectados por los edificios ilegales que queden en pie. El principal caballo de batalla es la comunidad de propietarios de Los Monteros.

La sentencia referida por el TSJA en este auto, suponía la demolición de tres bloques de casas, los números 19, 20 y 21, de la calle del Ciervo de la urbanización Monteros Park. Pero los vecinos de esta urbanización denunciaron a la promotora (la sociedad limitada Kabdale) y al Ayuntamiento de Marbella por edificarlos y autorizarlos, respectivamente, sobre tres parcelas unifamiliares. Ahora los bloques están ocupados pero carecen de licencia de ocupación.

a ver si al cortito del fuentelabrada le queda claro ya la solucion que hay.
por si aun tiene dudas las sentencias de los tribunales superiores de justicia crean jurisprudencia, ademas si van refrendadas por el supremo mucho mas.

Perdona Under.
Crei que debatiamos lo del Z9 de aqui de Chozas de canales en toledo.
¡Como me sales con los problemas de Marbella....!

lo dicho si eres mas tonto naces por el culo...
molestate en leerlo primero.