Chozas de Canales - Toledo

Si una ‘gran coalición’ de PP, PSOE y Ciudadanos no lo impide (ver información adjunta), Antonio Antúnez retornará a la Alcaldía de Chozas de Canales aunque sea como candidato más votado al frente del partido local Queremos. Antúnez ya conoce el tacto del bastón de mando de esta localidad sagreña, que rigió entre 1983 y 2007 bajo las siglas del PSOE. Pero se puede dar la paradoja de que, si el próximo sábado será fotografiado sentado en el sillón de la Alcaldía, cuando pase el verano se le podrá hacer un retrato en un asiento menos agradable, el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Allí será juzgado el próximo 30 de septiembre por una presunta falsificación de documentos, cometida en su pasada época de Gobierno, por el que la Fiscalía le reclama cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación para cargo público.
Hay que recordar que Antúnez ha retornado a la política municipal tras cumplir una condena de siete años de inhabilitación por prevaricación dictada en 2007, y salir absuelto de un juicio por otra presunta prevaricación en 2012. Pero le queda pendiente de juicio otra acusación de prevaricación y sobre todo, este caso de falsificación en el que se expone a pena de cárcel. Todos sus problemas con la Justicia giran en torno a los llamados ‘PAU Z’ unas urbanizaciones que suman más de 1.000 viviendas desarrolladas en la recta final de su época de Gobierno. Aquellas construcciones incurrieron en una serie de irregularidades urbanísticas, hasta el punto de que una de las urbanizaciones, el Z-9, ha sido anulada por el Tribunal Supremo.
La fecha de su próximo juicio ha sido dictada por la Sección Primera de la Audiencia, responsable de su procesamiento, a través de un auto dictado el pasado miércoles día 10 al que ha tenido acceso este medio. El tribunal provincial ha fijado ya las distintas pruebas, como declaraciones de testigos, que podrán exponer la Fiscalía, las acusaciones particular y popular, y la defensa del exalcalde. En el auto se determina que contra su contenido, incluyendo la determinación de la fecha de la vista, «no cabe recurso alguno».
La apertura de juicio oral fue decretada en 2011 por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Illescas, que abrió diligencias por este asunto. En su posterior escrito de acusación, la Fiscalía acusó al exalcalde de falsificar una documentación que se precisaba para inscribir en el registro de la propiedad para su venta las viviendas de los ‘PAU Z’, con el fin de vulnerar la Ley de Ordenación de la Edificación. En concreto, Antúnez emitía certificados -usurpando competencias de funcionarios municipales- en los que se aseguraba que los permisos de obra para hacer estas casas se habían otorgado el dos de mayo de 2000. Sólo cuatro días antes de la entrada en vigor de esa Ley. De este modo, se eximía al constructor de cumplirla. La Ley obliga a un promotor a respetar distintos requisitos de garantía para los compradores de vivienda, como suscribir el seguro de diez años que cubre los daños que aparezcan en el inmueble por defectos de edificación.
El problema es que los permisos de obra y la propia construcción de las viviendas se efectuaron entre dos y cinco años después de la entrada en vigor de la ley.

«Rotundamente falso».
El fiscal señaló que lo afirmado por el exalcalde Antúnez en sus certificados es «rotundamente falso», citando entre sus argumentos que una de las empresas que edificaron las casas, Morguen Inversora, ni siquiera existía en la fecha en la que Antúnez afirma que ya le había otorgado las licencias de obra.

Lo mismo por esta vía consigue lo que buscaba... Un sueldo y paro pero no como concejal sino como reo...
Imagino que page y habra hablado con el fiscal jefe de Toledo para la absolución absoluta a ver que sacan ahora ....