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Los trucos de la Generalitat y El Bigotes
Los contratos se troceaban para eludir el concurso público y adjudicarlos a dedo - La trama corrupta cobraba por distintos conceptos de un mismo acto
P. X. DE SANDOVAL / M. OLIVARES - Madrid / Valencia - 12/07/2009


El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación.


Una comida de 150.000 euros

"¡Amigo, gracias, qué buen trabajo me has hecho!"
Francisco Camps Ortiz

La Presidencia valenciana encargó a la trama unos regalos de Navidad
Esta evidencia aparece reflejada en un informe que detalla todos los contratos adjudicados a Orange Market y que elaboró la propia Generalitat valenciana para enviarlo al Tribunal Superior de Justicia valenciano. En esa causa están imputados por un presunto delito de cohecho Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Camps y Costa niegan los hechos. El juez ha convocado una vista el próximo miércoles (a la que los imputados no acudirán) para decidir si abre juicio contra ellos.

El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.

Esta misma argucia era utilizada por el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo (dimitido y suspendido de militancia en el Partido Popular) para adjudicar contratos en Madrid a las empresas de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.

Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora.

En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía.

Más ejemplos, citados por la propia Generalitat en su informe para el Tribunal Superior. Para el montaje de un acto en la Ciudad de la Justicia en 2007 se adjudicó a Orange Market por parte del director del gabinete del entonces vicepresidente Campos (hoy imputado) un contrato de montaje por 11.000 euros. Para el mismo acto, el director general de Interior de la Consejería de Justicia adjudicó otro contrato a la empresa por 8.000 euros para material audiovisual y personal técnico.

Para que Orange Market realizara un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico se hicieron dos contratos. Uno adjudicado por el director general de Asistencia Sanitaria por importe de 11.884 euros para el alquiler del equipo y la realización; y otro, del secretario de Sanidad, por 11.930 euros para la producción y el sonido del mismo vídeo.

En la relación de contratos figura también la compra de 1.000 aparatos de radio y 2.000 pilas; el suministro de 1.000 carpetas portadocumentos para el Congreso Familia y Escuela (9.860 euros); la presentación de planes contra la violencia machista; un acto para promocionar un circuito de Golf; y otro gran contrato, por 516.000 euros, para un acto en la salida de las regatas en Alicante de la vuelta al mundo de Vela.

Los altos cargos que adjudicaron estos contratos a Orange Market y que han comparecido ante el juez lo han justificado diciendo que la empresa era conocida como uno de los proveedores de la Generalitat valenciana. Sin embargo, en 2005, cuando logró la mayor facturación por contratos de su historia, la empresa de El Bigotes, no había trabajado nunca antes para esa Administración.

La investigación judicial se ciñe a los contratos de Orange Market, aunque de las declaraciones de algún colaborador próximo a Camps se deduce que otras empresas de la trama corrupta también se beneficiaron. Por ejemplo, DownTown (nombre original de Easy Concept), otra sociedad de la red que dirigía Correa, se encargó de unos regalos de Navidad de la Presidencia de la Comunidad Valenciana. Empresas públicas, como Vaersa, o fundaciones de la Generalitat, como Agua y Progreso, también han contratado con El Bigotes.


Una comida de 150.000 euros
El informe que la Generalitat envió al Tribunal Superior valenciano también revela que el primer montaje del pabellón valenciano de Fitur que hizo Orange Market, en 2005, costó más de lo previsto por algunos extras. La Comunidad pagó 1.320.000 euros por ese pabellón y su utilización para otras cuatro ferias. Pero, además, El Bigotes facturó otros 149.035 euros por un almuerzo para el Gobierno valenciano (119.035 para la comida y 30.000 para la adaptación del local). Aparte, cobró 2.308 euros por un reportaje fotográfico, 11.995 por servicios extra y 102.000 por adaptar el pabellón para otra feria.

Angélica Such, consejera de Turismo desde junio de 2007, justificó el coste de la comida alegando que se sirvió con ocasión del Día de la Comunidad Valenciana en Fitur. Era tradición del Gobierno valenciano ofrecer una comida en el Palacio de Congresos de Madrid con tal motivo.

Ese año, recién llegada a la Consejería de Turismo Milagrosa Martínez (actual presidenta de las Cortes), con Rafael Betoret (imputado por cohecho) como jefe de gabinete, se decidió montar una carpa junto ala feria. En la comida, que contó con un espectáculo, participaron unas 800 personas, según testigos. De ser así, el cubierto habría salido por 200 euros.




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Ramón el Timador - 12-07-2009 - 14:24:58h


Siempre lo hemos hecho así, decía un mangante mas de otra autonomía que derivó todos sus fondos a la construcción de un hotel turístico, camuflando así sus sucios manejos con los amiguetes militronchos que se hicieron asimismo sus chalets. Firmado, Ramón Viadero el Matemático.

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luislote - 12-07-2009 - 13:57:28h


¿Hay alguien en el gobierno de la Generalitat Valenciana que no este salpicada de corrupcion con el caso Gürtel?. Yo creo que no, y deberian fiscalizar todas las cuentas desde que el P.P. entró en el gobierno valenciano.

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Picio - 12-07-2009 - 13:41:03h


Me muero de risa cuando a un personaje tan ejemplar le trincan con el carrito de los helados. ¡A la cárcel!

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mucha tela que cortar... - 12-07-2009 - 13:21:19h


En Vigo cuando estaba Corina Porro en la alcaldía hacían lo mismo. tenían empresas ligadas al pp ( de la suegra de Mapi su secretaria, etc...) que se llevaban todos los contratos troceados en facturas de menos de 12.000 euros para no tener que dar cuentas a nadie ni sacarlas a concurso. Parece que el asunto es generalizado. En Vigo tendrían buen material pra investigar, y en toda Galicia. No olvidemos de dónde viene el cabecilla de la red que se reunía alrededor de Aznar en Cercedilla (no tengo claro si era ese pueblo u otro cercano)

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El Español - 12-07-2009 - 13:20:46h


ante la díficil situación jurídica de Camps, desde el PP han lanzado su propia ofensiva. Hay fuentes conservadoras que reconocen que "las presiones" que se están ejerciendo sobre los magistrados de la Sala de lo Penal y de lo Civil del TSJCV son "como jamás se habían visto antes". Ya no es sólo que Camps confíe en que el pronunciamiento de estos jueces, que responden a un perfil conservador, le permita salir indemne del caso Gürtel. Es que además desde su formación se les está haciendo llegar varios mensajes como que de ellos depende que se "desestabilice o no la Comunidad" y que "no tiene sentido poner fin a la carrera de un presidente por unos hechos que podrían suponer una multa de pocos miles de euros".


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Se irá desvelando lo que ya sabemos, cuantos y de cuales partidos están en idéntica situación?, y es que debe ser sabroso darle esos garrotazos cochineros a LA LATA.

Si por casualidad hubiere un arte de esos mágicos, que estos malditos corruptos, se encendiesen como bombillos a nivel planetario, las compañías petroleras quebraban al momento.