Herrera - Sevilla

Hasta ahora, si un trabajador recurría un despido objetivo ante los tribunales por considerar que era improcedente y ganaba el juicio, el empresario tenía que pagar los salarios de tramitación, tanto si el trabajador era admitido, como si el empresario optaba por pagar la indemnización. Pero ahora, al trabajador que recurra a los tribunales por considerar que el despido es improcedente, sólo se le pagarán los salarios de tramitación cuando el empresario opte por la readmisión. Esto refuerza la idea de que el despido más utilizado será el objetivo.

CIENCIA
El PP calcula que el coste de los falsos ERE será de 1.400 millones
Revela compromisos de pago por 535 millones que la juez no había detectado
M. CONTRERAS / SEVILLA
Día 13/03/2012

EFE
Griñán, durante un acto ayer en Huelva junto a miembros de UGT
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El dinero vinculado con el fraude en las ayudas al empleo de la Junta de Andalucía no se limita a los 933 millones de euros detectados por Mercedes Alaya, la juez instructora de este escándalo. Según denunció el PP, el Gobierno andaluz que preside José Antonio Griñán se comprometió con las aseguradoras y los sindicatos a aportar otros 532,5 millones de euros hasta el año 2015, lo que elevaría el importe global del fraude hasta los 1.400 millones de euros (232.940 millones de pesetas).

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, reveló ayer que el Gobierno asumió ese compromiso en una reunión que tuvo lugar en la Consejería de Empleo andaluza el 22 de diciembre de 2010 —siendo ya José Antonio Griñán presidente andaluz— y a la que asistieron el entonces viceconsejero, Justo Mañas, y representantes sindicales y de la aseguradora Vitalia, utilizada por la Junta de Andalucía en la mayor parte de los ERE investigados por la Justicia.

En dicha reunión el Gobierno andaluz adquirió «compromisos de pago» hasta 2015 por valor de 535,2 millones, lo que supone una «hipoteca inaceptable», resaltó Sanz. De los 933 millones en los que se ha cifrado hasta ahora el fraude de los ERE, quitando la parte de la responsabilidad exigida serían 699 millones más dos partidas no trasladadas a la juez y los 535 millones, lo que sumaría un total de 1.400 millones.

Según explicó el PP, que trasladará esta información a la juez Alaya, el acuerdo era que este calendario de pagos no se incluyera en los presupuestos de la comunidad andaluza de los siguientes años, aunque el Gobierno se comprometía a realizar posteriormente una modificación presupuestaria para poder ejecutar los compromisos asumidos.

Así, para el año 2011 se presupuestaron 85 millones de euros, pero el reconocimiento de pago era de 102 millones de euros. Para 2012 los presupuestos consideraron el pago de 67 millones de euros, pero el compromiso del Gobierno era de abonar 121 millones de euros. «En el presupuesto se pone la mitad de lo que hay que pagar a las aseguradoras», lamentó el dirigente popular.

Antonio Sanz consideró probado que el Ejecutivo de Griñán «conoció, ocultó y participó» en el fraude de los ERE y lamentó que el PSOE haya convertido a Andalucía en «un parque temático de la corrupción». En este sentido, resaltó que el ex director general de Empleo andaluz y único encarcelado por la trama, Francisco Javier Guerrero, era «un mero instrumento más en una orquesta donde la batuta eran altos cargos de la Junta y la cabecera de la Junta». Sanz resaltó que la declaración judicial de Guerrero «eleva la responsabilidad» a la cúpula de la Junta de Andalucía, incluyendo al expresidente Manuel Chaves, al que fuera su mano derecha en el Gobierno, Gaspar Zarrías, y al actual presidente.