Herrera - Sevilla

El PP nazareno anunció ayer que irá al Juzgado si el alcalde del municipio, el socialista Francisco Toscano, no aclara el supuesto «trato de favor» en la compra de la vivienda de su esposa, la senadora y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Basilia Sanz. La senadora había comprado en 2005, tal y como adelantó ABC el pasado mes de mayo, una vivienda de 448 metros cuadrados construidos en una zona céntrica de la localidad por 246.236 euros, mientras que las otras 39 viviendas que componían la promoción, de 136 metros construidos, se vendieron a un precio que rondaba los 250.000 euros por lo que el resto de compradores habría pagado un precio por metro cuadrado que triplicaba el abonado por Sanz.

Ahora ha trascendido además que en su declaración pública no consta ninguna hipoteca por la compra de su vivienda, pero reconoce «una deuda vivienda» con la promotora nazarena que le vendió la casa. El crédito se lo concedió el mismo día que formalizó ante notario su escritura de compra-venta, según recogió ayer La Voz de Dos Hermanas. Baremar Promociones Inmobiliarias S.L le concedió así 172.000 euros de los que ha pagado 97.000 si bien en su declaración de bienes del Senado, no especifica la cantidad prestada ni hay constancia documental de que esa deuda se está abonando con intereses. Sí se anota, según La Voz, una deuda adquirida con Baremar con fecha del 29 de julio de 2005, que asciende en la actualidad a 75.000 euros, aunque en el documento entregado en la Cámara no especifica cuál fue el importe concedido en un principio.

El PP entiende que tanto Toscano como su mujer deben dar explicaciones «detalladas» en la próxima Junta de Portavoces por lo «extraño» del caso. «¿Quién te da la escritura de una casa sin crédito hipotecario? Cuando además, según el documento del Registro de la Propiedad, se obliga a la parte compradora a abonarlo dentro de los 60 días siguientes a que se finalice la obra, y si dice, que aún debe 75.000 euros, es que no lo ha cumplido en ese plazo», destacó el concejal popular, Luis Paniagua que recordó que la promotora en cuestión ha sido la adjudicataria de «gran parte» del Plan Municipal de la Vivienda que promueve el Ayuntamiento. «Si no aclaran este trato de privilegio —añadió— no descartamos iniciar acciones judiciales para esclarecer lo ocurrido».

También el grupo municipal de IU pidió a la senadora que justifique «documentalmente» que «todo está en regla». Considera que la falsedad o no de la información resulta «fácilmente demostrable» en tanto que bastaría con aportar los documentos de pago «que justifiquen que no ha existido ese trato de favor». «No tiene que justificárselo —dijo— al periódico, sino a la ciudadanía y a la corporación municipal».

Aunque Lay considera «inexcusable» aplicar la presunción de inocencia, cree que debe convocarse la Junta de Portavoces «con carácter de urgencia y aclararlo todo ahí».

A su juicio, la explicación «no puede ser única y exclusivamente que todo obedece a conspiraciones de la derecha y que hay una campaña de desprestigio en su contra». «Eso puede decirlo —agregó— pero se combate con transparencia».