Herrera - Sevilla

OJO, como siempre mirar a que ideologias pertenecen los intrusos, que desfachatez y poca verguenza.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital hispalense ha anulado la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE), aprobado por la Junta a finales de 2010 para la plantilla de la base de Morón de la Frontera, por vulnerar derechos fundamentales de dos trabajadoras demandantes. En este ERE, de 150 trabajadores, se incluyeron hasta 31 «intrusos» ajenos a la empresa norteamericana que se encarga del mantenimiento de las instalaciones militares. El expediente pasará ahora a los juzgados de lo Social para que la anulación sea efectiva, salvo que medie recurso. Tras este primer fallo, personal de la base afectado por el ERE ha presentado una denuncia para exigir responsabilidades por la vía penal.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso se produce tras el recurso interpuesto por los asesores legales de la médico y de la ATS de la base aérea, Elisa Ostos y Celia Olías, disconformes en su momento por su inclusión en el ERE. El recurso alegaba una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Y además de hacer constar la existencia de 31 intrusos o no vinculados por su condición de extrabajadores, los abogados apuntaban la posibilidad de que los responsables de la Consejería de Empleo podrían haber incurrido en un delito de prevaricación. Y es que si bien las 31 personas fueron retiradas del ERE una vez «descubiertas», tras argumentarse que hubo un error, lo que se valora en el plano legal es la voluntad consciente de llevar a cabo el presunto fraude. En la tramitación del ERE, informes de la Inspección de Trabajo alertaron de las irregularidades, los inspectores conminaron a la Consejería a remitir el expediente a los órganos judiciales (Juzgado de lo Social) para que procediera a su anulación, y sin embargo no se hizo. Ahora, en su sentencia, consultada por ABC, el juez de lo Contencioso ordena a la Junta que todo quede en manos de la mencionada instancia de lo Social «para recabar su nulidad en el procedimiento de oficio».

Tras este primer fallo, los mismos asesores legales han presentado ahora en el Juzgado de Guardia una denuncia a petición de otros seis trabajadores de la base aérea, «para el establecimiento de las posibles responsabilidades penales». Estas personas fueron despedidas a consecuencia del ERE, y si en su momento optaron por no recurrir, ahora están dispuestas a llegar «hasta el final». A esta demanda se sumó el sindicato USO.

La denuncia, a modo de prólogo, hace referencia a revelaciones periodísticas sobre la intención del ejército USA de «recortar drásticamente» el número de trabajadores españoles que prestan sus servicios en la base aérea de Morón de la Frontera», así como la preocupación de la embajada americana de la posible respuesta social y política ante tales hechos.

Pese a ello, se llevaron a cabo los recortes laborales, proceso en el que según la denuncia interpreta un importante papel de mediador en el ERE el alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador del PSOE, Juan Antonio Gutiérrez Limones. También se relata el caso del exteniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra y delegado de Deportes, Francisco García Jiménez, que abandonó sus cargos cuando cobraba 50.000 euros anuales el 13 de septiembre de 2010, y se incluyó en la lista de los ERE una semana después de que la relación de afectados se elaborara, cobrando finalmente una indemnización de 180.000 euros.

También se destaca que había nueve trabajadores en situación de jubilación parcial antes del ERE, a los que se incluye en el listado final abonándoles las indemnizaciones. Están vinculados a UGT y/o al PSOE, y han cobrado entre 91.000 y 171.000 euros. Consta asimismo en la denuncia un denominado «anexo fantasma» con otra relación de nombres, mayores de 55 años y afectados por el ERE. Éste no aparece en el acuerdo definitivo ni en el escrito que la empresa remite a la Delegación de Empleo para el expediente. En la denuncia se desvelan, así como su filiación política, del PSOE, y sindical, de UGT.

La denuncia de los trabajadores apunta
Los asesores legales de los trabajadores afectados por el polémico ERE, cuya anulación no tendría como consecuencia la devolución del dinero cobrado, incluyen en la denuncia por la vía penal las siguientes interrogantes abiertas a la investigación de los jueces.
—¿Porqué la Delegación de Empleo permitió un acuerdo en el que estaban 31 intrusos sabiendo de la existencia de los mismos? ¿Por qué no ejerció la labor de control?
—¿Cuál era la finalidad de la empresa de incluir, con el apoyo de los firmantes del acuerdo, las 31 personas, a sabiendas de que no se encontraban trabajando en la empresa?
—¿Qué hubiera pasado si esos 31 «intrusos» no se hubiesen detectado por la Inspección de Trabajo? ¿Se hubiera abonado la correspondiente indemnización?
La denuncia concluye que el Juzgado debería investigar «sobre la existencia de posibles indicios de fraude entre las partes firmantes del acuerdo (UGT, CC.OO y la empresa), la existencia de indicios de prevaricación por parte de la delegada de Empleo de la Junta, Aurora Cosano, e igualmente la existencia de indicios de posible financiación ilegal del PSOE y de tráfico de influencias de Juan Antonio Gutiérrez Limones y la Ejecutiva del PSOE de Alcalá de Guadaíra».

Toma ya.Los amiguetes del PSOE.
Pero es que ahora se entiende porque los sindicatos no se mueven para nada.
Habiendo motivos de sobra.