Herrera - Sevilla

La Fiscalía del Tribunal Supremo informó ayer a favor de investigar las acusaciones del empresario gallego Jorge Dorribo contra José Blanco, ministro de Fomento, por entender que deben contrastarse con los datos documentales aportados en la exposición razonada elevada por la juez de instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, al Tribunal Supremo.

El fiscal señala que algunos de los datos aportados por la juez San José están apoyados por mensajes sms de teléfonos móviles de Dorribo, de José Antonio Orozco, del primo del ministro, Manuel Bran, y del propio José Blanco, así como correos electrónicos y otros documentos que deben ser investigados. Entre estos, hay datos sobre pagos en dinero extraído de cuentas corrientes cuyo paradero hay que investigar. La fiscalía, sin embargo, no menciona que los eventuales delitos sean los de tráfico de influencias y cohecho, ya que no aun no es el momento de calificar los posibles indicios.

La Fiscalía considera que el Tribunal Supremo es competente para instruir la causa dado que es notorio que el ministro en funciones, José Blanco, ha sigo elegido diputado por Lugo.

El informe ha sido realizado bajo la supervisión del Teniente Fiscal del Supremo Juan José Martín Casallo, quien previamente consultó a los fiscales de sala especialistas en penal. Martín Casallo asumió la dirección del asunto tras la abstención del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por razón de su amistad con el ministro. La fiscalía denegó a los medios informativos una copia del informe por estar secretas las actuaciones.

El informe, presentado a primera hora de la tarde de ayer ante la Sala Penal, pide el nombramiento de un magistrado instructor del Supremo que investigue la causa. Aunque el informe no es vinculante, en el caso de que el Supremo asuma la investigación deberá nombrar un magistrado instructor de la Sala Penal de entre un turno preestablecido.

La sala que debe admitir a trámite la exposición razonada está integrada por el presidente de la sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde y Julián Sánchez Melgar, a los que ahora deben sumarse otros dos magistrados.

El ministro de Fomento en funciones, José Blanco, manifestó ayer a Europa Press que sigue “sin tener constancia oficial” de que la Fiscalía del Supremo pidiese la apertura de una causa contra él, ni de ninguna de las demás informaciones difundidas, dado que la causa sigue bajo secreto del sumario. No obstante, reiteró su “confianza” en la Justicia y en “sus tiempos”. “Lo único que deseo es que se esclarezca la verdad cuanto antes”, agregó.

Diversos dirigentes del PSOE salieron ayer en apoyo de José Blanco. Tras conocer la iniciativa de la fiscalía, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró que los socialistas confían siempre “en el buen trabajo de la Justicia”.

También el ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, mostró su “confianza plena” en José Blanco. “En eso ya estábamos más o menos. Ya había llegado al Tribunal Supremo. Pues que se haga esa investigación, pero reitero mi confianza plena en el ministro Blanco”, dijo.

Por el contrario, el PP acogió con satisfacción que el Supremo investigue a Blanco. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que “está bien que todos los españoles sean tratados por igual ante la ley”. Cospedal añadió que “el PP siempre ha pensado que el actual ministro de Fomento debería haber dimitido” antes de las elecciones generales. Sobre la conveniencia de que Blanco dimitiera ahora, a pocas semanas de dejar el cargo, Cospedal dijo: “Ahora quedan escasos días, no sé la virtualidad que tiene eso”.

Por su parte, el PNV pidió que Blanco renuncie a sus cargos públicos, tras la petición del fiscal de que el Supremo le investigue. El diputado del PNV Emilio Olabarría dijo que su partido ha actuado con rigor en casos de corrupción “reales o presuntos” y a los miembros de su formación se les ha exigido “el abandono de sus cargos y la entrega del carné”.

El informe de la fiscalía responde a un encargo del Supremo sobre la “exposición razonada” que la juez San José remitió al alto tribunal el día que se iniciaba la campaña electoral en la que se daba cuenta de las acusaciones del empresario gallego Jorge Dorribo de haber pagado unos 200.000 euros al primo del ministro José Blanco, Manuel Bran, en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) para conseguir un contrato de medicamentos en unidosis para su empresa.

Fuente: EL PAÍS, 28 de noviembre de 2011.
https://olitica.elpais.com/politica/2011/11/28/actualidad/1322510573_389709.html