Herrera - Sevilla

La sombra del «caso Faisán» perseguirá al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la precampaña electoral, ya sea desde la Audiencia Nacional o desde los juzgados de Irún (Guipúzcoa). La causa abierta contra tres de los mandos policiales por el «chivatazo» a ETA que se produjo en mayo de 2006, cuando todavía era ministro del Interior, podría tener las horas contadas en la Audiencia si el Pleno de la Sala Penal revoca el procesamiento del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros por el delito de colaboración con organización terrorista y lo mantiene solo por revelación de secretos. La razón de ese hipotético «traslado» a Irún, con la consiguiente pérdida de repercusión mediática que ello supone, estriba en que es precisamente el delito de terrorismo (en este caso colaboración) y no la revelación de secretos ni el encubrimiento lo que justifica la competencia de la Audiencia.

Después de la vista a puerta cerrada que el presidente de la Sala Penal, Javier Gómez Bermúdez, ha convocado para mañana a las cinco de la tarde, quince de los dieciocho magistrados que componen el Pleno decidirán el destino de esta causa que por el momento no parece que se vaya a saldar con más responsabilidades que las de los hasta hoy tres procesados. Ni siquiera se ha aceptado la comparecencia en calidad de testigo del entonces secretario de Estado y hoy ministro del Interior Antonio Camacho.

Como ya adelantó ABC el pasado julio, de este debate se ausentarán los magistrados de la Sección Tercera que conforman la Sala que en su caso tendrá que juzgar a los mandos policiales. Se trata de Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Guillermo Ruiz Polanco), que han decidido abstenerse para no tomar partido y evitar futuras recusaciones.

Un Pleno dividido
En la vista en la que se estudiarán los recursos contra el auto de procesamiento del juez instructor Pablo Ruz, las distintas partes presentarán sus alegaciones. Las defensas pedirán la revocación del procesamiento en su totalidad, al entender que los tres policías no cometieron delito alguno; la Fiscalía solicitará que se les procese solo por revelación de secretos y que la causa pase a Irún; y las acusaciones (Dignidad y Justicia, AVT, PP y Unión de Oficiales de la Guardia Civil), que se mantengan ambos delitos.

El Pleno de la Sala Penal comienza este debate —sobre si hubo colaboración con organización terrorista en el «soplo»— dividido, pues, según fuentes judiciales, algunos magistrados consideran que es fundamental tener en cuenta la intención de quienes frustraron la desarticulación de la red de extorsión de ETA que operaba en torno al bar Faisán (la operación finalmente se llevó a cabo, aunque un mes y medio después). En este sentido, el juez Pablo Ruz, quien investigó esta causa desde el juzgado de Garzón, recordó en el auto de procesamiento que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es necesario comulgar con los fines de una organización terrorista para que pueda existir el delito de colaboración con banda armada.

«Con independencia del ánimo, móvil o intención directa» que guiara a los procesados, estaban llevando a cabo una acción que supone «objetivamente una colaboración idónea o potencial a las actividades de la organización terrorista», señaló Ruz en el auto de procesamiento. Y es que al frustrar esa operación policial los procesados estaban facilitando, según el juez, que el dinero de la extorsión siguiera revirtiendo en ETA. «Si bien esos objetivos concretos no cabe entenderlos como directamente queridos por parte de los imputados, en atención a las responsabilidades que con distinto grado ostentaban en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (...) ello no permite obviar que estaban asumiendo una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades» de ETA, dijo.

Una decisión que no sentó bien
La decisión del presidente de la Sala Penal, Javier Gómez Bermúdez, de llevar los recursos contra el auto de procesamiento de los mandos policiales al Pleno (dieciocho magistrados) no cayó nada bien, el pasado julio, en la Audiencia Nacional. Aunque Gómez Bermúdez la justificó en la «complejidad jurídica» del asunto, fuentes judiciales recordaron que tenía que ser la Sección Segunda (tres magistrados) —hasta el momento había visto todos los recursos contra las decisiones del instructor— la que tenía que analizar este también. Esta Sección, presidida por Fernando García Nicolás, ya se había pronunciado sobre la conveniencia de mantener el procesamiento por colaboración con ETA.