Gerena - Sevilla

Actualmente el Consejo del Poder Judicial es elegido por el Parlamento, como debe ser según la Constitución, pero el PP quiere que sea elegido por los jueces, que salvo contadas excepciones son de derechas; quitandole este derecho al Parlamento y por supuesto al pueblo, por lo que habria que modificar hasta la Constitución.

Con esta decisión el PP se traslada al año 65 para imponer un criterio de estilo franquista, que es lo que mas le va.

Yo particularmente al PSOE le perdono casi todo, menos que por su forma de actuar tengamos que aguantar al PP en el gobierno, aunque espero que sea por poco tiempo.

Efectivamente, el PP gobierna y además con mayoria absoluta gracias a la gestión del psoe.

Le hubiera bastado al psoe, en vez de hacer tantas reformas antisociales como hizo en su última étapa de gobierno, haber llevado a cabo una reforma fundamental de nuestro sistema político y que venía siendo una de las demandas más destacadas de la ciudadanía, la reforma de la Ley Electoral. Con la Ley Electoral que tenemos en España, la derecha política puede gobernar e incluso conseguir la mayoria absoluta sin obtener la mayoria de los votos, como ha sucedido en las pasadas elecciones, debido en gran parte a la alta abstención.

Con una Ley Electoral proporcional y donde todos los votos valgan igual, la derecha política no podría gobernar nunca en España, que es mayoritariamente de izquierdas. Sin embargo el psoe se siente muy cómodo con esta Ley Electoral porque sabe que el sistema funciona a su favor y tarde o temprano volverá al poder.

Esta es la estrategía de la derecha económica, hacer creer a la población a través de la manipulación de los medios de comunicación que es posible la alternativa política, cuando en realidad siempre gobiernan los mismos, el PPSOE y los grandes poderes económicos.

Toda sociedad en la que no se encuentre asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes carece de Constitución". Pocas aseveraciones rinden tanto homenaje a Locke y Montesquieu y son tan categóricas en su defensa del principio de separación de poderes que la que se encuentra en este artículo XVI de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si la traemos hoy a colación es para destacar la importancia y la bienvenida que concedemos a la noticia según la cual el Gobierno parece decidido a recuperar en buena medida la separación de poderes mediante el restablecimiento de la fórmula de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que existía hasta 1985.

Hasta entonces la mayoría de los miembros del CGPJ –doce de veinte- eran elegidos por los propios jueces y magistrados, mientras que el resto lo designaban las Cortes Generales –cuatro, el Congreso y cuatro, el Senado. La cosa cambió, sin embargo, a partir de la bochornosa reforma de la Ley Orgánica del CGPJ llevada a cabo por el omnipotente Gobierno de Felipe González, que, bajo la proclama guerrista de "Montesquieu ha muerto", estableció que los veinte miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial pasaran a ser elegidos en su totalidad por el Poder Legislativo.

Desde entonces la politización de la Justicia es una de las principales quiebras que sufre nuestra nación entendida como Estado de Derecho. Y es que, tal y como se temía la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que, no obstante, consintió esa bochornosa reforma, el "riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos" se ha convertido en una lamentable y previsible realidad.

Muy bien está, por consiguiente, el restablecimiento de un auténtico sistema de contrapoderes que reste al Poder Legislativo capacidad de nombramiento de los miembros del Poder Judicial, así como la recuperación de recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, también anunciado por la vicepresidenta del Gobierno.

Hemos de advertir, no obstante, que esta saludable reforma podría quedar coja hasta el extremo de constituir una auténtica farsa si la autonomía que concede a jueces y magistrados para designar a la mayoría de los miembros de su órgano de gobierno no alcanza también a la elección de los miembros de nuestros más altos tribunales. En este sentido, de poco servirá que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a la mayoría de los integrantes del CGPJ si luego estos sólo pueden elegir a 2 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional, mientras que el resto es elegido por las Cortes –cuatro, el Senado y cuatro, el Congreso- y el propio Ejecutivo, otros dos.

Confiemos, pues, en que el Gobierno del PP no pretenda resucitar "a medias" a Montesquieu y que sea consciente de hasta qué punto la propia Constitución queda en papel mojado si el Tribunal Constitucional sigue constituido como mera y obediente prolongación del poder político.


MI MAS SINCERA ENHORABUENA A GALLARDON.

Los poderes de un Estado democrático deben emanar de la voluntad popular, no de supuestas élites profesionales.

Se nota demasiado que el PASA se dedica a pegar en el foro los artículos que la derecha coloca en los distintos medios que le dan cobertura ABC, LA RAZON, ETC...

Hasta 1985 la mayoría de los miembros del CGPJ –doce de veinte- eran elegidos por los propios jueces y magistrados, mientras que el resto lo designaban las Cortes Generales –cuatro, el Congreso y cuatro, el Senado. La cosa cambió, sin embargo, a partir de la bochornosa reforma de la Ley Orgánica del CGPJ llevada a cabo por el omnipotente Gobierno de Felipe González, que, bajo la proclama guerrista de "Montesquieu ha muerto", estableció que los veinte miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial pasaran a ser elegidos en su totalidad por el Poder Legislativo.

Desde entonces la politización de la Justicia es una de las principales quiebras que sufre nuestra nación entendida como Estado de Derecho. Y es que, tal y como se temía la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que, no obstante, consintió esa bochornosa reforma, el "riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos" se ha convertido en una lamentable y previsible realidad.

Muy bien está, por consiguiente, el restablecimiento de un auténtico sistema de contrapoderes que reste al Poder Legislativo capacidad de nombramiento de los miembros del Poder Judicial, así como la recuperación de recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, también anunciado por la vicepresidenta del Gobierno.

La justicia no tiene que emanar de la voluntad de los políticos, pues se convertiría así el poder judicial en un apendice del poder político y la fuerza política con mayor representación parlamentaria. La justicia tiene que ser independiente del poder político porque sino está corrompida. Si los políticos son los que ponen y quitan a los jueces mal vamos, y de hecho mal nos ha ido.

Los socialistos siempre tramando el engaño, la manipulación y el ventajismo político.

Bien por el PP, hace mas de 25 años que los españoles pediamos esta independencia de la justicia.

Que los poderes del Estado emanen de la voluntad popular no significa que en este caso la Justicia (el derecho) se convierta en un instrumento al servicio de los intereses de determinados partidos políticos.

Para que exista una Justicia independiente, tiene esta que ser sometida a la voluntad popular y represente los intereses de la mayoria. Para lograrlo, en primer lugar tiene que producirse un proceso constituyente que contemple procedimientos de participación democráticos, tanto para elegir a los jueces como en la elaboración de las leyes.