Gerena - Sevilla

Apunta a que la Junta mantiene el mismo sistema que considera irregular

Alaya sigue adelante con su investigación sobre los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía. Ni los 40 grados parecen parar, ya que ayer mismo remitía a las partes personadas un auto que demuestra que las investigaciones no paran y que ya llegan hasta el actual Ejecutivo que preside José Antonio Griñán. Ahora, según un auto fechado el pasado 18 de julio al que ha tenido acceso ABC, ha extendido la investigación hasta la gestión actual de la Junta de Andalucía en las ayudas y encomiendas de gestión del dinero público. Así, según el citado escrito, ha solicitado una batería de nuevos papeles y documentación, entre las que destaca toda la relativa a los expedientes y documentos contables de las encomiendas de gestión del año 2010 que se hayan tramitado en todo o en parte de su cuantía, en los años 2011 y 2012.

Después del escándalo
Fuentes del caso explicaron a ABC que esto supone subir un peldaño más en la investigación, ya que si la magistrada consideraba que el convenio marco de 2001 que dio origen a las ayudas presuntamente fraudulentas era ilícito, de esta nueva petición se deduce que también sospecha de que la modificación de esa orden realizada por la Junta el uno de abril de 2011 puede estar incurriendo igualmente en irregularidades ya que considera que debe ser investigada. Y supondría que Alaya investiga si la actuación del Ejecutivo andaluz después del estallido del escándalo a primeros del año 2011 ha seguido siendo irregular y se ha permitido que se siguiera con un procedimiento supuestamente ilícito.

Así, la magistrada solicita a la Junta de Andalucía toda la documentación relativa a las encomiendas de gestión tramitadas en el año 2010 y avanza hasta 2011 y 2012.De hecho, la juez le pide toda la relación de empresas y el número de trabajadores de cada empresa de las ayudas sociolaborales establecidas en esa orden y que le explique los expedientes de ayudas que fueron admitidos y los que no fueron admitidos. En este sentido, la magistrada también solicita al Ejecutivo andaluz los expedientes «que hayan sido tramitados en 2011 y en 2012», tanto los que han sido finalizados y pagados como los que estén aún en fase de tramitación.

Falta de colaboración
Según el citado escrito, que vuelve a insistir por enésima vez en la falta de colaboración de la Administración autonómica porque no le ha enviado algunos datos solicitados por el juzgado sobre modificaciones presupuestarias, Alaya requiere todos los acuerdos del consejo de gobierno que autorizaron encomiendas de gestión a agencias públicas dependientes de diferentes consejerías de la Junta. En este sentido, la petición se realiza para las encomiendas tramitadas en los años 2010, así como en los años 2011 y 2012. De hecho se solicita de las solicitudes y concesiones de subvenciones que se han solicitado o percibido del IFA o de las que se hayan solicitado y percibido «de cualquier otro organismo dependiente de la Junta de Andalucía».

En cuanto al exdirector de Trabajo que sucedió a Guerrero en el cargo, Juan Márquez, y que fue imputado de cuatro delitos, ahora la magistrada le solicita que aporte toda la documentación referente a la asociación de cooperativas que ahora preside según el mismo declaró cuando fue interrogado hace unos días

Desestima el recurso
Por otra parte, la juez ha desestimado siete meses después de su presentación el recurso que el exdirector general de Trabajo, Daniel Rivera, presentó contra su imputación basándose en que considera que a su llegada al puesto en 2010, el exalto cargo tuvo conocimiento de la ausencia de procedimiento de las subvenciones heredado de sus predecesores y que no lo puso en conocimiento de la autoridad judicial o que esas ayudas no se fiscalizaban como debieron.

En ese auto Mercedes Alaya, que recuerda que Daniel Rivera firmó subvenciones por valor de casi 43 millones de euros durante el tiempo que estuvo en el cargo, insiste en que se mantienen las imputaciones que pesan contra él y que le resulta «difícil de creer» que no se preocupara de conocer las resoluciones que firmaba. Pero además la juez acusa en ese escrito a los abogados de las defensas de intentar dar a la investigación «un aspecto novelesco o de serial televisivo completamente alejado de los que intervenimos en la instrucción». Alaya lamenta la «difusión excesiva» de la causa y la situación en la que tanto Rivera como otros imputados puedan encontrarse por ello. Pero no acepta su recurso sino todo lo contrario.



Hasta luego socialistos corruptos. mangantes y degenerados.