Estepa - Sevilla

Otra buena noticia y de sentido común.


El Parlamento ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Función Pública que deroga el requisito de acreditar el conocimiento del catalán para trabajar en la administración balear, un compromiso electoral del PP muy criticado por la oposición de izquierdas.

En el segundo pleno extraordinario de los tres previstos hoy en el Parlament balear, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para modificar la Ley de Función Pública e, indirectamente, también la de Normalización Lingüística, para asegurar la igualdad de trato a los ciudadanos de las islas al margen de cuál de las dos lenguas oficiales sea la que cada uno considera propia.

Por contra, los portavoces de la oposición han subrayado que con esta reforma el Govern da preferencia al castellano sobre el catalán, lengua propia del archipiélago según el Estatuto de Autonomía, ya que solo el idioma común de España será exigido para acceder a un empleo público, mientras que el catalán solo se contemplará como mérito.

Además, los grupos de izquierdas han considerado que la nueva regulación contraviene varios preceptos legales, por lo que han solicitado que se someta a un dictamen del Consell Consultiu, lo que ha rechazado el PP al entender que es perfectamente constitucional y conforme al Estatuto de Autonomía.

Protestas en el exterior

La supresión del requisito de conocer el catalán para trabajar en las administraciones de las islas, que tiene como excepción al personal docente y a aquellos empleados públicos dedicados específicamente a atender a los administrados, ha motivado protestas de grupos de defensa del catalán concentrados junto al Parlament.

El diputado del PP Fernando Rubio ha subrayado que lo que su grupo pretende es erradicar cualquier discriminación por razón de lengua, para lo que es preciso garantizar «el equilibrio entre las dos lenguas oficiales».

Rubio ha criticado que la oposición reproche que se mantenga la exigencia de conocer el castellano para trabajar en la administración como si considerara que un español procedente de la península o de Canarias que quiera trabajar en Baleares debe ser tratado como si fuese extranjero.

Además, ha incidido en el argumento de que con la reforma se garantiza la libertad de elección de los ciudadanos y ha acusado a los partidos de izquierda de agitar las protestas de grupos catalanistas «radicales» para criminalizar al PP.

El PSIB califica la Ley de «locura política»

En nombre del PSIB, la diputada Pilar Costa, ha asegurado que la reforma legal «de facto elimina el catalán como lengua oficial de Baleares» al avalar que «el castellano tenga preferencia sobre el catalán».

La socialista ha considerado que la ruptura del consenso en torno a la Ley de Normalización Lingüística vigente desde hace 26 años, que hasta ahora había apoyado el PP, es una de las «locuras políticas» del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y la consecuencia de «sus fobias contra la lengua catalana».

El portavoz del PSM-IV-ExM i Més per Menorca, Biel Barceló, ha señalado que el «arrinconamiento» del catalán en el archipiélago supone un paso más en la estrategia centralizadora del PP, mientras que el diputado Nel Martí, del mismo grupo, ha acusado al Govern de generar un problema innecesario en un momento de grave crisis económica.

En la votación final, que se ha hecho individualmente y de viva voz a petición de los socialistas, el diputado no adscrito Antoni Pastor, expulsado del PP por oponerse a la política lingüística de Bauzá, se ha sumado al rechazo de la oposición a la supresión del requisito de conocer el catalán para ejercer un empleo público.


Un saludo.