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La crisis de los cayucos sirve de pretexto al cierre de la frontera sur y a la configuración de la Europa Fortaleza, sacrificando derechos humanos fundamentales: el Derecho de Asilo, se fuerzan las deportaciones indiscriminadas y, cuando no es posible, se les condena a la inexistencia, a ser "sin papeles" a perpetuidad. Todo ello sin coste para los gobiernos implicados que gozan del beneplácito de una sociedad previamente atemorizada.

El tratamiento de los flujos migratorios a la carta nos ofrece un puzle que va desde "fronteras abiertas" para unos; obligación de visado para otros, o la barrera infranqueable para los excedentes del mercado o no deseables por sus características étnicas y religiosas. Que el problema no radica en la capacidad que tengamos de absorber los flujos en función de las pautas económicas, o del bienestar de la población, lo demuestra la falta de alarma social ante las entradas irregulares que se producen por aeropuertos y fronteras terrestres, que superan sin punto de comparación a quienes llegan en cayucos y pateras.

Hay que rechazar tajantemente el anuncio de "tolerancia cero" por parte del gobierno de R. Zapatero y de lucha sin cuartel contra la "inmigración ilegal" (cuyas consecuencias recaen sobre las víctimas de esta situación y muy en concreto, o casi exclusivamente sobre quienes provienen de África) así como el intento de cercar las costas africanas para impedirles la salida y otras medidas de presión y extorsión a los paises donde estas se producen (Senegal podría encarcelar hasta dos años a los repatriados). Hay que lamentar el coste en vidas humanas y el desesperado sufrimiento que este tipo de políticas comporta.

Hay que abogar por superar la retórica de un "pacto de estado", imposible e inadmisible, propio de los planteamientos de la extrema derecha, y abrir un debate sin trampas sobre la realidad actual de los flujos migratorios y su incidencia en nuestra sociedad, partiendo de las causas y del respeto a los derechos humanos universalmente reconocidos.

En todo caso se debe de reclamar para quienes llegan un trato acorde con la dignidad a que tiene derecho todo ser humano, por el respeto del Derecho de Asilo y de la legislación nacional e internacional que los ampara (nos ampara a todos) como personas y como trabajadores. En particular se debe exigir que se reconozca y se documente a los "inexpulsables" acabando con el kafkiano limbo jurídico y social en el que se les obliga a permanecer.