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Los parados de larga duración sin tarjeta sanitaria en Galicia y Murcia

Los desempleados residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en paro se quedan de forma automática sin tarjeta sanitaria. La voz de alarma la dio el sindicato CIG, que denunció la política de "recorte y privatización" de la sanidad pública de la Xunta (PP) al dejar desatendidos a "desempleados y personas sin recursos". "Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciben la que les acredita como personas sin recurso, no tienen acceso a la sanidad pública. Mientras tanto deben pagar la consulta y el tratamiento farmacológico que les prescriba el médico", alertó María Seijo, responsable sindical de Sanidad.

Mercedes Amaral, de 28 años y sin trabajo desde hace cinco, conoce de primera mano el vértigo que produce escuchar que carece de asistencia médica gratuita. Hace meses que se encuentra en tratamiento psicológico por depresión y la semana pasada, al acudir a su centro de salud habitual en A Coruña, le advirtieron de que su tarjeta estaba inactiva. "Me dijeron que esa vez me atenderían por urgencias, pero que en lo sucesivo, tendría que pagar cada consulta, a razón de 67 euros y pico", denuncia.

Los desempleados tienen que pagar, en el tiempo de espera, las consultas
La situación de "desamparo" en la que se encuentra Mercedes tiene su origen en la orden de la Xunta de 5 de septiembre, en vigor desde el 29 de ese mismo mes, por la que "se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de las que se encuentran en situación de desempleo".

Hasta esa fecha, desempleados y ciudadanos sin recursos, que no cotizaban a la Seguridad Social, se beneficiaban de la prestación sanitaria, pero administrativamente recibían un tratamiento diferente. Con la modificación normativa introducida por los conservadores gallegos, ambos colectivos se convierten ipso facto en un "Código 29", que identifica, a efectos prácticos, a las "personas sin recursos", a no ser que el desempleado pueda justificar su dependencia económica de un titular de la Seguridad Social, de quien pasaría a constar como beneficiario.

Sin notificar el cambio
El número de afectados asciende a 65.000, según el sindicato CIG
La realidad es que, en la práctica, según las cifras que maneja el sindicato nacionalista denunciante, en Galicia "más de 65.000 personas" podrían verse afectadas, sin que los perjudicados lo sepan porque la Xunta no ha notificado el cambio normativo.

"Todo se ha llevado a cabo con nocturnidad y alevosía; se trata de un comportamiento ruin y miserable por parte del Gobierno de Feijóo, que deja durante meses a miles de personas sin un derecho básico", reprocha Seijo. Concretamente el tiempo que estos parados puedan quedarse sin tarjeta oscila entre "ocho y diez meses", que es lo que tarda la expedición del nuevo documento acreditativo para los sin recursos, según le explicaron a Mercedes en su centro de salud. "¿Por qué nadie me avisó con tiempo para solicitarla antes?", se pregunta angustiada.

La Xunta de Galicia por toda explicación remite un comunicado datado el 17 de noviembre y según el cual, "casi mil personas" han solicitado desde el pasado septiembre "acogerse al código 29, dirigido para trabajadores discontinuos". Según la nota, con los cambios normativos introducidos, "Galicia se convierte en la primera comunidad en adaptar sus trámites a la situación socioeconómica actual", ya que con ello "se les facilita a los desempleados el derecho de forma continuada a la asistencia sanitaria pública sin tener que tramitar el reconocimiento cada vez que comienzan a trabajar".

Los usuarios se enteran del veto cuando piden cita con el médico
Intermitencias
Para el Ejecutivo gallego, "la crisis económica y el aumento del número de desempleados ha llevado a muchos trabajadores, con entradas intermitentes en el mercado laboral, a tener que estar tramitando constantemente el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, bien como trabajador mientras percibe el subsidio o como persona sin recursos o beneficiario ante el Instituto Nacional de Seguridad Social", prosigue.

El objetivo último que pretende el Ejecutivo gallego con su orden es "evitar el uso fraudulento del sistema sanitario". Un razonamiento similar es el que ha dado pie al Ejecutivo conservador para introducir la obligatoriedad de llevar empadronado en Galicia un mínimo de 183 días antes de obtener la tarjeta sanitaria. "Queremos combatir el turismo sanitario", zanjó Alberto Núñez Feijóo ante la advertencia del Ministerio de Sanidad de la inconstitucionalidad de la norma. La misma política destinada a control del gasto ha llevado además a la Xunta gallega a reducir el número de farmacias de guardia en áreas rurales o a cobrar diez euros por emitir la tarjeta sanitaria.

MURCIA

Hace unos días la voz de alarma saltaba en Galicia, donde se conoció que el Gobierno de Feijóo estaba desactivando la tarjeta sanitaria a parados de más de un año, sin previo aviso. Ahora las noticias llegan desde la región murciana, gobernada por Ramón Luis Valcárcel , también del PP.

El Servicio Murciano de Salud está retirando de forma temporal la tarjeta sanitaria a inmigrantes y parados sin recursos. En el caso de los inmigrantes la anulación se lleva a cabo mediante una carta (ver el documento en PDF) bajo el epígrafe "cese del derecho a la asistencia sanitaria a cargo del SMS". En la misiva solicitan que para "resolver la incidencia se deberá solicitar en la Tesorería General de la Seguridad Social, que se le incluya como beneficiario/a de algún familiar que se encuentre en situación de alta".

En el caso de los parados, según el PSOE, ni siquiera se les envía una carta y estos se enteran en el propio centro de salud cuando acuden a solicitar asistencia médica. Desde el PSOE murciano se ha denunciado esta situación y se exige al SMS que se garantice a los parados a los que se les ha dado de baja su tarjeta sanitaria el mismo médico y centro.

Desde la Consejería murciana de Sanidad y Política Social se disculpan asegurado que "no hay ni un solo murciano sin asistencia sanitaria", y aprovechan para lanzar una crítica al presidente del Gobierno en funciones: "A esta realidad es a la que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero le ha estado dando la espalda durante dos legislaturas, negándonos la financiación real que nos corresponde por población atendida en nuestro sistema regional de salud".

"Actuación ordinaria"

Martín Quiñonero, secretario general de la Consejería, ha calificado de "desfachatez" las críticas del PSRM y ha asegurado que se ha cumplido "escrupulosamente" con toda la normativa. Quiñonero aclaró que es habitual que el Servicio Murciano de Salud envíe cartas a los usuarios cuyas circunstancias laborales o sociales han cambiado para que pasen por su centro de salud o la Administración competente para actualizar su situación.

Se trata, según el secretario general, de una actualización ordinaria de la base de datos de la tarjeta sanitaria para aquellos casos en los que el propio Servicio Murciano de Salud no puede actuar de oficio.

La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento murciano, Teresa Rosique, ha asegurado, sin embargo, que la actuación del SMS incumple de lleno la Resolución que el propio SMS tiene en vigor desde hace más de dos años.

"El Servicio Murciano de Salud actúa con una mentalidad antigua, vinculando el derecho universal de los ciudadanos para acceder a la Sanidad con el puesto de trabajo. No es aceptable que desde el SMS se hagan distinciones entre trabajadores, parados con prestaciones por desempleo y parados sin prestaciones por desempleo, porque estas distinciones vulneran el principio de igualdad que garantizan las leyes en materia sanitaria", añadió.

Teresa Rosique recordó a la Consejería de Sanidad que quien ha comunicado por escrito a más de 400 ciudadanos, principalmente inmigrantes, el "cese del derecho a la asistencia sanitaria a cargo del SMS" y la baja de sus tarjetas sanitarias, quedando sin efecto las mismas, no ha sido el Grupo Parlamentario Socialista sino la Secretaría General Técnica del Servicio Regional de Tarjetas Sanitarias.