Moratalla - Murcia

QUE NO SE COCERÍA EN MORATALLA, uno de ellos sigue de jefe de la oficina técnica de Moratalla.
-uno de los contratados (Luis Bernardeau no podía
haber sido contratado por no tener compatibilidad
concedida por la CCAA, folio 626 de las actuaciones);
Según las facturas aportadas (Anexo XI), Luis
Bernardeau Ruíz ha percibido un total de 168.555,05€.
Se comprueba como el Ingeniero Luis Bernardeau Ruíz
carecía de aptitud para poder ser contratado por el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, pues es Funcionario
Público de la Consejería de Obras Públicas de la CCAA
en Comisión de Servicios en el Ayuntamiento de Ceutí,
-No constan aportados a la causa los contratos
existentes respecto respecto a Juan Gabriel Lizán
García, José Antonio Ramos Calabria, Gregorio Ramos
Calabria y Ricardo Gómez Cardoso, firmantes todos de
los documentos del PGO (Anexo X) ¿Cómo es posible que
trabajen sin contrato, aunque sea mediante
adjudicación directa?

Fuente: La verdad:https://ervicios.laverdad.es/servicios/textos/TSJMU-PENAL-PUERTOLUMBRARAS-RECURSO-APELACION.pdf

En este enlace, podéis ver el nombre de todos en los documentos del PGU de Moratalla elaborado por el PP en 2006.

https://ww.ayuntamientomoratalla.net/secciones/pgm/documentos/1.-%20PLANOS%20DE%20INFORMACI%C3%93N/1.1.1.-%20PLANO%20DE%20SITUACI%C3%93N.pdf

Borrado por su Autor.

https://lpajarito.es/region/157-politica/7364-el-tsj-corta-la-carrera-de-sanchez-en-la-sucesion-y-da-alas-a-ruiz.html

Pedro Antonio Sánchez, candidato favorito para suceder a Ramón Luis Valcárcel como presidente de la Región de Murcia, se ha topado con el muro de los tribunales en su carrera política, mientras que su adversario en la sucesión, el diputado regional del PP Juan Carlos Ruiz toma aire y se perfila ahora como el aspirante con el camino más despejado a San Esteban. La decisión de TSJ ha dado la vuelta a la tortilla.

La justicia ha cortado, al menos provisionalmente, la carrera de Pedro Antonio Sánchez hacia la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El auto notificado este lunes por el TSJ, en el que se mantiene la imputación por cohecho contra el consejero de Educación, Universidades y Empleo significa que el Alto Tribunal devuelve la investigación de la causa al ponente, el magistrado Julián Pérez Templado, para que éste inicie ahora desde el principio la investigación de los supuestos hechos delictivos por los que fue denunciado aquél. Esta investigación será necesariamente larga en el tiempo porque requerirá tomas de declaraciones (entre otras, la del propio consejero) y la elaboración de otras pesquisas por el magistrado, que difícilmente concluirán antes de que transcurran varios meses.

El PP confiaba en una resolución distinta (el archivo de esta causa) para poner en marcha en los próximos días el mecanismo de sucesión de Ramón Luis Valcárcel al frente de la Comunidad Autónoma. Marzo es el mes en el que Valcárcel debe dimitir como presidente para formalizar su candidatura al Parlamento Europeo, por lo que, cuando esto suceda, el partido tendrá que haber designado al futuro jefe del Gobierno autónomo. Con la resolución del TSJ, el PP puede inclinarse por Pedro Antonio Sánchez, y asumir el riesgo político de situar como presidente a un imputado, o por el contrario, designar al sucesor de entre los otros diputados regionales del partido. Juan Carlos Ruiz es, de todos ellos, el único -junto con Pedro Antonio Sánchez- que hasta hoy se ha postulado para asumir esta función.

El TSJ de la Región de Murcia ha decidido mantener, así, la imputación por un supuesto delito de cohecho al consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez. Así lo establece en un auto notificado este lunes en el que estima el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal y la Acusación Popular respecto a la investigación sus cuentas corrientes en relación a la adquisición de un dúplex por parte del entonces primer edil de Puerto Lumbreras, a quien se atribuía no haber abonado parte del precio -unos 30.000 euros- al constructor.

El auto señala que la investigación de las cuentas corrientes "es necesaria, pertinente y útil" para el esclarecimiento de los hechos, ya que, como sostienen las acusaciones, no se ha acreditado la entrega por parte de Sánchez de la cantidad que asegura haber dado por la compra de su casa. Sobre este particular, la Sala señala que aunque el magistrado instructor requirió la justificación oportuna al exalcalde de Puerto Lumbreras, éste no llegó a aportarla, por lo que se hace necesario proceder a la práctica de la diligencia que se ordena.

No obstante, la Sala de lo Civil y Penal ha confirmado el Auto dictado por el Magistrado-Instructor en fecha 3 de Diciembre de 2013, que decretaba el sobreseimiento libre, por el supuesto delito de prevaricación con respecto a una contratación administrativa irregular realizada en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, de la causa contra Pedro Antonio Sánchez López, Caridad García Vidal, Francisca Romera Millán, Inmaculada García Campos, Luis Bernardeau Ruiz, José Antonio Ramos Calabria, Gregorio Ramos Calabria, Ginés Sánchez Carrasco, Juan Gabriel Lizán García, Ricardo Gómez Cardoso y Francisco Sánchez Guerrero.

“El fiscal no camina en dirección contraria al éxito de la instrucción”

Sobre las diligencias pedidas por el fiscal para investigar las cuentas corrientes del consejero, denegadas por el magistrado-instructor, la sala indica que "está totalmente justificada la petición del Ministerio Fiscal" porque el instructor ha efectuado dos requerimientos a Pedro Antonio Sánchez para que justifique pagos "y el imputado no lo ha podido acreditar".

Así como que el requerimiento del fiscal "no camina en dirección contraria al éxito de la instrucción ni contraviene norma alguna de la investigación abierta, sino que busca acreditar que se han hecho los pagos, porque en caso contrario estaríamos en presencia de una dádiva bien acordada por acuerdo de colusión, bien en consideración al cargo".

En este sentido, la Sala recuerda que Sánchez aprobó en diciembre de 2004 un estudio de detalle "favorable" a una promotora, en Junta Local de Gobierno "que fue declarado ilegal" pidiéndole los órganos cualificados de la Comunidad Autónoma la revisión de oficio, requiriéndole en marzo de 2005 el director de Vivienda y Urbanismo para que dejara sin efecto la aprobación del mismo.

En concreto, la Sala recuerda que Sánchez conoció en marzo de 2005 que el estudio de detalle aprobado inicialmente por él mismo en 12 de noviembre de 2004 y luego en diciembre de 2004 por la Comisión, "debía ser revisado de oficio y anulado el acuerdo que adoptó en dicha fecha".

A pesar de ello, el alcalde concedió la licencia de obra a la promotora "apoyándose en este estudio de detalle", otorgándose escritura de venta días después por la mercantil al alcalde el 21 de octubre de 2005, "sin que se justifiquen pagos por importe de 47.821,63 euros".

La Sala señala que "no sólo no deja sin efecto el estudio de detalle, sino que se apoya precisamente en él", todo ello "conociendo la ilegalidad manifiesta de su contrario proceder a derecho, a ciencia y conciencia que lo que iba a imperar era exclusivamente su voluntad por encima de la Ley y en contra de ella, que ésa es la verdadera esencia del delito de prevaricación administrativa".

Con esta forma de actuar, según la Sala, Sánchez "muestra la arbitrariedad total de imposición de su interesado y personal criterio", otorgando la licencia de obra a la promotora "precisamente sobre un estudio de detalle que es nulo de modo radical y absoluto".

Además, considera que el entonces alcalde "lo oculta o esconde cuando llega al Ayuntamiento el requerimiento de la Dirección General de Vivienda, no instando el trámite, -no sabemos en el estado actual de la Instrucción si únicamente él es el que lo tapa o lo hace en connivencia con otro funcionario-".

Todo ello, según el auto, con la finalidad de que "no pueda surtir el efecto que le impone la Ley al requerimiento de los órganos de la Comunidad Autónoma, que es dejarlo sin efecto, para de ese modo cumplir con la injusticia manifiesta de su acto de conceder licencia sobre el Estudio de Detalle ilegal y nulo".

A juicio de la Sala, no dio trámite ni conocimiento del estudio de detalle porque su acción "siempre tenía como finalidad última y principio rector esconderlo, para que no dispusieran los demás del conocimiento del mismo porque ello evidenciaba la arbitrariedad de su decisión".

La Sala sostiene que Sánchez, teniendo "plena conciencia" de que resuelve "al margen del ordenamiento jurídico", ocasiona un resultado "materialmente injusto, y actúa de ese modo porque quiere dicho resultado, anteponiendo el contenido de su voluntad a cualquier otra consideración".

Indicios de cohecho

La Sala añade que, si son "claros" los indicios de comisión del delito de prevaricación administrativa en el caso descrito, "no son inferiores los indicios de cohecho", pues el único documento de venta que hay en las actuaciones "es una escritura notarial de 21 de octubre de 2005", y en ella la mencionada promotora "le vende al alcalde un dúplex".

Se trata, según el auto, del mismo dúplex "del estudio de detalle sobre el que da la licencia de obra, con dos singularidades inexistentes en cualquier venta, a saber, que los 30.000 euros que se dicen entregados antes del acto de la escritura", el promotor dice que "no recibió ningún dinero de Sánchez, y no sólo eso, sino tampoco ha recibido nada de las mejoras en la vivienda por importe de 10.000 euros, ni tampoco el IVA por importe de 7.821 euros".

"Ningún promotor inmobiliario podría subsistir económicamente si no cobra mejoras e IVA", determina la Sala, que puntualiza, eso sí, que este promotor "reconoce que no ha emprendido ninguna acción legal y que si no se lo abona en breve acudirá al Juzgado, después de mas de ocho años sin pedirlo". Tales indicios, según el auto, "apuntan a un acuerdo de colusión inicial, o a una dádiva en consideración a su cargo".

G.G. aparece como "mediador", y la Sala recuerda que en su declaración "primero dice de modo tajante que Sánchez no le entregó ninguna cantidad, pero después rectifica y cree que entregó dos o tres millones de pesetas, aunque pudo ser más". La Sala estima que "quizás, a lo mejor, el perfil pueda discurrir mejor por la figura del 'conseguidor' que la del mediador".

Pese a ser requerido dos veces por el magistrado-instructor a instancias del Fiscal, recuerda que Sánchez "no ha presentado ningún documento ni el contrato original ni supuestos originales de pagos a cuenta".

Infidelidad en la custodia del documento

Asimismo, la Sala sostiene que hay que investigar la posible existencia de un delito de infidelidad en la custodia de documentos porque "se desprende la existencia de indicios de su comisión en Pedro Antonio Sánchez, que era el alcalde al que se dirigió el requerimiento".

En concreto, la Sala aclara que hay indicios de que "sólo o en connivencia con otras personas, a sabiendas ha podido sustraer, destruir, inutilizar u ocultar, total o parcialmente, documentos o bien inducir a alguien a que lo haga, porque ocultando la documentación evitaba que otros tuvieran conocimiento del estudio de detalle cuya nulidad había sido instada por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma".

De ese modo, añade al auto, garantizaba "la ausencia de control sobre la decisión arbitraria que tomó concediendo la licencia; omitiendo, pues dolosa y conscientemente los trámites a seguir para que no pudiera decretarse la revisión de oficio del estudio de detalle".

Sánchez no tira la toalla

El consejero de Educación y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, no da por perdidas sus posibilidades de relevar a Valcárcel, aunque no quiere comentar la variable política que se abre con su imputación por supuesto cohecho y las consecuencias que tendrá para su futuro político inmediato. Sánchez declaró que su abogado presentará durante las próximas horas en el juzgado "todos los extractos de mis cuentas bancarias desde el año 2003". Con ello trata de demostrar que no fue favorecido con la compra del dúplex. Su intención es que "la situación se aclare cuento antes de una forma contundente", manifestó. Ante la posibilidad de que se quede fuera del proceso sucesorio mientras el TSJ investiga el presunto cohecho, recalcó que ahora está centrado "en probarlo todo " y no quiere pensar en otra cosa.

"Compré el dúplex antes de ser alcalde a un señor que tenía tres. Lo hice sobre plano, y no se lo compré al constructor. Fui pagando las cantidades, y luego cuando se terminó la obra se subragó la hipoteca con el constructor. Lo voy a probar con todos los extractos de mi cuenta bancaria", relató.

Niega que haya existido favoristismo hacia él por parte del constructor. "En todo caso, habría sido lo contrario porque siendo alcalde se le abrieron varios expedientes sancionadores en materia urbanística, hasta el punto de que tuvo que derribar una planta que construyó de más en actuación distinta. No creo que me tuviera mucha simpatía".

Reacciones del Gobierno y del PSOE

El vicepresidente del Gobierno regional, Juan Bernal, se mostró sorprendido esta mañana al ser preguntado sobre la decisión del TSJ acerca del consejero Pedro Antonio Sánchez. Bernal aseguró no conocer la decisión y rehusó pronunciarse sobre la misma y sus posibles consecuencias. "Respeto la decisión de los tribunales", afirmó Bernal, quien aseguró que "todo lo que haya hecho será impecable". El vicepresidente afirmó asimismo que "hay un partido que ha azuzado el asunto" y sobre la incidencia que esta resolución pueda tener en la candidatura de Sánchez afirmó que "no se deben juntar ambas cosas porque están totalmente separadas".

Por su parte, el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, pide al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, "una reacción inminente" ante la imputación del consejero murciano, Pedro Antonio Sánchez, por un presunto delito de cohecho.

En un comunicado de prensa González Tovar se refiere así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia de investigar las cuentas bancarias del exalcalde de Puerto Lumbreras por si hubiera existido un presunto delito cohecho en la compra de su vivienda.

A juicio del dirigente socialista es "indignante que el Partido Popular de la Región conviva con la corrupción todos los días y no tome ninguna medida para atajarla", y afirma que, ante este tipo de hechos, la actitud del PSOE es exigir que "se investigue hasta el fondo de esos posibles delitos, así como la depuración de las responsabilidades a que haya lugar".

"No es de recibo que dos consejeros imputados -en este caso por cohecho, que según el propio Valcárcel era lo más grave que podía pasar- se sigan sentando en el Consejo de Gobierno", señala el líder socialista, quien destaca que "también están imputados un sinfín de directores generales y altos cargos del PP".

En este sentido, González Tovar pide la dimisión del alcalde de Murcia, imputado en el caso Umbra, "y que sigue ejerciendo de alcalde de la séptima ciudad de España".

"El PP tiene un problema muy grave con la corrupción y debería adoptar medidas para que la población no crea -respetando la presunción de inocencia- que esos supuestos delitos quedan impunes", concluye.

Tu comentario es injurioso o, peor aun, calumnioso ya que a sabiendas lanzas una sombra de sospecha sobre alguien que ha obtenido un sobreseimiento libre en el Auto del TSJ que señalas.

No sé a quién te refieres pero es cierto que este señor amparado por el PP en Moratalla es el jefe de la oficina técnica costando a las arcas municipales en la actualidad más de 50.000 euros, dos años atrás nos costaba más de 70.000 euros. Que diga el PP cuanto dinero nos ha costado este señor desde el año 2006 hasta ahora y que diga por qué mantiene un puesto que no hace falta en el ayuntamiento.

pos no se de numero pero 9 años a 10 kilos me acen 90 kilos eso son perras mas se gana asi que en la poda en la francia y los tonticos a echarle el papel al rejas