Moratalla - Murcia

demás de gastar 630 millones en contratos opacos durante sus últimos dos años, 2010 y 2011, como informaba ayer este diario, nueve ministros del Gobierno socialista dedicaron más de la mitad, hasta 384,69 millones, a concursos cuya «necesidad» no ha sido acreditada o su adjudicación no ha quedado «justificada», según alerta el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre contratación pública. Fueron los ministerios de Interior, Defensa, Presidencia, Justicia, Cultura, Educación , Exteriores, Política Territorial y Ciencia.

De nuevo vuelven liderar esta sonrojante relación el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y una aspirante a relevarle, Carme Chacón, acumulando entre ambos más de la mitad del importe: 256,3 millones. De este montante, 39,35 millones parecen adjudicados directamente a dedo. La mayoría —33,7 millones— salieron de Defensa bajo el argumento de que solo un empresario podía prestar el servicio sin demostrar por qué procedía esta restricción. Fueron la modificación de la obra del edificio INIA en La Moncloa por 18,74 millones, un acuerdo corporativo con IBM por 11,99 millones y un concurso para mantener vehículos autoescuela por 3 millones. Interior siguió este patrón al adjudicar el servicio de productos farmacéuticos para centros penitenciarios, por 5,66 millones.

En conjunto, el departamento de que dirigía Pérez Rubalcaba dedicó a concursos injustificados 149,34 millones. Cree el Tribunal que no está argumentada la resolución del suministro e integración de equipos de telecomunicaciones para el SIRDEE, por 0,99 millones, la construcción de una sala de operaciones y SOS por 15,65 millones, y el citado servicio de productos farmacéuticos. Todos fueron tramitados por procedimientos negociados sin publicidad argumentando, en el caso de los dos primeros, la protección de intereses esenciales sin que esté acreditado que el adjudicatario garantizara su protección.

Además el Tribunal concluye que se ha acreditado «la necesidad de contratar» el concurso más voluminoso de la época: la limpieza, desinfectación y desratización de inmuebles por 102,52 millones. Lo mismo sucede con el mantenimiento integral de varios centros penitenciarios por 1,51 millones, un servicio de interpretación por 11,5 millones, y la provisión, elaboración y servicio de alimentación en centros de internamiento por 11,4 millones.

Necesidad «no acreditada»
Estas mismas denuncias las repite el Tribunal sobre contratos del ministerio de Defensa por valor de 107 millones. No se ha acreditado «necesidad» de contratar el transporte de material de apoyo para las Fuerzas Armadas en el exterior, por 11,99 millones, el acuerdo corporativo con IBM por 11,99 millones, el mantenimiento de los helicópteros, por 10 millones, el servicio de vigilancia con armas en diversos hospitales por 3,26 millones, la modificación de las obras del INIA, el seguro colectivo para las Fuerzas Armadas por 4,37 millones, ni la detección de anomalías en imágenes hiperespectrales por 65.158 euros.

La resolución de algunos de estos contratos incurre, además, en ausencia de justificación. Es el caso del contrato de mantenimiento de los helicópteros, la modificación de las obras del INIA, el acuerdo con IBM y un concurso para el mantenimiento de vehículos autoescuela por 3 millones. Los desvíos no acaban aquí ya que la adjudicación de otros cuatro expedientes tampoco está justificada. Es el caso de la adquisición de 50 vehículos blindados todo terreno por 15,78 millones, la adquisición de un sistema para la formación de tripulación por 11,9 millones, la adquisición de material complementario por 6,3 millones y otra adquisición por 9,3 millones.

Cierra el gran trío de confianza de Zapatero la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. El Tribunal cree que no está «justificada» la adjudicación que realizó para obras de adecuación del CPD principal del edificio INIA del complejo de la Moncloa por 0,7 millones, y que no se ha acreditado que hubiera «necesidad» de concursar la cobertura informativa nacional e internacional por 48,32 millones, vigilancia y seguridad privada en la Delegación del Gobierno en Cataluña por 1,03 millones y limpieza en los edificios de la delegación del Gobierno en Madrid por 1,2.

En Justicia, el Tribunal ha encontrado contratos injustificados por valor de 34 millones y apunta a Francisco Caamaño. Éste declaró la concurrencia de medidas de seguridad especiales para realizar tres concesiones sin publicidad, no quedando acreditado que las adjudicatarias cumplieran «adecuadamente» esa labor de protección. Son las obras de un edificio en Madrid, la rehabilitación de la Audiencia Nacional y el servicio de vigilancia en edificios judiciales adscritos. En este último expediente cree el Tribunal que tampoco «ha quedado acreditada» su necesidad.

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