Monteagudo - Murcia

El Gobierno elabora una ley para acorralar y perseguir a quien disiente del dogma progre-laicista

Bajo el amparo de una disposición comunitaria, el Gobierno trata de colar otra norma de acoso y derribo a quienes cuestionan su proyecto liberticida o los postulados de la ideología de género.

VIERNES, 7 DE ENERO DE 201.- El Consejo de Ministros celebrado esta mañana ha dado un nuevo impulso a la llamada Ley de Igualdad de Trato y la No discriminación. Esta norma fue anunciada para el primer trimestre de 2009 en junio de 2008 por la ex vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, momento en el que el propio presidente del gobierno la aplazó “para esta legislatura”, sin especificar. Casi dos años después y tras haber sido custodiado en un cajón el Gobierno se ha decidido a darle el impulso definitivo a la que será, sin duda, la ley de la “inquisición de los políticamente correcto”, que perseguirá y sancionará a quienes no compartan los dogmas del progrelaicismo.

Se trata, a juicio de Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, de “todo un atentado contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión que da un nuevo impulso al proyecto ideológico liberticida -y en buena medida totalitario- del Gobierno” que en lo que queda de legislatura también se extenderá hacia la aprobación de la eutanasia o del Observatorio de Pluralismo Religioso, órgano destinado a encorsetar a los fieles católicos en el guión redactado por el poder político.

Aunque aún no se conoce en profundidad el contenido del anteproyecto que entrará en vigor en 2013, según las previsiones gubernamentales, y sin saber si sus sanciones estarán contempladas en el ámbito civil o penal, Arsuaga subraya que “se trata de una norma bajo cuya apariencia noble se quiere castigar a los que ponemos en duda algunos de los dogmas de la ideología de género o del progre-laicismo. Esto es, todo un atentado contra la libertad de pensamiento y la libertad de expresión”, con la excusa de “ampliar” el contenido del artículo 14 de la Constitución que determina la igualdad de todos ante la ley.

El objetivo que dice perseguir no es objetable “y podría hacerse con la simple trasposición de las directivas europeas relativas a esta materia. Sin embargo, el Gobierno quiere ir más allá y establecer algo cercano al delito de opinión que pude impedir, por ejemplo, que unos padres no quieran que en el colegio de sus hijos se diga, por ejemplo, que la unión homosexual es equiparable al matrimonio” explica Arsuaga.

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