Mollina - Malaga

El tiro por la culata o que el remedio sea peor que la enfermedad. Eso puede ocurrir al vedar el acceso de los extranjeros 'sin papeles' a la mayoría de los servicios sanitarios. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que representa a unos 20.000 profesionales de la atención primaria, advirtió ayer de los riesgos sanitarios de dejar a ese colectivo sin una atención continuada. A juicio de la Semfyc, limitar la asistencia de esas personas solo a los servicio de urgencias, además de poder generar mayores gastos, dificultará el control de enfermedades transmisibles como, por ejemplo, la tuberculosis, con lo que subirá el peligro de infecciones.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario con la finalidad de ahorrar 7.000 millones de euros. Entre las medidas previstas para reducir el gasto se encuentra que los inmigrantes en situación irregular solo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el periodo del embarazo, parto y posparto y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes españoles.
La Sociedad Española de Medicina de Familia no comparte que se coarte la asistencia sanitaria a los 'sin papeles', al considerar que será más complicado el control de las enfermedades contagiosas y de las infecciones, hecho que podría repercutir negativamente en la sociedad española en su conjunto.

La Semfyc sostiene que dejar fuera de la atención normalizada a los inmigrantes irregulares supone una falla en la asistencia y tratamiento de patología crónicas que, aunque no frecuentes en ese colectivo, sí que precisan ser vistas y controladas cuando se producen. A partir del próximo 1 de septiembre, cuando la medida se hará efectiva en toda España, los 'sin papeles' con dolencias crónicas se enfrentarán a una «grave situación de indefensión», afirmó la Semfyc. A juicio de la sociedad que representa a los médicos de familia, «un control inadecuado de esas enfermedades acabará ocasionando complicaciones que, finalmente, propiciarán ingresos hospitalarios y generarán un mayor gasto final».
Al limitarse la atención a las urgencias, los inmigrantes que estén en situación irregular en España no podrán acudir a los centros de salud para que los médicos y enfermeros los incluyan en programas de prevención (vacunación, por ejemplo) ni beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías.