Mollina - Malaga

por Manuel Robles


Con la excusa de la crisis y en el contexto de sucesivas confrontaciones electorales, el gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, está tomando una serie de actuaciones que considero más de marketing político cara a la galería, que medidas pensadas para resolver los problemas de los ciudadanos.


Por el contrario creo que las relacionadas con las instituciones, son desleales y faltan al respeto a nuestro sistema de Estado democrático y descentralizado, del que forman parte el Gobierno del Estado, los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales.

Solo se ha preocupado de recortar sus recursos, o intervenirles, sin preocuparse por consensuar un sistema coherente de financiación.

El primer error, o excusa, de todo este montaje es asociar la crisis económica a la deuda de las administraciones públicas, que se ha creado en su gran mayoría en mejorar las ciudades y los servicios públicos, sin que estos hayan sido debidamente financiados con una política fiscal adecuada.

Nuestra deuda pública está en la media europea y parece que se quiere dar a entender que estamos como Grecia, o Portugal, cuando es absolutamente falso.

Los expertos saben que el déficit económico en España no lo ha creado el exceso de gasto público, sino la falta de ingresos, de deuda privada y de empresas.

Y sobre todo un sistema fiscal injusto y un fraude fiscal endémico, unido a una falta de iniciativa empresarial no especulativa.

La segunda actuación del gobierno del PP, la más grave desde mi punto de vista, es la práctica de la demagogia y satanización, fomentando el desprestigio de todo lo que se mueve alrededor de lo público, de los derechos, de las conquistas sociales.

Ahora centra el foco sobre la administración local.

Parece que la culpa de la crisis la tienen los Ayuntamientos, induciendo que son consecuencia de gobiernos del PSOE cuando tienen al ayuntamiento más endeudado de Europa.

El gobierno de España , presidido por Mariano Rajoy , se ha sacado de la manga un Real Decreto Ley que bajo el paraguas de pagar la deuda a proveedores (que no está mal, ya lo hizo el anterior gobierno) van a dejar sin autonomía real a los consistorios, poniendo en peligro inversiones y servicios esenciales para los vecinos y destruyendo empleo.

El Decreto lo ha hecho el PP, sin diálogo con las instituciones implicadas, sin planeamiento de futuro de competencias, financiación, etc. de los Ayuntamientos. Es un decreto que ataca la autonomía municipal y es necesaria su revisión.

Es hora de decir alto y claro a la ciudadanía que estamos de acuerdo en que hay que ser eficientes y austeros en el gasto público; que hay que cumplir con los proveedores.

Pero nos revelamos contra la supresión de servicios públicos
esenciales, contra el ataque a lo público, y más cuando va acompañado de satanización a todo aquel que se opone, o trata de movilizar a la ciudadanía en las reivindicaciones que considera justas.

Pedimos al PP que dialogue y respete a las instituciones y las dote de una ley de financiación adecuada a su servicio a la ciudadanía.

La crisis no puede ser la excusa, la tapadera de intenciones políticas e ideológicas contra el Estado de Bienestar.