Mollina - Malaga

En un demoledor auto, la juez rechaza expulsar a la Junta del proceso pero sólo para que los ciudadanos no tengan que pagar el fraude de los ERE.
Tras meses de arremeter contra la juez que está investigando el fraude millonario de los ERE, el Gobierno de Griñán ha decidido cambiar de táctica. Tras el auto que impone una fianza de responsabilidad civil que supera los 600 millones de euros, la Junta ha contestado con una delirante interpretación de la actuación de Alaya.

Nada más lejos de la realidad. La juez Alaya afirma textualmente que rechaza expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso y designarla responsable subsidiaria de las futuras indemnizaciones, como había pedido el abogado de Guerrero, para no lesionar "nuevamente el interés jurídico de los ciudadanos". Explica la magistrada que "en el plano real" los verdaderos perjudicados por los ERE fraudulentos "son los ciudadanos de este país, con independencia del buen nombre de una institución pública".

En caso de declarar responsable subsidiaria a la Junta, añade Alaya, "se daría la paradoja de que a los únicos que podría beneficiar sería a los futuros acusados para no hacer frente a sus propias responsabilidades". Mientras tanto, los ciudadanos "se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público, y segundo por tener que hacer frente, mediante el abono de sus tributos, a la cantidad en la que se concrete la responsabilidad civil subsidiaria".