Mollina - Malaga

Por Juan Torres López y Alberto Garzón

El gobierno acaba de aprobar una nueva reforma del sector financiero (Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero) y una vez más se le dice a los ciudadanos que se hace para salir de la crisis, para favorecer la creación de empleo y para que baje el precio de la vivienda cuando, en realidad, se buscan otros objetivos y no van a ser esos los resultados que va a producir.

Según la nota informativa del Ministerio de Economía y la referencia oficial del Consejo de Ministros con la nueva reforma se persigue “mejorar la confianza y la credibilidad del conjunto del sector” disipando “las dudas del mercado sobre la valoración de los activos inmobiliarios (suelo, promociones y viviendas) que tienen las entidades en sus balances”. Según el gobierno, de esa manera se “incentivará la salida al mercado de viviendas a precios más asequibles” y también que el sector financiero “recupere su función principal, que es proporcionar a empresas y familias el crédito necesario para volver al crecimiento económico y la creación de empleo”.

En nuestra opinión, sin embargo, con esta nueva reforma no se van a conseguir esos objetivos.
Por el contrario, creemos que (aunque tenga algún elemento positivo) se trata más bien de un nuevo paso encaminado a poner el mercado bancario español a más libre disposición de los grandes bancos.

Con ella se da un paso más para que los bancos salgan de la deteriorada situación en la que se encuentran, por culpa de su irresponsable comportamiento en años anteriores, sin que sus dueños y gestores asuman responsabilidades y haciendo que sean los ciudadanos los que paguen el daño que han producido.