Mollina - Malaga

La sociedad Andaluza no confía en el sr. Arenas Bocanegra, ni la española en Rajoy. Para los andaluces un presidente como el Sr. Arenas Bocanegra, perdedor donde los haya, ya que cada vez que ha perdido se ha marchado de Andalucía ya no puede ofrecer confianza.

Mientras el Gobierno se encuentra inmerso en una comedia de enredos sobre qué habría que hacer para castigar a los gestores públicos irresponsables, un juez de Castellón citó ayer a juicio al expresidente de esa provincia el conservador Carlos Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a sus presuntas fechorías. El caso se remonta a 2003, y por él han desfilado ocho jueces y cuatro fiscales que, por una razón u otra, no habían conseguido llevar a puerto la causa penal. Que Fabra estuviera imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude contra Hacienda no fue ningún obstáculo para que el presidente del PP, Mariano Rajoy, lo calificara de “ciudadano ejemplar” en 2008, un año después de que ganara por cuarta vez consecutiva la presidencia de la Diputación. En más de una ocasión, Fabra, un clásico cacique dotado de una formidable maquinaria electoral clientelista, ha intentado presentar su éxito electoral como una sentencia absolutoria en el terreno judicial, y en esa estrategia de confusión siempre lo ha acompañado la dirección nacional de su partido. El político castellonense constituye –con más fuerza si cabe ahora que ha sido llamado a juicio– la prueba viva de la hipocresía del Gobierno cuando habla de perseguir a los malos gestores públicos. Que se sepa, el PP nunca ha abierto expediente sancionador a Fabra (ni a tantos otros dirigentes imputados por graves delitos). No vale la excusa de que el actual código ético del partido supedite el castigo a la existencia de una sentencia judicial firme; dicho código podría –y debería– modificarse. Rajoy tiene la palabra.