Mollina - Malaga

“Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aun más la imagen y la reputación de las instituciones públicas españolas, ya bastante menoscabada por la crisis”, afirma Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe, que tendrá que pagar 3.000 euros por preguntar cuáles son las medidas que España está implementando para luchar contra la corrupción. “Según la sentencia del Tribunal Supremo que cierra el caso que comenzó en 2007, no tenemos derecho a solicitar esa información”, ha denunciado esta ong en un comunicado.

Un estudio internacional titulado “Cuenten lo que han hecho” y publicado en 2011, elogió a países como Argentina, Armenia, Chile, Colombia, o Reino Unido porque entregaban al público la información sobre la implementación de medidas anticorrupción que Access Info Europe intentaba conseguir en 2007 para poder participar en el debate público sobre la lucha contra corrupción en España. Este país sigue siendo el único de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esta situación también coloca a España en la lista de incumplidores de la UNCAC que recoge en su artículo 13 la necesidad de “garantizar el acceso eficaz del público a la información”.
El principal argumento del Tribunal Supremo es que la información solicitada por Access Info Europe sobre el cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es en realidad una forma de pedir explicaciones al gobierno y no una solicitud de información en sí. El Tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal, que es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.

“El problema es que la Administración no llega a contestar a Access Info Europe, lo que obliga a la organización a acudir a la vía judicial, una vía lenta y costosa para todos pero especialmente las ONG, para poder seguir con su trabajo”, comenta Enrique Jaramillo, abogado defensor de Access Info Europe en este caso.

empezaremos por limpiar nuestra casa...