Villarejo de Salvanés - Madrid

En concreto, los españoles podríamos estar pagando (precio antes de impuestos) unos 1.600 millones anuales de más en carburantes con respecto a países como Alemania o Francia.

Los principales responsables de este abuso de los precios son la existencia de barreras estructurales de entrada y expansión de terceros operadores que contribuyen a consolidar la posición de los operadores ya instalados y verticalmente integrados, y a relajar la presión competitiva entre ellos.

En consecuencia, el informe de la CNC pide corregirlos y adoptar las medidas que ya solicitó hace dos años.

Historia de un abuso

En 2008, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes, en un contexto de precios y márgenes superiores a los países de nuestro entorno, la CNC decidió analizar en detalle el funcionamiento del sector de los carburantes de automoción.

El resultado de dicho análisis constataba la existencia de un conjunto de factores estructurales que podían estar lastrando la competencia en el sector. Las conclusiones de ese análisis se plasmaron en el Informe sobre la competencia en el sector de carburantes de automoción que fue publicado el 3 de septiembre de 2009.

La principal conclusión del Informe fue la existencia de numerosas barreras a la entrada y a la expansión de nuevos operadores en los segmentos minorista y mayorista del mercado de carburantes, que dan lugar a una reducción en el grado de competencia en el sector.

Las propuestas concretas para reducir el efecto de tales barreras y facilitar una dinámica competitiva más eficiente en el sector se plasmaron en las siguientes recomendaciones, dirigidas principalmente a las Administraciones Públicas y al poder legislativo, relativas tanto al segmento mayorista como al segmento minorista del mercado:

Primera: La fijación del precio de acceso a la red de transporte de hidrocarburos por oleoducto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Durante la transición hasta la elaboración de la regulación correspondiente, CLH debería adoptar una metodología transparente de determinación del precio de acceso a la red y presentar por separado la contabilidad de la actividad sometida a competencia (almacenamiento) y la de su actividad realizada en régimen de monopolio (transporte por oleoducto).

Segunda: Salida de los operadores al por mayor de la propiedad y gestión de CLH, al igual que sucede en otros monopolios de red.

Tercera: Simplificación del proceso de tramitación de las solicitudes de apertura de nuevas estaciones de servicio y reducción de sus plazos.

Cuarta: Aumento de la ponderación de los criterios de competencia en los procesos de concesión o autorización de estaciones de servicio situadas en carreteras. En particular, debería evitarse la adjudicación de estaciones de servicio consecutivas en bloque al mismo operador.

Quinta: Facilitar la apertura de estaciones de servicio en grandes establecimientos comerciales a través de una correcta aplicación de las ventajas administrativas previstas en estos casos en el Real Decreto-Ley 6/2000.

Sin embargo, después de los casi dos años transcurridos desde la publicación de este Informe, y de las iniciativas parlamentarias instando a su cumplimiento, continúan sin adoptarse medidas efectivas para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas, por lo que la preocupación expresada por la CNC en septiembre de 2009 por el funcionamiento del sector subsiste a día de hoy.

La necesidad de aplicar esas recomendaciones ha adquirido mayor urgencia con la subida del precio de los carburantes en los últimos meses y el repunte del precio del petróleo derivado de tensiones políticas en el Magreb y en Oriente Medio.