Velilla de San Antonio - Madrid

el pais.

La primera bajada de salarios de la democracia en la función pública, recorte con el que el Gobierno pretende ahorrar más de 4.000 millones de euros para acelerar la reducción del déficit, costará a la inmensa mayoría de los 2,8 millones de funcionarios afectados entre 30 euros y algo más de 200 euros al mes, según las tablas que está manejando el Gobierno y que, según algunos de los altos cargos del Ejecutivo que las conocen, aún no se han terminado de cerrar, dada la complejidad de los cálculos que hay que hacer.


Un miembro del Gobierno calcula que su nómina perderá 800 euros

El Ejecutivo busca cómo rebajar el sueldo de colectivos con convenio propio
El ministro de Fomento, José Blanco, declaró en Tele 5 que la rebaja iba a ser progresiva y lo demostró con un ejemplo: "Va a ser un recorte equitativo. El funcionario que cobre 1.200 euros tendrá un recorte aproximado de 36 euros al mes. Una persona que cobre 3.000 euros tendrá un recorte aproximado de 220 euros al mes. Se recorta más al que más cobra. Porque el que más posibilidades tiene ha de contribuir en mayor medida a este esfuerzo nacional".

La inmensa mayoría de los funcionarios tiene un salario de entre 1.200 y 3.000 euros. La bajada apuntada por Blanco sería de entre el 2,6% para los sueldos más bajos de la Administración -apenas hay empleados que ganen menos de 1.000 euros al mes en la función pública, según el Gobierno- y el 8% para los salarios de 3.000 euros, que corresponden a los funcionarios de un nivel medio-alto.

existirán diferencias:

El recorte salarial aprobado para la función pública va a crear algunos agravios comparativos notables. Así, mientras los policías, los médicos, los profesores o los guardias civiles verán recortadas sus nóminas, los maquinistas de trenes de Renfe, los empleados públicos de AENA, los conductores de flotas de autobuses municipales o del metro en Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid o Sevilla mantendrán sus salarios, dado que se rigen por convenios propios. El Gobierno tiene la intención de buscar fórmulas para rebajar también el sueldo de estos colectivos aunque, de momento, sólo garantizan que el recorte salarial se aplicará a los directivos de las empresas públicas estatales, sobre las que tienen directa competencia, pues fueron puestos a dedo en sus cargos por el Ejecutivo socialista.