Valdetorres de Jarama - Madrid

Permítanme que me repita con lo de que me descojono de risa de la buena, pues estoy muy seguro que Alfonso Rojo es el único rojo en la tertulia de la sexta al rojo vivo a lo que yo le añadiría vivo y coleando.
Hay que ser muy rojo, muy rojo, para sentarse en una tertulia de socialeros como Boyer que no debe ganar bastante dinero porque dice su mujercita, la de la eterna juventud y tres maridos, que ella se tiene que apretar el cinturón, claro que a lo mejor se lo aprieta para marcar pecho, o es que es verdad que los ricos también lloran.
Volviendo a nuestro Rojo, he leído que el último descubrimiento científico es que al que miente se le pone roja la nariz y a nuestro querido tertuliano se le pone rojo hasta el ojetee o es que cuando le contradicen se le ponen como peras las almorranas.
¡Te quiero! dijo Josefina a Napoleón y, por lo bajinis, dijo: hasta que no te quede un solo franco en el banco.
Como yo soy español, español, español, siento vergüenza que nuestro orgullo nacional se vea arrastrado a fregar escaleras en las casas del IVIMA, ella que nos ha hecho mas españoles con Porcelanosa y que volvía a nosotros en navidad con Ferrero Roché .

Yo a la Preysler (o como se escriba) la pasaba por la piedra sin titubeos.

FRONTERA IS BACK!

Y yo también me tiraría a la Preysler, y quien diga que no es un palomo cojo de esos

Borrado por su Autor.

Cómo me alegra leerle, Frontier, de verdad

Borrado por su Autor.

ABC.es
ROJOS.
Parece ser que lo del Boyer no era ninguna tontería

Miguel Boyer ha logrado el raro récord de acaparar la atención de la prensa sepia, de los periódicos generalistas y del papel couché a la misma vez. Como es de sobra conocido, Boyer es marido de Isabel Preysler, casamiento que ha condicionado dramáticamente el perfil público del que fuera el primer arquitecto económico de Felipe González y ejecutor de la expropiación de Rumasa, y hoy un multimillonario de la «beautiful people» que despierta desdén entre sus ex compañeros de siglas. Cuando se recupera de un ictus grave sufrido a principios de 2012, actualmente es consejero externo de Red Eléctrica Española ( 170.000 euros al año pora trece reuniones), de Reyal Urbis y de Bosh.
Tratar de rastrear sus pasos por los encerados pasillos de los consejos de Administración de la empresa privada (FCC, Logística de Hidrocarburos, Hispania, donde ganaba 1,5 millones de euros al año), resulta casi tan proceloso como documentar sus idas y venidas políticas, que tantas antipatías le han granjeado. Tras 30 años de militantancia, abandonó el PSOE en 1996 (ya lo había hecho antes en 1968 y 1977) y en 2002 ingresó en el laboratorio de ideas del PP, la FAES de José María Aznar en 2002. Zapatero lo rescató para presidir la Comisión Asesora de Competitividad, un sanedrín de expertos previsto en el Pacto por el Euro que apoya al Gobierno

ROJOS, ROJOS Y MAS ROJOS.

Carlos Solchaga, ministro de Industria
«»«»
Hay frases que acompañan a uno como la piel. La de Carlos Solchaga, «España es el país del mundo donde más rápido se puede hacer uno rico» debió penetrar en la de muchos otros de su generación, que se entregaron al saqueo del Estado protagonizando episodios que han quedado para la antología del pelotazo: Filesa, Fondos Reservados, Roldán... También el caso Ibercorp, que acabó con el ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio entre rejas, y sacó a quien había sido su patrocinador, el propio Solchaga, de la primera línea de la política.
Él sólo se instaló a continuación en el del lobbysmo, la asesoría de altos vuelos y los consejos estrella, donde no se sabe si rápido o no, pero el que Felipe González eligió para pilotar la reconversión industrial sí se ha hecho rico. Sus ganancias se calculan en un millón de euros al año: Solchaga Recio & Asociados es su insignia de “mediación”, es consejero de la constructora Duro Felguera (274.000 europs anuales), de la farmacéutica Zeltia (62.000), Enerma Consultores, Citibank, Cie Automotive, Near Technologies Madrid están también en su lista de facturación.
En el PSOE no le echan de menos, la mitad por su enfrentamiento con el sector guerrista, y otros muchos por abonar las críticas a José Luis Rodríguez Zapatero cuando iba camino de ser un árbol caído. Ramón Tamames le retrató como un «prepotente» con una relación con el poder económico privado con «sombras aún no esclarecidas».
ABC.es ( 2 / 12 / 2012

WIKIPEDIA
José Luis Peñas, ex concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007. Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market eran propiedad de Francisco Correa.4
La trama estaría encabezada por un cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.
Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejaron de contar con él en 2004.5
El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.6
José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, mostró a los jueces los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja B". En la documentación figuran los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez. Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como "Don Vito, como el de la película" (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino).7 Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica.
Tras el levantamiento del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen indicios de posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular nacional.8 9 10 11 12

Pablo Ximénez de Sandoval8 FEB 2010 - 09:48 CET
EL PAIS

El caso Gürtel (correa, en alemán), una de las mayores tramas de corrupción política destapados en los últimos años, cumple un año: a las 10.30 del 6 de febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de Sotogrande (Cádiz) estaba lleno de policías que habían acudido a detener a Francisco Correa Sánchez. Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en Madrid.
Un año después, el responsable de que el caso estallara y de que hoy lo investiguen tres tribunales distintos (el Supremo, por la implicación de políticos aforados nacionales, y los Superiores de Madrid y Valencia), el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, ha concedido una entrevista en Cuatro en la que ha vuelto a arremeter contra la dirección del partido en el que militó por no haber puesto coto antes a Correa y sus hombres: "Hay un partido al que la corrupción le ha gustado durante muchos años, que le paga la defensa a los imputados [en referencia al ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas], y que no sabemos si ha cogido dinero de la Gürtel".

más información
La vida antes de Gürtel
Peñas ha criticado duramente a Mariano Rajoy por no haber sido él mismo quien llevara a Correa, el Bigotes y demás implicados ante los tribunales "cuando ha reconocido que lo sabía antes" de que él lo denunciara. En su opinión, la actitud del hoy presidente del PP le obligó a él a grabar durante dos años una serie de conversaciones que permitieron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciar la investigación.
El ex concejal ha relatado que su amistad con Correa se forjó desde su puesto en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), donde trabajaba con la mujer del empresario. La relación se estrechó a partir de 2005 y llegó un momento en que el cabecilla de la trama trató de que Peñas encabezara un partido político en el municipio de la sierra madrileña. "Fue entonces cuando comencé a ver lo que hacía realmente", ha asegurado.
El poder de Correa dentro del partido era entonces enorme, según el relato de Peña. "Yo he visto apartarse a senadores al paso de Correa en un mitin", ha recordado el ex concejal, quien ha insistido en una frase que resume cómo veía él la situación: "Decir Correa era decir Aznar".
"No me arrepiento"
Peñas toma la decisión de grabar sus conversaciones con Correa y denunciarlo porque, según ha comentado, "cuando hay un delito puedes elegir entre irte a casa o hacer algo". En su opinión, "la mejor forma de probar lo que veía era grabarlo y llevárselo a un juez".
El ex concejal reconoce que ha sentido miedo a lo largo de estos años pero que no se arrepiente de nada. Eso sí, su valentía tiene un límite: "He borrado conversaciones que yo no quería tener en mi casa, con contenido más grave que pagar a un alcalde con un coche. Están fuera de sumario y no voy a hablar de ello", ha explicado.

ROJOS

TRIBUNALES | Declaraciones tras la detención del ex presidente
La CEOE dice que no tiene 'por qué verse afectada por esta incidencia' de Díaz Ferrán
Ana Bravo Cuiñas | Madrid
Actualizado martes 04/12/2012 11:05 horas

Comentarios18
"La imagen de la CEOE no tiene por qué verse afectada por esta incidencia con el señor Díaz Ferrán". Así ha respondido el número dos de la patronal, Arturo Fernández, preguntado por la detención del que fuera la cara de los empresarios.
En una conferencia del comisario europeo, el vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña ha señalado que "en cualquier caso su culpabilidad la decidirá la justicia: las cosas no le han ido bien en los negocios y lo que pase lo decidirá un juez".
Cuestionado sobre si Díaz Ferrán le había pedido dinero ha respondido que "lo conozco desde hace mucho tiempo y no tiene por qué pedirme dinero".

Caso Naseiro



Para la romería de Interés Turístico Nacional, véase Naseiro.
Poco después de la llegada de José María Aznar (1989) a la presidencia del Partido Popular salta a la prensa el llamado caso Naseiro. Un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban Angel Sanchis Perales, diputado por Valencia, y el administrador Rosendo Naseiro.
El procesamiento de estos miembros del Partido Popular tuvo lugar tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro miembro del partido, el concejal de Valencia Salvador Palop, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico, estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular, y de enriquecimiento personal de algunos implicados.
El caso Naseiro convirtió 1990 en un calvario para José María Aznar, que teniendo el precedente de lo sucedido en el PSOE anteriormente realizó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. La crisis hizo que varios miembros del Partido Popular fueran expulsados de éste, e incluso se pidió la expulsión de Eduardo Zaplana1 .(el cual posteriormente llegaría a ser presidente de la Generalidad Valenciana y ministro del último gobierno de Aznar).
El "caso Naseiro" llegó al Tribunal Supremo, debido a la condición de diputado de Angel Sanchis Perales y Pedro Agramunt Presidente del PPCV, donde quedó archivado a causa de las irregularidades en la instrucción del sumario: las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. El tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados que, no obstante, se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, pero jurídicamente carecen de valor probatorio.
A pesar de este enojoso asunto, la imagen de José María Aznar en la política nacional no se vio deteriorada, al no tener él mismo implicación conocida en el asunto. Su poder dentro del Partido Popular se consolidó y su imagen como líder de la oposición, y la de su partido como alternativa de gobierno, no quedaron jurídicamente manchadas por el escándalo.
La escuchas telefónicas anuladas por la ilegalidad cometida al obtenerlas, y determinada frase "Estoy en la política para forrarme" de Vicente Sanz (ex-presidente de la diputación de Valencia por el PP) en una conversación con Eduardo Zaplana, continúan utilizándose como arma arrojadiza por los adversarios políticos del ya retirado político valenciano.2

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Javier de la Rosa (Barcelona, 1947), es un financiero español, conocido por el escándalo del caso KIO, en el que el financiero presuntamente se apropió indebidamente de unos 500 millones de dólares cuando era el administrador en España de las inversiones del grupo KIO (Kuwait Investments Office).

El escándalo llevó a una suspensión de pagos del grupo KIO España de unos 300.000 millones de pesetas (1.800 millones de euros).
Actualmente (2007) cumple condena en tercer grado (Dormir en prisión y salir por la mañana a preparar sus defensas en varios litigios) en Can Brians,Cataluña. Javier de la Rosa fue trasladado de la cárcel modelo de Barcelona,después de una oportuna fotografía que demostraba que podía ser asesinado desde cualquier edificio cercano a la prisión (Famosa foto de De La Rosa comiendo un bocadillo en su celda),su traslado se produjo en 1992 hacia la prisión Alcalá Meco de Madrid,donde compartió modulo junto a Mario Conde.
Actualmente, 2007, esta nuevamente dedicado a los negocios relacionados con el petroleo, especulación barril. La defensa está llevada en todos los casos pendientes por su hija.
Actualmente disfruta del tercer grado en la prisión modelo de Barcelona.
En verano de 2011 es absuelto por la Audiencia de Barcelona por el caso Hacienda.

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Mario Antonio Conde Conde (Tuy, 14 de septiembre de 194 es un empresario y político español. En septiembre de 2012 aceptó presentarse como candidato de Sociedad Civil y Democracia a las elecciones al Parlamento de Galicia de 2012.
Conde se hizo conocido en los años 1980, por ser el presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), a los treinta y nueve años de edad. Su carrera empresarial se vio truncada en diciembre de 1993 por el escándalo financiero conocido como caso Banesto, por el que fue condenado a veinte años de prisión por el Tribunal Supremo.


Hijo de un inspector de aduanas, estudió en el colegio de los Maristas de Alicante, donde estaba destinado su padre, y posteriormente realizó la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto, donde destacó por su brillantez y su capacidad de estudio. Según algunas publicaciones, durante su etapa estudiantil destacó por vender sus apuntes y por sus interpretaciones a sensu contrario del Derecho.1 Con veinticuatro años aprobó las oposiciones de Abogado del Estado con la mejor nota de la historia de este cuerpo.2
En 1977 con 28 años se incorpora como director general adjunto al laboratorio farmacéutico Abelló, dirigido ya en aquel momento por Juan Abelló Gallo, hijo del fundador. En 1983 se vende esta empresa a la multinacional Merck Sharp and Dohme por 2.700 millones de pesetas. Posteriormente, en 1984 la pareja Conde-Abelló continúan su aventura empresarial-financiera: comprar un veintitrés por ciento del capital social del laboratorio farmacéutico español Antibióticos S.A., coincidiendo con la salida de esta empresa de los hermanos Fernández López. Mientras su socio Juan Abelló poseía algo menos del 50% de la empresa, los hermanos Jaime y Emilio Botín suscribieron la compra de otro 23% de la misma. En 1987 en una operación vendió la empresa Antibióticos S.A. a la multinacional italiana Montedison por 58.000 millones de pesetas. Esta fue la operación económica más importante realizada en España hasta el momento.[cita requerida]
Con ese dinero Juan Abelló y Mario Conde abandonan el mundo farmacéutico y se dirigen al ámbito financiero: toman una importante parte del capital de Banesto, donde son nombrados vicepresidentes. En ese momento el Banco de Bilbao, realiza la primera OPA que se conoce en España, Conde -en unos momentos de extraordinaria dificultad para Banesto- consigue convencer al Consejo y rechazar la OPA hostil del Bilbao. Es nombrado presidente de la entidad en 1987, sucediendo en el cargo a Pablo Garnica. De esta forma se encarama a la cúspide del poder financiero en España, con treinta y nueve años. Cuando asumió el cargo, el banco estaba sufriendo una OPA hostil (la primera de la historia española) presentada por el Banco de Bilbao a manos de José Ángel Sánchez Asiaín y Emilio Ybarra. Posteriormente, intentó una fusión con el Banco Central, entonces presidido por Alfonso Escámez.
En esta época, creció su popularidad y obtuvo todo tipo de reconocimientos, como el de la Universidad Complutense, que le nombró Doctor Honoris Causa en un acto presidido por el Rey y por las máximas autoridades de España. Consiguió gran trascendencia social, convirtiéndose en los años 80 y 90 en símbolo del éxito empresarial.[cita requerida]
El 29 de septiembre de 1973 se casó con Lourdes Arroyo en la capilla de los Cuatro Evangelistas de Illescas (Toledo), y estuvo casado hasta el 13 de octubre de 2007, cuando ella falleció a los cincuenta y dos años.3 Tuvieron dos hijos, Mario y Alejandra, y tres nietos, hasta el momento. El 26 de junio de 2010 contrajo matrimonio con la profesora de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, María Pérez-Ugena Corominas en Chaguazoso, Orense.

Artículo principal: Caso Banesto.
Ante los problemas que arrastraba el Banco Español de Crédito, que presentaba un agujero patrimonial de alrededor de 450.000 millones de pesetas (2.704 millones de euros), el 28 de diciembre de 1993, el Banco de España, cuyo Gobernador entonces era Luis Ángel Rojo, intervinó la entidad y destituyó a su consejo de Administración, sustituyéndolo por un nuevo consejo provisional, para asegurar la estabilidad y el futuro del banco.
A partir de 1994, Mario Conde tuvo que hacer frente a varios procesos judiciales relacionados con lo que se denominó "caso Banesto". En el primero de los casos a los que se enfrentó, en el juicio Argentia-Trust fue condenado en marzo de 1997 a seis años de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por retirar de Banesto 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas), que en un primer momento fueron ingresados en una cuenta suiza de la sociedad Argentia Trust; el Tribunal consideró en su sentencia que Conde: "dispuso de bienes del Banco que le correspondía administrar sin dar ninguna respuesta apropiada y coherente sobre su uso"4
Conde aseguró que parte del dinero se había pagado a Diego Selva y Antonio Navalón, para que, a través de sus contactos, lograran exenciones fiscales para la Corporación Banesto y defendió, por tanto, que no hubo apropiación indebida. 5
Conde siempre ha mantenido su inocencia6 , afirmando que tanto la intervención de Banesto como las posteriores resoluciones judiciales fueron influenciadas por voluntades políticas7 , y argumentando que en el caso Argentia Trust, donde se le condena por la apropiación indebida de seiscientos millones de pesetas, hubo falsos testimonios en el juicio8 en referencia a Diego Selva y Antonio Navalón. Por tal motivo denunció a ambos, siendo absueltos por el juzgado de lo penal número 11 de Madrid, siguiendo el criterio de la fiscalía.9
Y en segundo lugar, alega que se le negó el derecho de una comisión rogatoria a Suiza, sobre la cuenta 225 del EBC Banking Corporation, para comprobar si él había sido el receptor del dinero robado. La Audiencia Nacional recusó durante el proceso judicial tal petición. Más tarde Conde recurriría, con la ayuda de un juez de instrucción, Emilio Coronado, a la Justicia Suiza, que enviaría, una vez cumplida la sentencia, la documentación al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid10 . La nueva documentación desvinculaba a Conde de la cuenta, pero el Supremo desestimó el recurso de casación que daba unión al escrito del fiscal suizo Peter Cosandey con el caso Argentia Trust. La fiscalía y los jueces se negaron a revisar la sentencia.11 Respecto a la condena de 2002, Conde recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En 2005 dicho comité dictaminó que España había vulnerado el derecho a revisión de pena de Mario Conde, por no poder apelar la elevación de condena de 10 a 20 años del Tribunal Supremo y rechazó las quejas del ex banquero de que no habían sido revisadas todas las pruebas.12
Entretanto en 2000 realizó una incursión política, al presentarse a las elecciones generales del 2000 bajo las siglas del Centro Democrático Social consiguiendo 23.576 votos, antes había sido elegido candidato, con el apoyo del 81% de los compromisarios asistentes a la Asamblea Nacional de este partido -58 votos tuvo a favor, 12 en contra y uno en blanco. [cita requerida]
El 31 de marzo de 2001 la Audiencia Nacional le condenó a catorce años por los delitos de estafa y apropiación indebida, por el caso Banesto, y le obliga a devolver 7.200 millones de pesetas a Banesto. Las defensas recurren al Supremo, y Conde evitó la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas.
El 29 de julio de 2002, el Tribunal Supremo, aumentó las penas, siendo condenado a 20 años de cárcel, Además, Conde, junto a otros directivos del Banco fueron condenados también a pagar a Banesto 7.200 millones de pesetas (43,27 millones de euros). Cumplió su condena en la cárcel de Alcalá Meco y disfrutó del tercer grado acudiendo a dormir al Centro Victoria Kent. Desde septiembre de 2009 participa en la tertulia política del programa de televisión El gato al agua, de Intereconomía TV.
El 9 de octubre del año 2012, durante el transcurso de la campaña electoral gallega, en la que Conde se presentaba como candidato al parlamento de Galicia por Sociedad Civil y Democracia, la Audiencia Nacional, por medio del juez Fernando Grande-Marlaska, ordenó el embargo de cinco fincas situadas en diferentes lugares de España que, según el juez, le pertenecían, en ejecución de la sentencia del año 2000 del Caso Banesto. El ex banquero negó tener relación alguna con dichas fincas,13 y vinculó los embargos a personas cercanas al PP, en referencia al juez Marlaska.14

José Blanco López (Palas de Rey, Lugo, 6 de febrero de 1962), conocido como José o Pepe Blanco, es un político socialista español. Desde julio de 2008 hasta febrero de 2012 fue el vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y entre abril de 2009 y diciembre de 2011 desempeñó el cargo de ministro de Fomento.


[editar] Biografía
Nació en el municipio lucense de Palas de Rey. Cursó el bachillerato en el instituto Juan Montes de Lugo. Allí tuvo como profesor de Filosofía a José López Orozco, que entonces militaba en el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, junto con otros miembros relevantes del socialismo lucense, como Jesús Vilela, Pablo Pardo,1 Francisco José Silvosa o Ramón Farré.[cita requerida]
Empezó la carrera de derecho, pero dejó los estudios para entrar en las filas políticas.
Está casado con Ana Mourenza desde 1999 y tiene dos hijos, María y Pedro.
[editar] Militancia en el PSOE
Tras la fusión del PSP con el PSOE, en 1978, se convirtió en militante de este último partido. Siguió con su compromiso político, siendo sucesivamente secretario general de las Juventudes Socialistas de Galicia, presidente del Consejo de la Juventud de Galicia, miembro de la ejecutiva del PSdeG-PSOE y finalmente secretario general del partido en Lugo.
[editar] Senador y diputado
En las elecciones generales de 1989 fue elegido senador, repitiendo escaño en las siguientes elecciones.
En las elecciones generales de 1996, José Blanco consigue el puesto de diputado por el Partido Socialista en la provincia de Lugo.
En 1998 actúa como coordinador de la candidatura de Emilio Pérez Touriño a la secretaría general del PSOE de Galicia. Fruto de esta labor, Touriño accede a la secretaría derrotando a Miguel Cortizo, candidato del secretario general saliente, Francisco Vázquez. En 1999, su antiguo mentor, José López Orozco, accede a la alcaldía de Lugo, con el apoyo del BNG. Ese mismo año, Blanco se casa y se traslada a vivir a la localidad madrileña de Las Rozas.
En el año 2000, el juez y diputado independiente por el PSOE en la provincia de Lugo en la legislatura 1993-1996, Ventura Pérez Mariño (que posteriormente sería alcalde de Vigo) le pone en contacto con José Luis Rodríguez Zapatero (Pérez Mariño había sido cabeza de lista al Congreso por Lugo, siendo Blanco secretario provincial). José Blanco se une al grupo Nueva Vía que, capitaneado por Jesús Caldera cuenta, entre otros, con Trinidad Jiménez y con Juan Fernando López Aguilar en sus filas. Este grupo postula a Zapatero como candidato a la secretaría general del PSOE. Tras su incorporación, Blanco asume la coordinación del grupo y reúne los apoyos que llevan a Zapatero a la Secretaría General del PSOE en el XXXV Congreso Federal, enfrentado a José Bono, que sale derrotado. Como hombre de confianza del nuevo secretario general, José Blanco es nombrado secretario de Organización de la Ejecutiva federal del partido, puesto que ocupa entre los años 2000 y 2008.
En los momentos previos al XXXVII Congreso del PSOE (200, Blanco barajó la posibilidad de dejar la política, pero se lo impidió Zapatero, que le consideraba "imprescindible", al haber pacificado el partido y garantizado el apoyo de este al Gobierno.[cita requerida] En dicho congreso, Blanco fue nombrado vicesecretario general del PSOE, un puesto que sólo había ocupado anteriormente Alfonso Guerra, señal de la influencia que acumulaba Blanco en el partido. A comienzos de 2012 fue sustituido por Elena Valenciano.
También es miembro del Comité Nacional del Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE.
[editar] Responsabilidades en el Gobierno
El 7 de abril de 2009, dentro de una profunda remodelación del Gobierno de España, se anunció su nombramiento como Ministro de Fomento, en sustitución de Magdalena Álvarez.2
El 20 de octubre de 2010, tras la supresión del Ministerio de la Vivienda dentro de la segunda remodelación del Gobierno llevada a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero durante su segunda Legislatura, José Blanco pasó a asumir las competencias relacionadas con el área, dentro del Ministerio de Fomento.3
[editar] Polémicas
[editar] Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2003
Artículo principal: Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2003 (25 de mayo).
Entre los apoyos que Blanco reunió para la candidatura de Rodríguez Zapatero, estaba la de los denominados balbases, una de las familias de la Federación Socialista Madrileña, liderada por José Luis Balbás.[cita requerida] El peor momento de Blanco al frente de la secretaría de Organización tuvo lugar en 2003: al producirse las elecciones autonómicas de 2003, dos miembros de dicha "familia", Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez resultan elegidos diputados de la Asamblea de Madrid. Tras las elecciones, la suma de los escaños socialistas y de Izquierda Unida superan a los del Partido Popular, por lo que la elección de Rafael Simancas, el líder socialista madrileño, como presidente de la Comunidad de Madrid se da por hecha. Sin embargo, la deserción de ambos, que se abstienen en la votación de investidura (el denominado "tamayazo"), por razones nunca esclarecidas, propicia la elección de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, la cual volvió a convocar nuevas elecciones generales, en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta. Los detractores de Blanco utilizan este escándalo para intentar derribarle, adjudicándole la responsabilidad de lo sucedido.
[editar] Villa PSOE
En 2008 Blanco adquirió un apartamento en la isla de Arosa. La construcción del edificio no respetaba el límite legal de 100 m que establece la ley de costas al estar a 20 m de la orilla del mar. En julio de 2007 la Audiencia Nacional autorizó la construcción por considerar que era suelo urbano antes de la implementación de dicha ley. La decisión se basó en un informe del secretario del Ayuntamiento de la isla, en que argumentaba que el espacio contaba con las condiciones para ser catalogado como urbano desde antes de 1988 (pavimentación, alumbrado público, alcantarillado y agua corriente). El alcalde Vilanova entre 1995 y 1997, Gonzalo Durán, negó que hubiera agua corriente en esa fecha ya que el pleno del Ayuntamiento aprobó una iniciativa para llevarla en 1991.4 La zona urbanizada aparece reflejada como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado por unanimidad por los tres grupos del Concello de A Illa de Arousa, PSdG-PSOE, PP y BNG.
[editar] Operación Campeón
Artículo principal: Operación Campeón.
En octubre de 2011, el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo, le acusa, en los procedimientos de la "Operación Campeón" de cobrar 400.000 euros para que agilizase los permisos del Ministerio de Sanidad a conceder a la empresa farmacéutica de Dorribo.5 El PSOE afirmó que se trataba de una cuestión privada y no relacionada con dicho cobro en una gasolinera de Guitiriz.6 El abogado de Dorribo afirmó poder defender la acusación de su defendido.7
El 3 de noviembre de 2011, la juez de Instrucción del caso, remitió al Tribunal Supremo la parte de la investigación relativa a José Blanco, ya que se trata de un aforado al ser ministro del Gobierno.8
[editar] Distinciones y condecoraciones
Gran Cruz de la Orden de Carlos III (30 de diciembre de 2011).9
[editar] Referencias
↑ «Ficha de diputadoardo Yáñez, Pablo». Congreso de los Diputados.
↑ «Zapatero cambia el Gobierno un año después de estrenar su segunda legislatura», El Mundo, 7 de abril de 2009.
↑ «Zapatero remodela ampliamente su Gobierno», El País, 20 de octubre de 2011.
↑ «El ático de pepiño en 'Villa PSOE'», El Mundo, 24 de agosto de 2008.
↑ «Los protagonistas de la 'operación Campeón'», El Mundo, 11/10/2011.
↑ «Valenciano: 'Blanco y Dorribo se vieron en la gasolinera por una cuestión privada'», El Mundo, 06/10/2011.
↑ «El abogado de Dorribo dice que puede 'acreditar' su acusación sobre Blanco», El Mundo, 07/10/2011.
↑ «La jueza remite al TS las actuaciones contra José Blanco», farodevigo.es, 03/11/2011.
↑ «Real Decreto 2087/2011, de 30 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a don José Blanco López.». BOE. 31 de diciembre de 2011. Consultado el 2 de enero de 2012.
[editar] Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre José Blanco López.
Wikiquote alberga frases célebres de o sobre José Blanco López.
Ficha del diputado José Blanco López en la página web del Congreso de los Diputados
Antiguo blog personal de José Blanco
Blog personal de José Blanco
Página oficial de José Blanco

Bankia plantea bajar los sueldos el 40% y despedir a 5.000 empleados


Goirigolzarri propone una indemnización de 22 días por año y 14 meses como máximo

Los sindicatos anuncian “fuerte conflictividad laboral”



Íñigo de Barrón Madrid 11 DIC 2012 - 23:22 CET772



Archivado en:
Crisis económica
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Relaciones exteriores
Trabajo





El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. / EFE



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Bankia ha abierto las negociaciones con los representantes sindicales y ya ha comenzado el conflicto. La primera propuesta ha sido el despido de unos 5.000 empleados, una medida que está dentro del plan de reestructuración aprobado por Bruselas el pasado 28 de noviembre, pero también una reducción salarial que va entre el 40% y el 50%. Bankia ha planteado como propuesta inicial indemnizar a los trabajadores que dejen el grupo con 22 días por año trabajado, con un tope máximo de 14 meses, por encima de los 20 días y las 12 mensualidades que ha facilitado la reforma laboral para el despido procedente con causa justificada por motivos económicos.

Los sindicatos creen que esta propuesta “es una provocación, una agresión sin precedentes y una forma poco respetuosa de iniciar una negociación”, según fuentes de Comisiones Obreras. Los representantes de los trabajadores creen que Bankia está siguiendo los criterios marcados por el Banco de España, el FROB y el Ministerio de Economía. “Detrás de esta medida está la filosofía de que la reducción salarial debe recaer solo sobre los trabajadores y no sobre los ejecutivos. Es el mismo planteamiento que en Novagalicia, Caja3 y Banco de Valencia por lo que las protestas se pueden unir en estas entidades. Creemos que es una posición muy arriesgada porque se enfrentan a una conflictividad enorme con los trabajadores y con los clientes de preferentes al mismo tiempo”, apuntan estas fuentes.


Los 5.000 empleos saldrán de Bankia, Bankia Privada, Finanmadrid y Madrid Leasing

Los 5.000 empleos saldrán directamente de Bankia, Bankia Privada, Finanmadrid y Madrid Leasing, según fuentes consultadas. Además, el grupo venderá algunos negocios lo que podría suponer reducir otros 1.000 empleos, como le exigió Bruselas, aunque no sean despidos directos. Por ejemplo se podría vender la filial de Bankia en Miami, el City National Bank of Florida, que contribuiría a conseguir esa disminución.

Sin paga variable ni trienios

La reducción salarial se hará vía eliminación de la paga variable, los trienios y los ascensos previstos en el convenio en un plazo de entre tres y cuatro años. También se suspenden las aportaciones a los planes de pensiones hasta 2015, según fuentes sindicales. Desde UGT se reclama un plan que incluyera prejubilaciones, externalización y realizar ahorros en diferentes áreas “para reducir la cifra de despedidos. Creo que hay que hacer un planteamiento general sobre la reestructuración. La forma en la que han empezado las negociaciones no es una manera correcta de plantear un ERE de 5.000 personas”, señalaron estas fuentes.

Por otro lado, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró que la entidad dará a conocer “a lo largo del año que viene” el número definitivo de despidos derivados del plan de reestructuración, tras cerrar diversos proyectos de externalización de negocios que tiene pendientes.

Tras recoger el premio Secante, que concede la Asociación de Periodistas Económicos (APIE), a los directivos que menos información transmiten, Goirigolzarri recalcó: “La cifra exacta de despidos la vamos a ir comunicando a medida que cerremos los planes previstos” y garantizó que el ajuste, para el que la entidad tiene de plazo hasta 2015, se hará con diálogo con los representantes sindicales. También remarcó que los 5.000 despidos era una cifra de máximos.

Llega el dinero del rescate

Por otra parte, el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) transfirió este martes a España el primer tramo de 39.500 millones de euros del rescate bancario, que se destinará a recapitalizar las entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) y al banco malo.

Luis de Guindos, ministro de Economía, recibió el primer Premio Tintero por ser el personaje más comunicativo y se lo dedicó a su departamento de Prensa del que dijo que era “el mejor de todo el Gobierno”. Tras el acto, Guindos se refirió a la transferencia del dinero como una “buena noticia” y dijo que “por fin había llegado el desembolso”. Bromeó con Goirigolzarri, presente en la entrega de premios y le dijo: “No te preocupes, se inyectará rápidamente a Bankia y otras entidades”.


El MEDE ha transferido este martes a España el primer tramo de 39.500 millones de euros

En cuanto al banco malo, el martes por la noche seguía la incógnita de si el BBVA participará finalmente en su capital. El Gobierno ha presionado hasta el último momento a la entidad presidida por Francisco González, que declinó pronunciarse al respecto. Algunas fuentes confiaban en que finalmente cediese y formara parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), aunque con una participación económica menor que la del Santander o La Caixa, que sería la cuota que le correspondería por volumen de negocio. Guindos añadió que miércoles o jueves se conocerán los accionistas de la entidad.

Caso Palau
De la Rosa denuncia amenazas por el borrador de las cuentas de Artur Mas
5 comentariosGACETA.es
El pasado 5 de diciembre presentó una ampliación de la anterior en la que afirmaba que esas amenazas se habían incrementado a raíz de la publicación del borrador policial que vinculaba a las familias Mas y Pujol con cuentas en paraísos fiscales.
Fuentes jurídicas han informado de que el financiero Javier de la Rosa, quien asegura tener nuevos datos sobre las cuentas fuera de España del entorno de Artur Mas, se personó en dependencias policiales el pasado 29 de noviembre para denunciar amenazas y coacciones contra su persona, una denuncia que recayó posteriormente en el Juzgado de Instrucción número 43 de Plaza de Castilla. Asimismo, da detalles de cómo Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, abrió alguna cuenta en Suiza.
Después, el pasado 5 de diciembre presentó una ampliación de la anterior en la que afirmaba que esas amenazas se habían incrementado a raíz de la publicación del borrador policial el pasado 16 de noviembre que acusaba a Artur Mas y Jordi Pujol de cobrar comisiones de empresarios a través de sus cuentas personales en Liechtenstein y Suiza, respectivamente.
Durante su declaración, que prestó ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), De la Rosa ha asegurado que conoce detalles sobre estos hechos y mencionó datos sobre cuentas en Suiza del ex presidente de la Generalitat. Según la denuncia publicada por El Mundo, "y el señor Pujol me dijo que quería abrir alguna cuenta en la entidad Lombard & Odier, por lo que, a mediados de 1991, en uno de los viajes que Thierry Lombard realizó a Barcelona, le acompañó a éste a la sede de la Generalitat, donde le presentó al señor Pujol, quien contrató alguna cuenta".
Tras estas declaraciones, la Policía envió la ampliación de la denuncia a la Audiencia Nacional al entender que es el tribunal competente para investigar un delito de blanqueo en el extranjero y remitió otra copia a Plaza de Castilla.
En la Audiencia, ha recaído por antecedentes en el Juzgado Central de Instrucción numero 5, cuyo titular, Pablo Ruz, inadmitió por falta de competencia la semana pasada una querella del abogado Joaquín Yvancos y una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias relacionadas con estos hechos.

A partir del 1 de enero
El Gobierno penalizará a los clientes con un consumo excesivo de luz
13.12.2012MadridEuropa Press25
Industria crea un mecanismo de progresividad para el usuario doméstico de luz en función del consumo. Los ayuntamientos y empresas sin derecho a tarifa regulada logran otro año de prórroga en las sanciones por no ir a mercado.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha creado un nuevo mecanismo de progresividad para la parte regulada del recibo de la luz que empezará a aplicarse el 1 de enero y que tiene como objetivo "incentivar el consumo responsable". Los usuarios con consumos superiores a la medida será los más penalizados por los nuevos recargos, en los que el precio del kilovatio hora puede multiplicarse hasta por ocho.
La medida y los nuevos términos de progresividad aparecen recogidos en la orden de peajes eléctricos para el primer trimestre de 2013, a la que ha tenido acceso Europa Press. Según la nueva escala de progresividad, los consumidores con potencias de hasta 7 kilovatios (kW) pueden pasar de pagar 0,00138 euros por kilovatio hora (kWh) en caso de los menores consumos a un 700% más, esto es, 0,01104 euros por KWh, en el tramo de mayor consumo.
En la memoria que acompaña a la orden ministerial se indica que el objetivo de los nuevos peajes progresivos es "establecer medidas que incentiven el consumo responsable de energía a través de la introducción de una progresividad en los precios de los peajes de acceso".
El coste económico será mayor para los usuarios con consumos superiores a la media, si bien el impacto para los hogares "no se prevé elevado", al tiempo que la medida "contribuirá a impulsar un consumo de energía eléctrica más responsable", señala Industria.
En todo caso, la orden ministerial congela los peajes eléctricos, como había anunciado el ministro José Manuel Soria, de forma que la revisión de la tarifa en enero dependerá únicamente del resultado de la subasta eléctrica del próximo 21 de diciembre. La previsible subida en esta puja tendrá un peso cercano al 50% sobre la tarifa final. Industria señala en la memoria económica que la subida "nula" de peajes no provocará "alteraciones sobre el IPC" ni "por tanto sobre la competitividad de la economía española".
Respiro a los ayuntamientos
Por otro lado, la orden ministerial vuelve a dar un año de plazo a los consumidores con potencias superiores a 10 kilovatios (kW) para la firma de un contrato de suministro en el mercado libre. Estos consumidores, generalmente administraciones públicas y empresas, disponían de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para pasar al mercado libre si no querían exponerse a recargos cercanos al 20% en su recibo.
Esta exigencia se había convertido en un problema para algunas administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, que se encuentran acuciados por la falta de recursos económicos y que tienen mucha dificultad para encontrar un suministrador eléctrico a precio competitivo.
El bono social, a la tarifa
Por otro lado, Industria ha recogido en sus previsiones de costes del sistema eléctrico las sentencias del Tribunal Supremo en las que se exime a las eléctricas de financiar el mecanismo del bono social. De esta forma, será los consumidores eléctricos, mediente la tarifa, los que costeen esta medida apoyo a colectivos vulnerables.
En concreto, Industria ha recogido un coste de 161 millones de euros imputable a la tarifa de 2012 relacionada con el bono social, así como de 187 millones de euros para el ejercicio 2013.

Díaz Ferrán no pagó nada de IRPF a Hacienda en 2009
El expresidente de la CEOE declaró dos años antes un patrimonio de 93 millones
GRÁFICO Evolución del patrimonio de Díaz Ferrán en dos años
José Antonio Hernández Madrid 14 DIC 2012 - 21:17 CET160
El expresidente de los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán —en prisión por delitos de insolvencia punible y evasión de capitales— no pagó nada a Hacienda en su declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2009. Ese ejercicio efectuó una declaración conjunta con su esposa, Raquel S. G., pero ni uno ni otra pagaron un euro al fisco. Y ello a pesar de que dos años antes, en la declaración de 2007, el expresidente de la CEOE admitió que poseía un patrimonio —entre mansiones, casas, fincas, acciones e inversiones— que él mismo valoró en unos 93 millones de euros.
En el IRPF de 2009, a Díaz Ferrán le salía una cuota a pagar al fisco de algo más de 5.000 euros. Pero al hacerla conjunta con su esposa, no pagaron nada, ya que la declaración de ella arrojaba una cuota a devolver similar. Por ese motivo, ambos optaron por hacer una declaración conjunta y compensaron. En la casilla final del IRPF colocaron un cero.
Fuentes de la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra Díaz Ferrán señalan que las últimas declaraciones de renta del expresidente de la CEOE “están llenas de lagunas y datos económicos inveraces”. E interpretan el desfase entre los años 2007 y 2009 en los “ocultamientos de patrimonio y deudas falsas que empezó a tramar Díaz Ferrán para evitar pagar a sus múltiples acreedores”.
En su declaración patrimonial de 2007, Díaz Ferrán admitió tener bienes por valor de 93 millones. Declaró disponer de siete casas. La más cara, a la que da un valor de 578.116,16 euros, es la familiar que posee en la calle de Juan Belmonte, en la exclusiva urbanización del parque del Conde Orgaz, de Madrid. Entre la parcela y la vivienda en sí, el inmueble ocupa unos 1.600 metros cuadrados. También dice poseer otras dos casas más en Madrid capital, que tasa en 759.000 euros, así como otras en Coslada (Madrid), Castellón y Alicante. Todas ellas las valora en 1,4 millones de euros. Fue precisamente en 2007 cuando Díaz Ferrán, a través de una sociedad instrumental, adquirió uno de los dos apartamentos de superlujo que aún posee en el Hotel Plaza de Nueva York (EE UU). El segundo apartamento lo compró en 2008. Ahora los tiene en venta por casi 12,4 millones.

El empresario se sirvió de la cuota a devolver de su esposa, y compensó
Su patrimonio en 2007 también incluía, además, 35 parcelas en la provincia de Lugo, con unos 65.000 metros cuadrados de extensión, a las que dio un valor a efectos fiscales de solo 28.000 euros. También poseía nueve cuentas bancarias con un saldo a favor total de 39.600 euros, así como fondos de inversión por importe de 481.297 euros, de los que unos 460.000 estaban canalizados a través de Fleming Liquiditi Funds J.P. Morgan.
Además, en 2007 confesó disponer de participaciones en 16 sociedades que le han generado 2,3 millones de euros en patrimonio personal (la que más, 1,2 millones, en la sociedad Autobuses Urbanos, SA.). Donde más dinero confiesa tener es en acciones de la sociedad Holdisan Inversiones (89.4 millones de euros). Esta es la empresa que utilizó para adquirir uno de los dos lujosos apartamentos del neoyorquino Hotel Plaza.

El expatrón de patronos se halla preso por insolvencia punible
En 2007 pagó, pues, al fisco algo más de 51.000 euros; en 2009, en cambio, lo ajustó el IRPF con su esposa para no pagar nada, y en la declaración de 2010 fue Hacienda la que tuvo que pagarle a él algo más de 2.000 euros, según datos facilitados por una agencia de detectives a la policía a través de la llamada Red Azul.
En 2010, Díaz Ferrán estaba inmerso en un fraudulento proceso (el que que le ha llevado a la cárcel por alzamiento de bienes y evasión fiscal) cuya finalidad era deshacerse de todos sus bienes. Con la intención de evitar que se los arrebataran en los concursos de acreedores que se cernían sobre ellos y que ya acumulaban en torno a 10.000 personas o entidades, buena parte de ellos trabajadores. Para evitar perder sus bienes en detrimento de los acreedores, Díaz Ferrán contactó con el empresario valenciano Ángel de Cabo, a quien presentó ante los trabajadores como el hombre que iba a reflotar sus negocios. En realidad, De Cabo, que también está preso por estos tejemanejes, compraba las sociedades en connivencia con Díaz Ferran y trataba de embrollar los concursos para luego repartirse los bienes entre ambos.

'Hay que continuar por ese camino'
Desde verano volvieron a España entre 40.000 y 50.000 millones
EFE
El economista jefe del BCE, ha señalado que la perspectiva de la unión bancaria ha permitido invertir la tendencia de huida de capitales que estaba sufriendo el país.
El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Peter Praet, señaló que la perspectiva de la unión bancaria ha permitido, desde el verano, invertir la tendencia de la "gigantesca" huida de capitales que estaba sufriendo España.
"Afortunadamente, se constata que desde el pasado verano de 40.000 a 50.000 millones de euros han vuelto a España gracias en particular a la perspectiva de la unión bancaria", señaló Praet en una entrevista publicada hoy por el diario francés Le Figaro.
Recordó que entre diciembre de 2011 y agosto de 2012 España "había sufrido fugas de capitales gigantescas de 300.000 millones de euros, el 30 % del PIB (Producto Interior Bruto) cuando el año precedente habían salido 10.000 millones".
Explicó que "la desconfianza era tal que dentro de un mismo banco español, los dirigentes se las arreglaban para colocar la liquidez en filiales en el extranjero, además de los depósitos de los particulares, que también emigraban".
Con ese cambio de tendencia quiso ilustrar que la unión bancaria "contribuirá a restablecer la confianza en el sector bancario", ayudará a que vuelva a funcionar el mercado interbancario y los flujos financieros transfronterizos, "con importantes impactos sobre la economía real".
Además, indicó que la supervisión bancaria, unida a la posible capitalización de las entidades financieras con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ayudará a "romper el círculo vicioso entre los riesgos soberanos y los bancos".
El economista jefe señaló que las previsiones del BCE para la zona del euro para 2013 se mueven en una horquilla que va desde un retroceso del PIB del 0,8% a una progresión del 0,2%. A su juicio "la inquietud" en ese ejercicio es "a la vez política y social", y aunque aseguró que en el BCE son conscientes de que hay dos millones más de parados en la zona del euro, los ajustes deben continuar y hay que mantener la meta de una reducción del déficit al 3% del PIB
Preguntado precisamente sobre si no habría que dar más tiempo para cumplir el objetivo de déficit, Praet hizo notar que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya se ha dado mas flexibilidad a varios programas de ajuste.
Y añadió que "lo esencial es que cada país tenga una estrategia creíble con reformas estructurales sólidas que le permitan mejorar el carácter sostenible de su presupuesto y el dinamismo de su economía".
Praet hizo hincapié en que este año se ha conseguido "detener un círculo infernal en el que las dificultades presupuestarias de los Estados debilitaban cada vez más los bancos y eso ponía en peligro la financiación de las empresas".
"Los riesgos de catástrofes y de salida de algunos países (de la zona euro) que atormentaban los mercados han desaparecido. Hay que continuar por ese camino", subrayó.

La culpa es de zapatero y de izquierda unida y aznar volbera por que la gente es lo que quiere

Cinco años de cárcel por corrupción para otro cargo del Gobierno de Matas
Damián Vidal, ex director gerente de una empresa pública fue juzgado por malversar medio millón de euros
Andreu Manresa Palma de Mallorca 21 DIC 2012 - 17:09 CET42
Nueva condena -a pena de cinco años de cárcel- por un episodio probado de corrupción en la época del Gobierno balear del presidente Jaume Matas (2003-2007), del Partido Popular. El exdirector gerente de la empresa pública regional de tecnologías Bitel, Damián Vidal, ha sido condenado por la Audiencia de Palma a una pena de cinco años de cárcel, como autor del delito de malversación de medio millón de euros de caudales público, fraude a la Administración y cohecho
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que en 2008 abrió la causa –con la detención de Vidal-, tras una denuncia del anterior Gobierno balear del PSOE, pidió para el reo hasta 12 años de reclusión carcelaria e inhabilitación, más una indemnización de 569.000 euros y una multa de 141.274 euros. Horrach acusó a Vidal de los mismos delitos por los que ha sido condenado.
Damián Vidal es profesor en la Universidad de la islas Baleares (UIB), especialista en ingeniería y seguridad de programas y sistemas. Ha sido condenado tras probarse que cargó gastos privados a las cuentas público, se dio sobresueldos, usó la tarjeta para gastos injustificables, cobró comisiones y efectuó adjudicaciones a sus propios socios que reconocieron los hechos.
El condenado se defendió asegurando que su cargo era privado –no público- que es un enfermo bipolar obsesivo, afectado de un complejo de inferioridad ante la familia de su ex mujer y, por ello, quiso ser capaz de diseñar un submarino, estudiar más carreras universitarios y traducir códices medievales, para ostentar la herencia propiedad del castillo medieval de su familia, en Santueri, Felanitx, Mallorca.
Matas puso al frente de Bitel –en cuyo capital participó Telefónica- a Damián Vidal tras haber actuado como perito de la defensa de su parte en un caso judicial de espionaje electrónico a los correos de un cargo del PSOE desde el ordenador de Presidencia. Por este caso se juzgó y absolvió, por falta de intencionalidad, a dos asistentes de Matas que no se sentó en el banquillo –era ministro- al ser amparado por la cúpula de la Fiscalía general contra el criterio de los fiscales en Palma.
Antes del juicio Damián Vidal descartó un pacto posible pacto de conformidad con la Fiscalía, de colaboración con la justicia para rebajar hasta cuatro años y medio la posible condena. Después negoció otra rebaja por retorno de fondos distraídos que tampoco cuajó. El presidente de la Sala que firma la sentencia, Eduardo Calderón, abandona el tribunal y pasa a un juzgado ordinario, saturado de trabajo, como otros cuatro magistrados que salieron de la Audiencia para ocupar empleos de rango inferior.
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los rojos an asesinado los que mas m8undialmente y en ESPAÑa son erederos del asesino de PARACUELLOs y si los defiendes es que cres que hacen bien y entonces eres peor que ellos que mataron al hermano de mi abuelo y al cura lo persiguieron

Bankia se desploma en Bolsa tras señalar el FROB su enorme pérdida de valor
Las acciones caen más de un 14% poco después de la apertura de sesión
Los títulos, que cuando salieron a Bolsa en 2011 valían 3,75 euros, ahora cotizan a 58 céntimos
Banco de Valencia también pierde hoy más de un 12% en el parqué
El País Madrid27 DIC 2012 - 10:05 CET235
Las acciones de Bankia han iniciado la jornada con fuertes caídas. Poco después de la apertura del mercado se desplomaban más del 14%, aunque una hora después corregían un poco esa bajada, al 12%. Es la resaca del anuncio que ayer realizó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que señaló que tras realizar tres informes independientes se ha cifrado en valor de la entidad y su matriz BFA en 10.444 millones negativos. El enorme agujero ha llevado a los títulos a cotizar en 0,58 euros.
Lejos queda el valor de las acciones en su salida a Bolsa. En julio de 2011 el precio de los títulos de Bankia era de 3,75 euros. El valor estipulado entonces para la empresa también era bien distinto: cuando la entidad anunció que preparaba su salida a Bolsa señaló que tenía un valor contable de 10.240 millones de euros.
Por su parte, Banco de Valencia se deja al inicio de la mañana de este jueves un 12,62% en el mercado continuo tras conocerse que, una vez determinado el valor de liquidación por un importe negativo de 6.341 millones de euros y para dar cumplimiento al Plan de Resolución que contempla la transmisión de las acciones de la entidad en manos del FROB a CaixaBank, la Comisión Rectora del FROB haya acordado aprobar su balance auditado cerrado a 31 de octubre de 2012, del que se deducen unas pérdidas de 3.310 millones de euros.
Las cuatro entidades nacionalizadas por sus problemas financieros derivados del ladrillo —BFA-Bankia, Banco de Valencia, CatalunyaBanc y NCG Banco— recibirán en los próximos días 36.968 millones de euros de dinero público. El dinero será inyectado una vez que las entidades realicen las operaciones de recapitalización —reducción y posterior ampliación de capital— para reducir sus necesidades de capital. Así, por ejemplo, la recapitalización de Bankia se realizará mediante la emisión de CoCos (obligaciones contingentes convertibles) por 10.700 millones que serán suscritos por la matriz BFA y que se convertirá en capital tras la operación de reducción de capital que previamente realizará la entidad para sanear sus recursos propios. Estas mismas entidades nacionalizadas, también dentro de su plan de saneamiento, han firmado además una transferencia hacia el banco malo, la Sareb, de 37.110 millones de euros en activos tóxicos.

Rajoy ultima un decreto para aplicar la reforma de pensiones del PSOE
El Ejecutivo endurecerá la jubilación anticipada en el último consejo del año
Carlos E. Cué Madrid27 DIC 2012 - 00:20 CET924

Santamaría y Báñez, tras el Consejo de Ministros del 30 de noviembre. / SAMUEL SÁNCHEZ
El Gobierno ultima un decreto para desarrollar la reforma de pensiones que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y que entra en vigor el 1 de enero de 2013, y que eleva progresivamente la edad de jubilación a los 67 años. No acelerará su aplicación, pero sí detallará cómo se hace, según fuentes gubernamentales. Además, el Ejecutivo pretende aprovechar ese decreto para aprobar la reforma sobre la jubilación anticipada y parcial que estaba negociando en el Pacto de Toledo y que trata de hacer mucho menos rentables y más complejas esas dos fórmulas, que ahora están utilizando sobre todo las grandes empresas para desprenderse de los trabajadores veteranos con sueldos más altos. Una de las propuestas que se maneja es retrasar esa jubilación anticipada a los 63 años.
La comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, que prepara el Consejo de Ministros, se reunió ayer en La Moncloa y trató el asunto aunque sin ningún papel encima de la mesa para evitar filtraciones, la gran obsesión de este Ejecutivo y en general de todo el equipo de Mariano Rajoy. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, anunció a los demás miembros del Gobierno que la intención es aprobar este decreto ley mañana, en el último consejo del año, para que entre en vigor a la vez que la reforma de pensiones del PSOE.
Burgos explicó en la reunión, según fuentes gubernamentales, que con esta reforma se pretende “aplicar las recomendaciones de la Unión Europea sobre el retraso de la edad efectiva de jubilación”. En realidad, como no hay aún papel, no se pueden ver los detalles, pero sin duda ahí estarán las claves cuando se apruebe el viernes. Fuentes gubernamentales insisten en que no será la reforma dura y radical con la que se especulaba.

El PP votó en 2011 contra el texto que ahora quiere desarrollar
Tras el Consejo de Ministros, será Rajoy quien comparezca para hacer balance del año, y él no suele explicar nada de lo aprobado, con lo que habrá que esperar a última hora de la tarde o a su publicación en el BOE para ver el alcance del decreto.
Burgos detalló en la comisión de subsecretarios que se iba a intentar pactar el asunto con el PSOE. La situación política es extraña. El PP va a aprobar el desarrollo de la reforma del PSOE, pero en 2011 votó en contra de ese texto, y Rajoy rechazó ampliar la jubilación a los 67 años. Por el contrario, no está claro que en este momento los socialistas quieran ahora con el PP el desarrollo de su propia iniciativa. En cualquier caso, habrá conversaciones estos días para intentar buscar un pacto. “Sin consenso con patronal y sindicatos, que no cuenten con nosotros para hacer ninguna reforma de la reforma”, señaló en un artículo el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. A los sindicatos no les convence la “desaparición de las distintas figuras de jubilación anticipada”, según aclaraban ayer Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo en EL PAÍS.
Cuando Burgos estaba explicando el asunto en la comisión de subsecretarios, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que preside la reunión, le interrumpió, según las mismas fuentes, para señalar que el asunto es tan “sensible” que se dejará para que se trate hoy en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside Rajoy. “Dejemos que el presidente decida sobre este asunto”, zanjó.

No está claro que los socialistas quieran ahora un acuerdo
La semana pasada, el presidente no acudió a esa reunión semanal de la delegada —fue la vicepresidenta quien presidió la cita, que se produjo en el Congreso— porque tenía que acudir a la copa de Navidad del PP en la calle Génova. Entonces no se habló de las pensiones. Sin embargo, esta semana será el asunto estrella.
Rajoy no quiere, al menos de momento, hacer caso a los sectores que le piden que endurezca aún más la reforma de Zapatero y que adelante la aplicación de los 67 años —el texto del PSOE plantea una progresión hasta 2027— o que amplíe los años para el cómputo de la pensión. La reforma socialista ya los amplió de 15 a 25 —esto implica reducir las pensiones, porque los últimos años de cotización casi siempre son con salarios más altos— y algunos le reclamaban al presidente que pase a computar toda la vida laboral, lo que reduciría muchísimo las prestaciones, puesto que, en un país con tanto empleo precario como España, muchos trabajadores cotizan por lo mínimo durante toda su juventud o directamente hay varios años en los que ni siquiera lo hacen.
Rajoy no quiere enfrentarse a esa batalla y prefiere de momento buscar otra vía, la de dificultar las prejubilaciones para intentar así subir la edad real de jubilación y acercarla a la efectiva, aún en los 65 años. Al presidente le da miedo, de momento, tocar de esta forma tan radical las pensiones y buscar un nuevo enfrentamiento a cara de perro con los sindicatos, que ya le han organizado dos huelgas generales. Sin embargo, el asunto es tan sensible, como explicaba a los suyos de Sáenz de Santamaría, que cualquier retoque genera una enorme inquietud. La respuesta de las dimensiones de este nuevo ajuste llegará mañana, siempre que hoy no lo pare Rajoy.

El clan de los 400: retrato de la corrupción en Cataluña
JANOT GUIL / BARCELONA
Día 29/12/2012 - 20.14h
Generaciones de políticos, clanes familiares y clubes de amigos se han repartido durante los últimos treinta años el dudoso negocio de la estafa desde la más altas esferas
óñóñ
EFE
«Hay unas 400 personas que nos encontramos en todas partes. Nos vemos coincidiendo en muchas cosas, tanto si somos parientes o no», dijo en 2001, mucho antes de que estallara el «caso Palau», el entonces respetado Félix Millet. Un diagnóstico que se confirma en los últimos treinta años de historia de Cataluña, plagada de casos de corrupción que implican a muchos sospechosos habituales, con CiU, al frente de la Generalitat durante casi toda esta etapa, de gran protagonista. Millet respondió así, sin ambages, en una reveladora entrevista a dos periodistas –Pere Cullell y Andreu Farràs– que escribieron el libro «El oasis catalán». Tras enumerar todas las entidades y empresas donde tenía cargos –Agrupació Mútua, Bankpyme, el Barça...–a Millet se le inquirió sobre la recurrencia de los mismos apellidos, de políticos, empresarios e ilustres de la sociedad civil, en el «who is who» de la historia reciente de Cataluña, el «leitmotiv» del libro.
ITV, la «nueva generación»
Desde el «caso Banca Catalana», que salpicó en 1984 al entonces presidente de la Generalitat y cofundador de Convergència, Jordi Pujol, se ha registrado hasta una veintena de casos de corrupción en los que se ha involucrado a CiU. Y el relevo generacional, tanto de cargos políticos dispuestos a servirse de la Administración para sus negocios y los de su partido, como de empresarios dispuestos al cohecho, parece asegurado. En el «caso ITV» que aún se investiga, uno de los hijos de Jordi Pujol, Oriol, secretario general de CDC y diputado en el Parlament, está implicado y podría ser imputado. Por intentar amañar concursos de adjudicación de estaciones de inspección técnica de vehículos, entre otros negocios. Entre sus socios –sí imputados– se cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor. Los «Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten localidad de segunda residencia: Urús, en la Cerdaña.
El clan Pujol
Oriol es el único Pujol «júnior» activo en política, pero forma parte de un clan —padre, madre y siete hijos— con un currículum bajo sospecha. Oriol y sus hermanos son miembros de al menos 73 empresas y en sus trayectorias figuran escándalos. Josep, por ejemplo, fundó la consultora Europraxis, y su hermano Oriol le encargó informes de dudosa utilidad cuando éste era secretario de Industria de la Generalitat. Otro Pujol hijo, Jordi, con negocios, hoteles y propiedades en Latinomérica, ha sido acusado por su ex pareja de llevar dinero a Andorra para ingresarlo en cuentas de la familia.
De la Rosa se rebela
El patrimonio de los Pujol y la denuncia de que tienen a buen recaudo su dinero en paraísos fiscales, como Suiza o Liechtenstein, ha vuelto a la actualidad tras trascender en plena campaña electoral catalana el apócrifo borrador atribuido a la Unidad de Delincuencia y Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Un documento que señala dichas cuentas, como otras cuyo titular era el padre de Artur Mas, como destino de comisiones por obras públicas. Y a estas acusaciones se ha sumado Javier de la Rosa, a quien en su día Jordi Pujol tildó de «empresario ejemplar», y que ha denunciado haber sido amenazado por querer desvelar las cuentas de los Pujol en el extranjero. De la Rosa sostiene que los empresarios Carles Vilarrubí —actual vicepresidente del FC Barcelona, amigo de Pujol y que ostentó varios cargos durante sus mandatos—, y Carles Sumarroca –con vínculos empresariales con los Pujol y mencionado en las escuchas del «caso ITV»–, sabían de estas cuentas. En su día, De la Rosa se jactaba de haber entregado mucho dinero a Convergència (CDC).
«Caso Palau»
Convergencia de intereses es lo que también asoma en el «Caso Palau». Millet y su mano derecha, Montull, habrían expoliado hasta 30 millones de euros en sus últimos años al frente del Palau de la Música. Y CDC se habría beneficiado. A través del Palau, y mediante empresas interpuestas y la Fundación Trias Fargas (ahora CatDem), CDC se habría embolsado hasta 6 millones de euros. Era dinero que varias empresas constructoras abonaban a través de la institución musical para pagar comisiones por obras públicas. El juez instructor, que imputó a un ex tesorero de CDC, declaró a Convergència responsable a título lucrativo. Le exigió una fianza de 3,2 millones. CDC la cubrió, en parte, con las escrituras del edificio sede del partido, que fue embargado.
Unió, también
No está embargada la sede del socio de coalición de CDC, Unió, aunque la formación que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, no tiene un historial sin mancha. Nueve militantes del partido fueron condenados por desviar fondos del Consorcio de Turismo de la Generalitat por el «caso Turismo». En 2009, se condenó al ex secretario general de la formación socialcristiana, Josep Maria Servitje y al empresario Víctor Manuel Acuña por malversacón de fondos públicos por unos informes inútiles y copiados, encargados por la Consejería de Trabajo cuando la encabezaba Ignasi Farreres, absuelto en este causa. A los dos condenados, el Gobierno del PP les concedió un indulto parcial que les libró de la cárcel.
A los casos de Turismo y Trabajo se les añade el «caso Pallerols», de presunto desvío de fondos de subvenciones para cursos de formación de parados. Comenzará a juzgarse el próximo 7 de enero, y en él están imputados varios ex cargos de UDC en la Consejería de Trabajo en los años noventa. Duran i Lleida está citado como testigo. El fiscal solicita que UDC sea declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo y pide que indemnice a la Generalitat con 1,7 millones de euros.
Pretoria, transversal
CDC y Unió atesoran varios casos de corrupción, pero en algunos de ellos también se han visto involucrados otros partidos, lo que abona la tesis del «oasis catalán» y la ley del silencio.
Baste reseñar la derivada del «caso Palau», el «caso Hotel Palau», por el que será juzgada la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona, del PSC, o el «caso Pretoria», donde los convergentes Macià Alavedra o Lluís Prenafeta se mezclan con al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), o el ex diputado socialista Luis García, «Luigi».

Justicia y el fiscal anticorrupción frenan el archivo del ‘caso Gürtel’
La Abogacía del Estado se opone a la nulidad de la instrucción por las escuchas de la cárcel
El juez Ruz rechaza el sobreseimiento del caso
Tras cuatro años, dos condenados y muchas causas abiertas
José Manuel Romero Madrid30 DIC 2012 - 20:35 CET548
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Camps y Rajoy en un mitin en Valencia en 2009. / CARLES FRANCESC
Cuatro años después del estallido del caso Gürtel,una trama de corrupción masiva vinculada a más de una decena de Gobiernos del PP y numerosos dirigentes de ese partido político, entre ellos su extesorero nacional, los abogados de los principales imputados —hay más de 70 implicados en toda la causa— intentan el sobreseimiento de la misma.
Los abogados se basan en las escuchas a los corruptos en la cárcel que ordenó el juez Baltasar Garzón, prorrogó el juez Antonio Pedreira, y los tribunales consideraron nulas un año después por vulnerar el derecho de defensa, dado que en muchos casos hablaban con sus letrados. Esa prueba nula, según los defensores del archivo del caso, contamina todas las demás pruebas en las que se sujeta la acusación.
Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye ahora la parte principal de esta causa, rechazó el pasado 17 de diciembre un nuevo recurso del abogado Ignacio Peláez pidiendo el sobreseimiento para su defendido, el empresario José Luis Ulibarri, imputado por delitos fiscales relacionados con la trama corrupta.

El cierre fue pedido por el abogado que denunció a Garzón ante el Supremo
Este empresario logró, por ejemplo, una adjudicación de terrenos en Boadilla del Monte, municipio madrileño gobernado por el PP, a cambio supuestamente del pago de una comisión ilegal de tres millones de euros.
El abogado Peláez fue grabado en la cárcel cuando habló con el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa. Por este motivo, se querelló contra el juez Baltasar Garzón, al entender que había ordenado unas escuchas ilegales que vulneraban el derecho de defensa. La querella acabó con la condena en el Tribunal Supremo a Garzón por prevaricación, lo que causó su expulsión de la carrera judicial.
Desde entonces, Peláez intenta en la Audiencia Nacional que se archive la causa contra su defendido, el empresario Ulibarri, argumentando, entre otras cuestiones, que las pruebas conseguidas contra él “son nulas y están viciadas por la forma en que se obtuvieron”.

Argumenta que las pruebas contra su defendido son nulas
Si la Audiencia Nacional aceptara el motivo de nulidad que alega el abogado Peláez, no solamente quedaría exculpado su defendido sino muchos otros y el caso Gürtel perdería todo el fundamento, pues en aquellas conversaciones de la cárcel, grabadas a partir del 18 de febrero de 2009, los jefes de la trama corrupta se referían a decenas de personas que están imputadas y sobre las que pesan numerosos indicios de delito.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, remitieron a mediados de diciembre sendos escritos al juez Ruz donde fundamentan su rechazo al sobreseimiento solicitado. “El alcance de la nulidad de esas pruebas”, esgrime el abogado del Estado Edmundo Bal Francés, “ha quedado ya determinado en esta causa penal y afecta a un mínimo acervo indiciario incriminatorio que ha sido separado de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los indicios racionales de criminalidad que se le imputan [al empresario Ulibarri] no traen causa de aquellas pruebas declaradas nulas”.

En los 13 días entre las detenciones y las escuchas se tomaron muchas pruebas
“Resulta imposible una proyección de la nulidad hacia atrás”, señala por su parte el escrito de la Fiscalía, “es decir, a pruebas obtenidas con anterioridad a las conversaciones anuladas”.
El juez Ruz hace suyas estas argumentaciones para rechazar el archivo y mantener la imputación del empresario Ulibarri.
Entre las detenciones y registros de las sedes donde operaban los cabecillas de la red Gürtel, ocurridas el 6 de febrero de 2009, y la orden para la intervención de comunicaciones en la cárcel de los jefes de la trama (19 de febrero de 2009), pasaron 13 días. En ese periodo de tiempo, la policía intervino numerosa documentación, en la que se sostiene una parte principal de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Además, la investigación del caso se había iniciado al menos seis meses antes, con intervención de las comunicaciones de los sospechosos en las que se sostienen también muchas de las acusaciones. Junto a ellas, decenas de testimonios recabados en la causa sin relación con las escuchas en la cárcel suponen nuevos indicios sólidos contra los imputados.
El abogado Peláez presentó la semana pasada un nuevo recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Pablo Ruz. Hace solamente dos meses, los magistrados ya rechazaron un recurso similar del mismo abogado y por parecidos motivos.

Cuatro años de expolios
Cuatro años después de que el juez Baltasar Garzón desarticulara una trama de corrupción masiva en instituciones gobernadas por el PP en al menos cuatro comunidades autónomas, ninguno de los principales responsables de la red corrupta permanece en la cárcel y la instrucción está lejos de terminar. El caso ha dejado ya dos condenados por cohecho: el exvicepresidente Víctor Campos y el ex alto cargo del Gobierno valenciano Rafael Betoret, que aceptaron haber recibido regalos de la trama corrupta —trajes, fundamentalmente— por su trato de favor en distintos contratos. En esa misma causa, el jurado absolvió por cinco votos a cuatro de los delitos de cohecho al expresidente valenciano Francisco Camps y al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. Las ramificaciones de la trama que dirigía Francisco Correa son múltiples y la instrucción de las distintas operaciones delictivas sigue su curso. Estas son las principales.
Corrupción en AENA. La Audiencia Nacional investiga y mantiene imputados a ex altos cargos de AENA, el organismo aeroportuario y de navegación aérea dependiente del Ministerio de Fomento, por adjudicar contratos a dedo a las empresas de la trama Gürtel a cambio de comisiones ilegales. El ministro de Fomento en la época en la que ocurrieron los hechos, Francisco Álvarez Cascos, no está imputado en esta causa.
Expolio en la visita del Papa. El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para a El juez Pablo Ruz ha conseguido testimonios clave para acreditar el amaño de un concurso que la televisión valenciana convocó para adjudicar la instalación de pantallas de televisión y altavoces en las calles de Valencia durante la visita del Papa. Una constructora leonesa sin ninguna experiencia en esos trabajos se llevó el contrato de 6,4 millones de euros; gastó tres millones en pagar a empresas subcontratadas y expertas y el resto lo repartió supuestamente entre la trama corrupta y los políticos que facilitaron el trabajo.
Cientos de contratos ilegales en la Comunidad de Madrid. Los últimos interrogatorios llevados a cabo por el juez Ruz durante el mes de diciembre en la Audiencia Nacional tienen que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, muchos sin un mínimo expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de autobombo en los que intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Todas las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez apuntan al mismo culpable: Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales.

Madrid cobró 2,3 millones de más a pensionistas con el copago farmacéutico
La Comunidad empezó en diciembre a reintegrar lo pagado por encima del tope en julio y agosto
El copago farmacéutico entró en vigor el 1 de julio sin el sistema informático necesario
Elena G. Sevillano Madrid3 ENE 2013 - 17:47 CET64
Madrid fue una de las comunidades que, al entrar en vigor el copago farmacéutico el 1 de julio pasado, aún no estaban preparadas para que las farmacias supieran cuándo un pensionista llegaba a su tope mensual de aportación (8, 18 o 60 euros, en función de la renta) y por tanto había que dejar de cobrarle los medicamentos. La región carecía entonces, y también ahora, de receta electrónica, por lo que no existía un sistema automático que permitiera dejar de cobrar una vez alcanzado el límite, como sí se hizo, por ejemplo, en Andalucía. En julio y en agosto los pensionistas pagaron el 10% del coste de sus fármacos sin límite. El resultado es que la Comunidad de Madrid les cobró indebidamente 2,3 millones de euros en esos dos meses.
Esta cantidad ya ha sido devuelta, según la Consejería de Sanidad. El reintegro de los 2,3 millones de euros se abonó por transferencia bancaria a lo largo del mes de diciembre, según señala en una nota de prensa. Sanidad también ha devuelto casi 7.900 euros a las cuentas corrientes de usuarios que habían pagado de más por discrepancias con la aportación que les correspondía según su nivel de renta. En total, se recibieron 217 solicitudes de reintegro por este motivo, según Sanidad. El copago farmacéutico empezó a aplicarse con datos desfasados de los pacientes, puesto que se tomó como referencia la declaración de la renta de 2010. Farmacias y centros de salud de toda España detectaron numerosos casos de personas a las que se había atribuido un código —y, por tanto, un porcentaje de pago de medicamentos— que no les correspondía.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció a finales de julio que los pensionistas madrileños no iban a tener que adelantar el 10% del coste de los fármacos que comprasen cada mes. El sistema que se puso en marcha en septiembre consistía en una tarjeta de cartulina en la que el farmacéutico iba apuntando a mano los importes que iban pagando los pacientes. El primer día laborable de la entrada en vigor de este sistema se produjeron colas en los centros de salud. El funcionamiento era muy básico: en la ventanilla les entregaban la tarjeta, en la que un administrativo anotaba a mano el nombre, el código de identificación personal, el del tipo de aportación, el límite de aportación (8, 18 o 60 euros, según la renta) y el mes de validez, además de estampar el sello del centro.
Previamente el funcionario había tenido que consultar todos esos datos en el sistema informático. Muchos pasos, que requerían varios minutos por paciente. Resultado: colapso en las unidades administrativas de los centros de salud. “Un caos”, se quejaba el primer día una administrativa del centro de salud General Ricardos, en Carabanchel, uno de los mayores de la capital, con casi 50.000 tarjetas sanitarias asignadas. Las quejas de los administrativos obligaron a volver a cambiar el sistema. Las tarjetas dejaron de entregarse a los pocos días. Montones y montones de ellas se quedaron almacenadas en los centros de salud.
La Consejería de Sanidad asegura que otras 150 solicitudes de reembolso por valor de 5.000 euros están en proceso de tramitación por errores en el tipo de aportación que correspondía a los usuarios. También se ha iniciado ya el proceso para devolver lo cobrado de más en septiembre, que supone "una cantidad muy inferior" a los 2,3 millones de julio y agosto, puesto que para entonces los pensionistas ya contaban con el documento para que el farmacéutico fuera anotando los pagos. Según la Consejería, el sistema de contabilidad de las recetas permite saber a posteriori si los usuarios han pagado por encima de su límite.

INFORME DE LOS INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA
Los inspectores acusan al Banco de España de alterar sus conclusiones
La asociación reclama que "se firmen los informes para que se asuman responsabilidades"
Los inspectores reprochan que hay "un excesivo nivel de filtros" en el supervisor
Íñigo de Barrón Madrid7 ENE 2013 - 07:43 CET98

La Asociación de Inspectores del Banco de España, que representa a más del 80% de los profesionales, denuncia irregularidades en los procesos de supervisión de las entidades financieras. “Entre el informe de la inspección y la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva del Banco de España hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección, de modo que el informe de los inspectores no figura entre los documentos de los que dispone la Comisión Ejecutiva”, reza un informe elaborado por los inspectores en sus primeras páginas. Y añaden: “Todo ello ha conformado una organización en el Banco de España en la que se ha debilitado la autonomía funcional y/o la técnica de los inspectores, que perjudica el desarrollo efectivo de su tarea supervisora”.

La crítica al supervisor llega tras la acusación de injerencia política en la crisis de las cajas
Fuentes oficiales del supervisor no han querido comentar estas afirmaciones. Sin embargo, ante esta reivindicación, en otras ocasiones, el Banco de España ha argumentado que se tiene en cuenta la opinión de los inspectores, si bien se realizan resúmenes de sus inspecciones (que pueden tener más de 100 folios) para un funcionamiento más práctico. La toma de decisiones, comentan, es un sistema colegiado en donde la responsabilidad de la intervención de una entidad recae en la Dirección General de Supervisión y no en un grupo de inspectores.
La crítica de la Asociación es de gran calado porque sugiere que se ha modificado el sentido del informe del inspector que ha analizado la situación de una entidad con profundidad. La acusación llega tras una crisis financiera que dura ya más de cuatro años y en donde ha sido necesario socorrer a dos tercios de las antiguas cajas con más de 50.000 millones de dinero público.
La acusación de injerencia política en la actuación del Banco de España se ha acentuado en los últimos años, marcados por la quiebra de Bankia, que puso a España al borde del rescate total.

Las principales denuncias
EL PAÍS
“No existe en la actualidad un procedimiento de rendición de cuentas y el sistema implantado de facto carece de la necesaria transparencia”.
“Los procesos de tomas de decisiones son inadecuados y poco transparentes: [...] hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección”.
“La influencia de la industria [...] ha modulado la actual supervisión [...] se ha relajado la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores”.
“Se ha perdido la práctica habitual en otros momentos de la emisión de actas de inspección, que han sido sustituidas por relaciones de hechos o meras recomendaciones”.
“Las peticiones de la inspección [a las entidades] son desatendidas”.
“Se ha actuado de un modo excesivamente suave en relación con infracciones [...], se ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas [...] o en situaciones como las de Alfredo Sáenz y otros directivos condenados penalmente”.
“Los problemas se conocían, simplemente ha habido una falta de actuación”.
“La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado. En el trabajo de la inspección aparecen con relativa frecuencia indicios de conductas que puedieran ser delictivas. No obstante, la finalidad del trabajo inspector se orienta hacia la detección de deterioros y evaluación de la gestión [...]. Esta circunstancia unida a la dificultad de probar conducta delictuales complejas hace que no se trabaje activamente en la persecución del delito”.
La Asociación de Inspectores ha dado el escrito, de 30 puntos, a la cúpula del Banco de España, dirigido por Luis Linde. La institución está revisando los fallos cometidos en la supervisión por mandato de Bruselas. Tras entregar el dinero del rescate bancario, la troika (Comisión Europea, BCE y FMI), ha exigido al Banco de España “una revisión interna formal para detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas”.
En el informe, titulado Mejoras en los procesos de supervisión del Banco de España, también se acusa a la dirección de que “la reacción ante los indicios de delito” hallados en la inspección, “es mirar hacia otro lado”.
Además de reforzar la condición de los inspectores como agentes de la autoridad y con categoría de altos funcionarios, proponen incrementar la transparencia en la toma de decisiones. “No existe en la actualidad un procedimiento de rendición de cuentas y el sistema implantado de facto carece de la necesaria transparencia”, señalan en el primer punto. Los inspectores afirman que “los procesos de toma de decisiones” en la institución “son inadecuados y poco transparentes”.
Para elevar el control sobre los gestores del Banco de España, los inspectores piden que sus obligaciones no se limiten “a la publicación de una memoria anual de supervisión” y a las comparecencias en el Parlamento. Reclaman que se conozcan “cuántos elementos emplea el banco para formar su criterio en materia supervisora, siempre que estos elementos deban ser conocidos”.
El primer paso para que haya luz y taquígrafos es que los autores de los informes se hagan responsables del contenido con su firma, algo que ahora no ocurre. “Cada actuación supervisora debe estar adecuadamente identificada. Cada informe debe ser firmado; ahora no ocurre y no son asumidos por nadie”, apuntan.

Los inspectores reclaman mayor "fiscalización democratica" del Banco de España
“En el caso de existir discrepancias entre los inspectores, los jefes de grupo y los directores de departamento, debe quedar expresa constancia de las mismas firmadas por cada responsable”, solicitan. La prueba de este problema llegó en la investigación judicial del caso Bankia. En dicho sumario, aparecieron informes sobre los graves problemas de gestión de Caja Madrid y de Bankia sin nombres ni firmas de los autores. En el Banco de España se considera que si algún documento oficial no está firmado, es la Dirección General de Supervisión la que se hace responsable de él.
También pide el informe más “responsabilidad de las actuaciones” del supervisor, en relación con los acuerdos tomados en los comités (ejecutivos, de política monetaria y de estabilidad financiera)”. En resumen, se reclama “una saludable fiscalización democrática que contribuya a asegurar que las autoridades se ocupan de los problemas de su competencia”. Buena parte de estas mejoras, se podrían recoger en el “código bancario” que a finales de este año debe presentar el Banco de España al Gobierno, dicen los inspectores. Además de refundir normativa, reclaman que se incluyan “las interpretaciones y acuerdos internos del Banco que afecten a los administrados”. Otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, hacen públicas sus deliberaciones pasado cierto tiempo. El objetivo que se persigue es presionar sobre los consejeros y que rechacen posiciones dudosas al saber que sus declaraciones van a ser conocidas pasado un tiempo.

No cumplir bien en el trabajo por el que cobren un dinero de los ciudadanos no deja de ser un R........ y en esta España R........ el apuntador y el director de la orquesta.
Tengo una pena penita pena, porque no se si la niña Santamaría sea quedado muda o la ha raptado el de todos Losantos, que la quería por ser recogidita como el pero le fastidiaba que fuera respondona.
Que vida la de mi amigo el explorador Trompeta que andaba a las doce y veinticinco y cuando tomábamos prestado el tope del tranvía de Carabanchel de los comanches y bebíamos el agua de fuego asomaba los pies por los costado y cuesta abajo parecía que iba a despegar, como los aviones del tío Ferrán que se quedaron en la casa de empeños de la Gran Bretaña.

abc.es / madrid
Día 10/01/2013 - 18.14h
Temas relacionados
Caso Pallerols (acontecimientos)
Josep Antoni Duran i Lleida (personajes)
El líder de Unió rompe su silencio en un diario de Chile, donde se encuentra de visita, y asegura que no abandorá sus cargos
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Duran Lleida, en una imagen de archivo
El líder de Unió, Josep Antonio Duran i Lleida, ha roto el silencio que ha mantenido desde que se dio a conocer el acuerdo alcanzado entre su partido y la Fiscalía para eludir la cárcel, que obligaba a UDC a devolver los 300.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del «caso Pallerols».
Duran se encuentra de visita en Chile, donde estará hasta el próximo lunes, y en declaraciones al diario chileno «La Tercera», ha respondido a las múltiples voces que piden su dimisión que no abandonará sus cargos.
«Por supuesto, no pienso dimitir. En su día el partido asumió responsabilidades políticas, expulsamos a quienes hoy están condenados o se dieron de baja voluntariamente y, por otra parte, abrimos una comisión investigadora, cosa que nadie ha hecho, con personas ajenas al partido», ha manifestado el líder de UDC.
Duran ha reconocido que en el año 2000, cuando se descubrió la trama, dijo que, de haberlas, asumiría sus responsabilidades. Pero ha precisado: «En 2000 manifesté que si hubiese habido una situación irregular yo asumiría responsabilidades, no hay financiamiento irregular y las responsabilidades políticas ya fueron asumidas».
El líder de Unió ha echado balones fuera y ha acusado a la oposición de «hablar antes de conocer la sentencia». «A Unió no se le ha acusado en absoluto de financiamiento irregular del partido. El fiscal dice claramente que en los hechos que sucedieron no teníamos noticia de ello, ni a los acuerdos que pudieran haber llegado los imputados», se ha defendido, y ha insistido en que «Unió Democrática no está imputada, ni condenada».
«Si usted tiene un piso y alguien está trabajando en su casa y deja el grifo abierto, usted no hace eso voluntariamente, ni tiene responsabilidad penal. Claro tendrá que pagar, pero es una responsabilidad civil subsidiaria», ha mantenido.

Jaaaaaaaaaaaa, jaaaaaaaaaaa, una muestra de la o de Obrero Español, simpático y dicharachero, su Alteza el Obispo Bono de la Mancha, uno mas en la aristocracia Obrera de Felipe el Hermoso, que ya quería quitar lo O de obrero y sustituirla por la M de Marqueses Españoles y ole, ole ole ole o le al Rocío me quiero marchar, hasta el mas tonto de la clase llamado Juan Guerra reclamo la propiedad del parque nacional de Doñana.
Jeronimoooooooooooooooooooooooooo, la verdad que la banda que junto el Felipe en la verbena de la Paloma, no tenían desperdicio, volver, volver, y volver, quiero volver, y una leche, que duda cabe que es mejor Rajoy que Felipe bailando el chotis en un ladrillo.

Por opinar algo alguien cree de verdad que el responsable del partido del señor Roldan, se merece figurar en los que aspiran a retornar de nuevo a la presidencia del PSOE, jaaaaaaaaaa, jaaaaaaaaa, jaaaaaaaa,

Luis Roldán Ibáñez
Nacimiento 16 de agosto de 1943 (69 años) 1
Zaragoza
Cargo(s) corrupción
Condena 31 años de prisión, cumplió 15
Situación actual en libertad
Ocupación Político, ex director de la Guardia Civil

Luis Roldán Ibáñez (n. Zaragoza, Aragón, España, 1943)1 es un ex-político que pertenecía al PSOE, conocido principalmente por ocupar a lo largo de su carrera política, entre otros cargos, el de director general de la Guardia Civil. Ocupaba este cargo cuando fue implicado en un sonado caso de corrupción, a resultas del cual tuvo que dimitir a finales de 1993. Este caso, junto a las denuncias de guerra sucia contra ETA mediante el GAL, contribuyó a la derrota del PSOE, del que era militante, en las elecciones generales de 1996 entre otros aspectos y otras cuestiones de corrupción. Entre otras de estas cuestiones es importante resaltar la contrata de adquisición de munición de 9 mm Parabellum a la empresa filipina Armscor, mediada por Francisco Paesa y destinada a la Guardia Civil. Desde el primer momento se apreciaron defectos en la misma, que llevaron a tener que desecharla en su totalidad. Numerosos guardias resultaban heridos en ejercicios de tiro de entrenamiento rutinario.
Al iniciarse las diligencias judiciales por sus actividades delictivas, Luis Roldán se fugó de España en 1994. Se entregó en 1995 en el aeropuerto de Bangkok. Entre 1996 y 1998 fue juzgado ante un tribunal de Madrid. Fue condenado a 28 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa, que el Tribunal Supremo incrementó a 31 años. 1 Estuvo desde febrero de 1995 en la cárcel femenina de Brieva (Ávila) y la Audiencia de Madrid desde el 2005 le permitió salir de la cárcel para trabajar,2 en un régimen intermedio entre el segundo y tercer grado.3 El 14 de noviembre de 2008, Roldán acudió a una entrevista televisiva, pero no aportó datos relevantes.
Biografía
Afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde 1976, cursó estudios de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Entre el 29 de diciembre de 1982 y el 31 de octubre de 1986 fue Delegado del Gobierno en Navarra. Entonces fue nombrado Director General de la Guardia Civil, siendo el primer civil que ocupaba el cargo de este cuerpo policial que mantiene disciplina militar. En este período se realizaron cambios en la institución y uno de sus logros más importantes fue la desarticulación de la dirección de ETA en la localidad de Bidart en 1992.
En 1993 el periódico Diario 16 publicó las primeras sospechas de aumento desmedido del patrimonio de Luis Roldán, que llevaron finalmente a su destitución el 3 de diciembre de ese mismo año. Los trámites judiciales se fueron incrementando, y el 29 de abril de 1994, Roldán se fugó de España. Dado que el ministerio de Interior se había hecho responsable de su vigilancia, su responsable Antoni Asunción presentó su dimisión inmediata. Se comentó durante un tiempo que pudo estar escondido en el municipio zamorano de Mombuey, de donde su mujer es natural.4
Roldán fue detenido por policías españoles el 27 de febrero de 1995, en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia), en una entrega poco clara y en la que supuestamente participó el agente del CESID Francisco Paesa.5 Antes de entregarse pactó desde Laos, en documentos conocidos como «los papeles de Laos», que sólo podría ser juzgado por dos delitos: cohecho y malversación.6
Fue juzgado por la Audiencia de Madrid y condenado el 26 de febrero de 1998 a 28 años de cárcel, por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Entre lo que quedó demostrado estaba que se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones. Por ello se le impuso una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones. Con él fueron condenados su ex esposa Blanca Rodríguez-Porto por encubrimiento y delito contra la Hacienda pública y su testaferro Jorge Esparza Martín. El 21 de diciembre de 1999, el Tribunal Supremo de España confirmó los delitos e incrementó la condena a 31 años de cárcel.
Además de sus delitos monetarios Roldán realizó acusaciones de varios altos cargos en delitos referentes al GAL en la guerra sucia del Estado contra ETA.
Estuvo desde febrero de 1995 en la cárcel femenina de Brieva (Ávila) y la Audiencia de Madrid desde el 2005 le permitió salir de la cárcel para trabajar. El 14 de noviembre de 2008, Roldán reapareció en televisión: concedió una entrevista en directo a María Teresa Campos en el canal Tele 5, donde no aportó datos relevantes.
Los jueces han logrado recaudar en el procedimiento civil 1.646.845 euros con el embargo de cuentas corrientes y la subasta de algunas de sus propiedades intervenidas en España. El grueso de su fortuna, equivalente a 10 millones de euros del año 1993, se encuentra escondido.
El 19 de marzo de 2010 salió de prisión después de 15 años de condena.7 Para Luis Caridad, es de justicia que quien ha cumplido su pena quede libre, pero no debería considerarse que ha pagado su culpa porque no ha retornado lo robado.8

Almerienses del Siglo XXJOSÉ BARRIONUEVO
Político

Virgitano de nacimiento, en 1942, José Barrionuevo vivió en Madrid desde pequeño donde estudió Derecho y Periodismo, aunque sacó plaza como inspector de Trabajo que le llevó a Guipuzcoa y de nuevo a Madrid.

Como político comenzó su andadura en 1977 cuando se presentó en las elecciones por el PSOE en Madrid. Dos años más tarde optó a las municipales de la capital de España y formó parte del equipo de gobierno como teniente de alcalde y portavoz después. En 1982 se presenta a las elecciones generales con Felipe González y ocupa la cartera de Interior hasta 1988, cuando pasa a Transportes, Turismo y Comercio. Ha sido diputado en el Congreso desde 1986 a 1996.

El acta de diputado se la retira el Tribunal Supremo cuando es sentenciado por el caso Marey, en el que estaba imputado. En septiembre de 1998 ingresa en prisión. El Tribunal Constitucional suspende la sentencia, le inhabilita para cargo político y vuelve a su puesto en el Ministerio de Trabajo.

Wikipedia

Los gatos pardos se unieron a la izquierda
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pido disculpas por haber puesto Wikipedia, cuando es del Diario Ideal

Mariano Rubio Jiménez (Burgos, 14 de noviembre de 1931- † Madrid, 4 de octubre de 1999) fue un economista español y gobernador del Banco de España entre 1984 y 1992. ( WikipediA )
Biografía
Regresó a España en 1963, incorporándose al Ministerio de Hacienda, cuyo titular en ese momento era Mariano Navarro Rubio, que en 1965 es nombrado Gobernador del Banco de España. Mariano Rubio se integra entonces en la entidad financiera en calidad de Subdirector de Departamento.
En 1970, siendo Ministro de Hacienda Alberto Monreal Luque es nombrado Director General de Política Financiera, cargo del que dimite tres meses después. En 1973 pasa a dirigir la empresa Enagás.
Iniciada la Transición, se incorpora al Partido Social-Demócrata de Francisco Fernández Ordóñez. En 1977 es nombrado Subgobernador del Banco de España, cargo que ocupa hasta 1984, año en que es nombrado Gobernador del Banco de España. Ocupó este cargo hasta julio de 1992. Durante su etapa al frente de la entidad tuvo que hacer frente a la grave crisis financiera que atravesó el país.
Tras unas informaciones reveladas por el Diario El Mundo en 1992, en las que se denunciaba su implicación en un delito de fraude a Hacienda (Caso Ibercorp), dimitió de su cargo.1 Una segunda causa en la que se vio implicado fue la conocida como "Caso Mariano" causa por haber mantenido una cuenta opaca para el fisco, con unos 180.000 euros y bajo un nombre en clave. Cuenta que se la gestionaba el propio Manuel de la Concha, implicado en el caso Ibercorp. El 5 de mayo de 1996 ingresaba en prisión, de la que saldría bajo fianza a petición del Fiscal Jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo. Falleció en Madrid a la edad de 67 años víctima de un cáncer de colon. Estuvo casado con la escritora Carmen Posadas.

La venganza póstuma de Mariano Rubio
EL CORREO.COM


En 1994, Juan Pedro Hernández Moltó era el portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso. El 15 de abril de aquel año, comparecía en la comisión el ex gobernador del Banco de España , Mariano Rubio, para responder a un duro interrogatorio de sus señorías. El conocido como ‘caso Ibercorp’ que le había obligado a dimitir en 1992, había derivado en otras responsabilidades. La principal, la de haber mantenido una cuenta opaca para el fisco, con unos 180.000 euros y bajo un nombre en clave.
Aquel día, el interrogatorio más duro correspondió al hasta ayer presidente de la Caja Castilla-La Mancha. Hernández Moltó puso cientos de kilómetros de distancia entre Mariano Rubio y el PSOE, aquella tarde en la que pronunció la famosa frase: “¡Míreme a la cara señor Rubio, míreme a la cara!”. El diputado socialista recordó que cuando estalló el caso Ibercorp, en 1992, el PSOE le había respaldado. Incluso Felipe González había llegado a asegurar que ponía la mano en el fuego por el entonces máximo responsable del “Banco España”, como lo llamaba el propio Rubio. Las dudas sobre si había favorecido o no a sus amigos eran una cosa. La evidencia de que el guardián del Tesoro defraudaba a Hacienda, era más de lo que se podía soportar.
Ayer por la tarde, casi quince años después, quizá Mariano Rubio, allá donde esté, esbozó una sonrisa malévola al conocer la decisión del Banco de España de intervenir la caja de Hernández Moltó, que se ha convertido en el primer cadáver de la crisis financiera en España. Desgraciadamente, intuyo que no será el último.

Jaaaaaaaaaaa, jaaaaaaaaaaaaaa, dice el Rubal que van hacer una política distinta y la cosa es para echarse a temblar, porque entonces que han estado haciendo hasta hora, acaso van a renovar a los barones, entre los que el se encuentra, acaso van a bajar del paraíso y van hablar con los obreros. y van a sentar un pobre es sus reuniones del comité federal.
Jeronimooooooooooooooooooooooo, prepara la escoba y la fregona haber si se van las cucarachas.

Cada vez más familias sacan a sus abuelos de las residencias para vivir de su pensión

I.M. Zaragoza|13/01/2013 a las 06:00 16 Comentarios.

Hogares aragoneses con todos los miembros en paro aducen que ahora tienen tiempo para cuidarles y reconocen que la paga del anciano ayuda a llegar a fin de mes.


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El camino de vuelta de la residencia de ancianos al hogar familiar se está agudizando con la crisis económica. Cada vez se dan más casos de personas mayores deben dar este paso, solicitado normalmente por los hijos o nietos, para contribuir con su pensión a llegar a fin de mes.

No hay cifras sobre esta realidad, pero los trabajadores de los centros de atención lo confirman. “Teníamos a una señora con Alzheimer hasta que un día vino la hija a llevársela a casa. Se había quedado en paro”, explica Pilar Ferruz, directora de la Residencia de Mayores y Centro de Día de Sástago, gestionada por la Fundación Rey Ardid.

“Su plaza costaba más de 1.200 euros, y la hija reconocía que ahora tenía tiempo para cuidarla ella misma, y así aprovechar ese dinero para la familia, que estaba en apuros”, resume.

Esta situación se da cada vez con más frecuencia, y afecta a las personas mayores con pensiones medias-altas, cuyos ingresos pueden representar un significativo impulso a la economía familiar. Los trabajadores del sector reconocen que son pocos los casos que se dan cuando la pensión es baja.

Solo en Aragón hay ya cerca de 30.000 familias con todos los miembros en paro, y son estos hogares los que peor están pasando la crisis. Sin embargo, no todos reconocen esta situación por vergüenza.

Ferruz cuenta más casos: “Hace poco se llevaron a un señor del centro de día que pagaba unos 500 euros porque no podían pagarlo”, comenta. A su juicio, y al de otros profesionales, es importante que en el retorno al hogar no pierdan calidad asistencial.

De hecho, la primera pregunta que hace una familia al llamar a una residencia ya no es acerca de los servicios, sino “cuánto cuesta al mes”, señala la directora. Porque no solo se están dando de baja a personas mayores de las residencias, sino que cada vez se registran menos solicitudes de entrada.

Érase una vez un dirigente político, llamado Rubal el de los descalzos, que se quedo dormido en el parlamento burgués y como la mariposa se encerró en su yo, para querer reinventarse en primavera, jaaaaaaaaaaaa, jaaaaaaaaaa, jaaaaaaaaa.
La cosa esta en que el dejo morir a un jornalero zapatero, que se cargo a sus costillas todos los males del vals de las mariposas, o mariposones que flotaban alrededor del poder, cuya herencia fueron los ministros convictos y confesos de los gobiernos del hermoso.
Uno que no es otro se pregunta: Qué queda de aquel Dani o Daniel el rojo, qué queda de aquella movida aparte del disfraz de Alaska, unos cuantos hígados y pulmones hechos una mierda y la próstata averiada para cortar y tirar.

Condenados dos cabos por utilizar un patrullero de la Armada para traficar
Los militares transportaron 223 kilos de hachís desde Ceuta a San Fernando
Javier Martín-Arroyo Sevilla13 ENE 2013 - 21:13 CET22

El patrullero empleado para transportar la droga. / armada española
Dos cabos de la Armada han sido condenados a cinco años de cárcel por traficar con 224 kilos de hachís, que transportaron desde Ceuta a San Fernando (Cádiz) en 2008. Ambos militares, de iniciales J. R. C. y M. F. M., trasladaron los fardos, valorados en 318.000 euros, en el Patrullero P-114 de la Armada, con base en Ceuta, hasta la base naval de la Carraca en San Fernando (Cádiz). "Introdujeron en el patrullero siete bolsas de deporte y una mochila conteniendo hachís, que procedieron a estibar", reza la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo con sede en Sevilla. El fallo no es firme y ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. Las condenas contra militares por tráfico de drogas son esporádicas. Además, estos fallos casi nunca trascienden a la opinión pública dada la reserva extendida en el código militar, a diferencia de los códigos penal o civil.
Ambos procesados cometieron, según el tribunal, un delito contra los deberes del servicio a bordo, por "embarcar sin autorización drogas tóxicas", en concurso con un delito contra la salud pública. "El hoy condenado M. F. fue observado por los policías de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) moviendo bultos en la zona de proa de la embarcación junto al cabo C. P. Además, ambos acusados fueron vistos (y fotografiados) cuando se encontraban junto al tan señalado tambucho con la tapa abierta", refleja la sentencia.
Los militares han sido condenados por unas pruebas indirectas. Es decir, unos indicios que el tribunal considera probados, aunque ninguno de ellos fue visto mientras introducía la droga en el patrullero y el análisis de los teléfonos incautados no acredita que fueran utilizados “para la comisión del delito”.
La sentencia relata que, tras acercar un coche al patrullero, los cabos introdujeron las bolsas de deporte rodeadas por un trapo empapado en amoniaco, para así camuflar el olor proveniente del hachís y despistar a los perros en caso de que realizaran una inspección. Pero el grupo de estupefacientes de la Udyco tenía ya en marcha la operación Fragata, después de saber que se estaba transportado droga en embarcaciones de la Armada.
Los policías hicieron "seguimientos discontinuos del personal del patrullero". Hasta que concluyeron que los dos cabos estaban implicados. Los pinchazos telefónicos no dieron sus frutos, pero el tribunal relata los movimientos y contactos de los militares los días previos a sus detenciones, a finales de marzo de 2008.
Uno de ellos navegó en la patrullera y el otro viajó a Algeciras en su coche, mientras que el comandante del patrullero fue alertado por la policía de que posiblemente se estuviera transportando hachís esos días en la embarcación. Al llegar la embarcación a San Fernando, se procedió a la revisión de la mercancía y, tras hallarse los fardos, la policía naval ordenó a la tripulación que depositaran sus móviles en una mesa para estudiarlos. Los agentes vieron que J. R. C. portaba cuatro teléfonos y M. F. M., dos.
Entre las pruebas que destaca la sentencia figura que uno de los cabos no supo "explicar sus continuas visitas al patrullero el día 22, cuando se encontraba libre de servicio, ni los movimientos realizados en la proa de la embarcación y da una explicación inverosímil del porqué se encontraba abierta la trampilla del tambucho donde luego se encontraría el hachís". El condenado argumentó que estuvo buscando en el tambucho, un compartimento del patrullero, una defensa para la embarcación. Pero ese día no había oleaje y apenas viento, lo que habría justificado que se pusiera una nueva defensa. Además, resulta "prácticamente imposible" que se pudiera coger “sin apreciar que se encontraban las bolsas en dichos tambuchos”.
El jefe del grupo de estupefacientes de Ceuta manifestó en la instrucción que otro marinero, de iniciales M. S., era el intermediario entre el proveedor y los acusados, pero no hallaron indicios suficientes para acreditarlo. Mientras, el jefe del patrullero declaró que las bolsas no podían haberse introducido en la embarcación "sin que fuera percibido por el marinero de guardia".
La policía naval subrayó que, para introducir la droga en el patrullero, era necesario "un detallado conocimiento de la utilización que se hacía de los compartimentos y de su distribución (…), además de la complicidad del personal de guardia". La operación debió desarrollarse en unos diez o 20 minutos y no pudo "llevarse a cabo sin que fuera descubierta por quien se encontrara a bordo de la embarcación".
La sentencia destaca que el cabo M. F. fue observado por los policías de la Udyco "moviendo bultos en la zona de proa de la embarcación junto al cabo C. P.". A pesar de que no fueron vistos introduciendo la droga en la patrullera, el tribunal concluye que así lo hicieron, dado que el tamaño de las bolsas hace imposible pensar que ambos buscaran una defensa sin advertir los fardos de droga que ya estaban allí acumulados. "La explicación alternativa dada por ambos cabos ha sido desmentida tajantemente por el comandante del buque". El fallo también subraya que el modo de actuar de los militares coincide con el de otras operaciones de narcotráfico: "mediante teléfonos de tarjeta a nombre de terceras personas" y contactos con móviles marroquíes a través de mensajes, para evitar que les interceptaran las comunicaciones orales.
Los abogados de los condenados exigieron que se considerara atenuante la "dilación indebida" en el proceso, dado que han transcurrido cuatro años y seis meses desde los hechos hasta la sentencia, pero el tribunal lo descarta por "la complejidad de la causa".

Una juez decide investigar el ático de lujo de Ignacio González en Marbella
Solicita al fisco toda la información sobre una empresa de un paraíso fiscal
J. A. R. Madrid16 ENE 2013 - 01:03 CET211
inmueble de Guadalmina
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La juez de Estepona Mariana Pelegrina Blanco ha decidido investigar la propiedad del ático de lujo del que disfruta en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La titular del juzgado de instrucción número cinco de la localidad malagueña ha reclamado a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria que le remita “toda la información fiscal” sobre la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) propietaria del piso, de 500 metros cuadrados y sito en la lujosa urbanización Alhambra del Golf. La juez, en un auto fechado el pasado 9 de enero, también da por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático elaborado por la Fiscalía Anticorrupción.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), empeñado en demostrar que el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 “por un fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de una sociedad off shore llamada Coast Inverstors” por un millón de euros.
La denuncia añade que Lourdes Cavero, esposa del hoy presidente de la Comunidad de Madrid, alquiló el piso mediante un contrato de larga duración por 2.000 euros al mes. Ese precio es considerado una ganga para una zona donde el precio medio de los alquileres para casas de esa calidad es de 6.000 euros al mes. Además, el SUP sostiene que González ni siquiera paga ese alquiler.

Coast Investor es, a su vez, propiedad de otra firma con cuentas en Panamá, según el SUP. Esta segunda empresa es representada por una firma de abogados en España y en ella se ocultan, según el sindicato liderado por José Manuel Sánchez Fornet, ciudadanos españoles que serían los “últimos beneficiarios” de la propiedad del piso, entre los que el SUP sospecha que se encuentra González.
La Fiscalía Anticorrupción ya archivó el pasado mes de mayo una denuncia del SUP en el mismo sentido. Además, el primer comisario general de Policía Judicial nombrado por el Gobierno de Rajoy, Enrique Rodríguez Ulla, fue destituido por abrir una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo que usa en Marbella Ignacio González. Este, a su vez, siempre ha sostenido que es un mero inquilino y ha retado a que se demuestre que posee tal ático. Afirma disponer de toda la documentación sobre los pagos de su alquiler.

WikipediA
Jaime Ignacio González González (Madrid, 19 de octubre de 1960), más conocido como Ignacio González, es un político español militante del Partido Popular, presidente de la Comunidad de Madrid desde el 26 de septiembre de 2012. Es el 4º máximo dirigente que tiene esta región tras los mandatos de Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina.1 Asimismo, también ocupa el cargo de secretario general del PP de Madrid.
Es hijo de Pablo González Liberal, candidato suplente al senado en 20082 y actualmente secretario técnico general del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado.3 Está casado con Lourdes Cavero Mestre,4 vicepresidente tercera de la asociación empresarial madrileña CEIM,5 y tiene tres hijas.6

Formación
Ignacio González González nació en Madrid el 19 de octubre de 1960. Casado y con tres hijas, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y aprobó las oposiciones de Técnico Superior del Ayuntamiento de Madrid en 1984. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la Administración Pública, en la que lleva desempeñando puestos de responsabilidad desde hace más de 20 años.
Miembro del Partido Popular de Madrid, su carrera política ha estado siempre muy vinculada a la de Esperanza Aguirre7 , con quien trabajó en el Ayuntamiento de Madrid y en el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, antes de formar parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Gobierno de España
Fue subsecretario del Ministerio de Cultura, Educación y Deportes (1996-1999), durante el mandato de Aguirre y secretario de Estado para la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas (1999-2002), con Jesús Posada al frente, donde gestó la llamada ventanilla única.8
Durante el último mandato de José María Aznar, entre 2002-2004, Ignacio González desempeñó la labor de secretario de Estado de Inmigración en el Ministerio del Interior, organismo que dirigía por aquel entonces Ángel Acebes. Durante este tiempo, Ignacio González fue el artífice de la reforma de la ley de Extranjería de España que se pactó con el PSOE en 2003.9
Comunidad de Madrid
En 2003, es nombrado vicepresidente primero del Gobierno de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo regional y desde febrero de 2009, se hace cargo de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid,10 cargos que compagina con la presidencia del Canal de Isabel II,11 la empresa pública que gestiona el agua en Madrid, y la vicepresidencia del Comité Ejecutivo de Ifema12 además de ser patrono del Teatro Real de Madrid.13
Tras el anuncio de dimisión de Esperanza Aguirre el 17 de septiembre de 2012, ocupó la presidencia interina de la Comunidad (por ser vicepresidente).14 El 26 de septiembre fue elegido cuarto presidente de la Comunidad por la Asamblea de Madrid, tomando posesión del cargo al día siguiente.15
El primer Gobierno de Ignacio González está conformado por ocho consejerías y sin vicepresidencia16 , como en la primera legislatura de Alberto Ruiz-Gallardón 17 . Se trata de un Ejecutivo continuista del formado por Esperanza Aguirre, con pequeños cambios, como la salida del exconsejero de Economía Percival Manglano y la exconsejera de Presidencia y Justicia Regina Plañiol, ahora diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. En la reforma del Gobierno regional, González ha cambiado las competencias de varias consejerías. La Consejería de Transportes e Infraestructuras asimila el área de Vivienda, anteriormente adscrita a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Asimismo, la Consejería de Educación, pierde las competencias en materia de Empleo y suma las de Juventud y Deporte. La anterior Viceconsejería de Cultura y Deporte desaparece como tal y se crea una nueva Consejería de Turismo, Cultura y Empleo, con Ana Isabel Mariño al frente de ésta. La Portavocía del Gobierno regional se enmarca dentro de la Consejería de Presidencia, cuyo titular es ahora Salvador Victoria Bolívar, que se convierte así en el número dos del Ejecutivo madrileño.
Partido Popular
Dentro de los órganos de gobierno del Partido Popular, forma parte del Comité Ejecutivo Nacional y ocupó el cargo de presidente del Comité Electoral del Partido Popular de Madrid hasta el 23 de noviembre de 2011, cuando es designado secretario general del PP de Madrid18 a propuesta de la presidenta del partido Esperanza Aguirre.19 20
En enero de 2009, el diario Público publicó que había tenido acceso a lo que consideraba un informe secreto del Partido Popular acerca de los negocios personales de Ignacio González. El texto, de 69 páginas, tal como citaba el propio periódico, era una investigación que abarcaba desde el "núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente" 21 . Según Público, en el informe se citaba que el patrimonio de González y su esposa alcanzaba los 1,8 millones de euros. El por aquel entonces vicepresidente presentó una demanda contra ese diario por considerar vulnerado su derecho al honor que fue desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid 22 .
Entre julio y agosto de 2011, Ignacio González fue sometido a una investigación por parte de la Policía, en relación al uso de un ático de lujo en Marbella.23 Según un comunicado de la Dirección General de Policía, la investigación fue ordenada al margen de la autoridad judicial y de los procedimientos ordinarios. Este extremo fue negado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, que calificó como "habitual", la realización de "actuaciones indagatorias previas", sin autorización del juez.24
Como consecuencia de esta investigación, en abril de 2012 la Dirección General de la Policía abrió un expediente disciplinario al comisario jefe de la Comisaría Local de Marbella, Agapito Hermes de Dios, según el mismo, a petición propia.25 Al mismo tiempo, dicho comisario solicitó la baja como responsable de la comisaría marbellí, siendo relevado de su cargo 26 . Los agentes que llevaron a cabo los seguimientos a González, en su declaración ante la Unidad de Asuntos Internos, admitieron que investigaron al político, especificando que actuaron siguiendo las instrucciones de la Dirección Adjunta de la Policía, que dirigía el ya fallecido Miguel Ángel García Chico.27
Finalmente, el expediente disciplinario concluyó con una sanción de 10 días de suspensión al comisario Hermes, por la pérdida de los documentos sobre el ático, cualificada como falta grave.28 No obstante, en 2012, la Brigada de Blanqueo de Capitales realizó investigaciones policiales, que no requerían autorización judicial, sobre presuntas irregularidades en la compra del ático, sin encontrar datos sospechosos.

'CASO GÜRTEL'|LAS CUENTAS DE BÁRCENAS EN SUIZA
El abogado de Bárcenas desvela que regularizó 10 millones de Suiza
La Agencia Tributaria desmiente que el extesorero del Partido Popular se haya acogido a la amnistía fiscal
El comunicado de Hacienda no excluye la posibilidad de que Bárcenas participara en un proceso "ordinario" de regularización

El PAIS
El abogado de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular investigado por la Audiencia Nacional, ha asegurado esta mañana que su cliente había regularizado 10 millones de euros, aunque no ha especificado que fuera acogiéndose a la Declaración Tributaria Especial, más conocida como amnistía fiscal. De hecho, la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha negado en un comunicado que Bárcenas se hubiera acogido a esta amnistía.
El desmentido de Hacienda no excluye, pues, que el extesorero se haya podido acoger a un proceso voluntario de regularización contemplado en el artículo 27 de la ley general Tributaria. Es decir, Bárcenas sí podría haber regularizado los 10 millones de euros, como hoy ha asegurado su abogado, Alfonso Trapello, a través del procedimiento ordinario.
Fuentes del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro habían explicado ya esta mañana a EL PAÍS que si hubiera habido una investigación abierta por la Agencia Tributaria por alguna infracción o irregularidad fiscal no se habría podido haber beneficiado del indulto fiscal del Gobierno. Es decir, que si los inspectores de Hacienda hubieran abierto un acta de inspección a Bárcenas este no podría haber limpiado los 10 millones de euros que regularizó con la amnistía.
La amnistía fiscal resultó ser una de sus decisiones más controvertidas del Gobierno, que la justificó por la necesidad de lograr ingresos públicos en una “situación extraordinaria”. En diciembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicó que el fisco ingresará finalmente unos 1.200 millones, menos de la mitad de los 2.500 millones presupuestados.

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Durante seis meses (del 30 de marzo al 30 de noviembre), la amnistía fiscal permitió a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10% de multa, un tipo muy inferior al aplicado en la mayoría de impuestos. Además, como es frecuente en estos procesos, Hacienda blindó a los evasores de investigaciones penales por regularizar el dinero oculto. Y adelantó que, una vez cerrada la amnistía, endurecería las medidas antifraude.
Hacienda fue más allá: extendió la amnistía al dinero en efectivo; aseguró que la Agencia Tributaria no haría comprobaciones “aisladas” de los datos suministrados en la declaración. Y, en el caso de que se acreditara que se tenía el dinero oculto desde antes de 2008 (ejercicios prescritos), limitó la multa del 10% a los intereses generados entre 2008 y 2010: una escuálida contrapartida a cambio regularizar todo el capital.

La regularización fiscal sigue pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional porque el PSOE considera que quiebra principios de la Carta Magna.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha desvinculado esta mañana a su partido de la actividad de Bárcenas: “Nada tiene que ver la actividad del señor Bárcenas con el PP”. Además, ha pedido una “rectificación” a la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, al considerar una “insidia” haber relacionado la regularización fiscal con la intención del Gobierno de proteger a Bárcenas.
El hombre que manejaba hasta 2009 las cuentas del Partido Popular dispuso en Suiza, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, de unos 15 millones de euros como saldo medio, entre dinero líquido y valores. A finales de 2007, alcanzó incluso los 22 millones.
Esta mañana EL PAÍS ha adelantado que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, ha localizado en un banco de Nueva York dos cuentas a nombre del extesorero nacional del PP a las que este habría transferido 2,5 millones del total. El también exsenador por Cantabria habría remitido ese dinero a una cuenta del HSBC de Nueva York (EE UU), en 2009, tras estallar el caso Gürtel y verse él entre los investigados junto con numerosos altos cargos del PP

El juez localiza en EE UU dos cuentas a las que Bárcenas transfirió 2,5 millones
El extesorero del PP habría remitido ese dinero a una cuenta del HSBC tras estallar el 'caso Gürtel'
José Antonio Hernández Madrid 17 ENE 2013 - 12:34 CET172 ( El PAIS )
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Pablo Ruz, en la Audiencia Nacional, el pasado agosto. / Álvaro García
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, ha localizado en un banco de Nueva York dos cuentas a nombre del extesorero nacional del PP Luis Bárcenas a las que este habría transferido 2,5 del total de 22 milllones de euros que llegó a ocultar en Suiza entre los años 2005 y 2009.

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El también exsenador por Cantabria del PP habría remitido ese dinero a una cuenta del HSBC de Nueva York, en EE UU, en 2009, tras estallar el caso Gürtel y verse él entre los investigados junto con numerosos altos cargos del PP. Bárcenas sabía, cuando empezó a vaciar sus cuentas de Suiza, que el primer juez instructor de la trama Gürtel, Baltasar Garzón, había enviado peticiones de ayuda a este país para que le informasen sobre las cuentas de los miembros de la red que dirigía Francisco Correa. Y también supo que tanto a Correa como a su socio, Pablo Crespo, exsecretario general del PP de Galicia, Garzón había logrado bloquearle un total de 21 millones de euros en el país helvético. Por lo que vio peligrar el dinero y se dispuso a sacarlo de Suiza cuanto antes.
Que Bárcenas remitió al HSBC de Nueva York un total de 2,5 millones de euros se desprende de la información contenida en la comisión rogatoria internacional que acaban de enviar al juez Ruz las autoridades suizas en relación con el destino que dio el extesorero del PP al dinero que supuestamente habría recibido de Correa a cambio de intermediar a favor de obras públicas y otras prebendas para la trama Gürtel.
El juez Ruz ha enviado ahora, pues, una nueva comisión rogatoria a Estados Unidos ( en realidad un complemento, puesto que los jueces estadounidense llevan mucho tiempo colaborando en el caso Gürtel) para que se le informe de esas dos cuentas del HSBC descubiertas en Nueva York y cuyo titular es Bárcenas. A ellas llevó los citados 2,5 millones millones de los 22 de que dispuso en la entidad financiera Dresner Bank (LGT) de Ginebra (Suiza) a nombre de la Fundación Sinequanon. La citada fundación estaba residenciada en Panamá, pero detrás de ella emergía el nombre de Luis Bárcenas Gutiérrez, según ha podido acreditar el magistrado. Ruz quiere saber a dónde llevó Bárcenas, no solo estos 2,5 millones, también los otros 19,5 de Suiza. Dónde los tiene ahora. Y, sobre todo, cómo y de dónde consiguió el extesorero nacional del PP tantos millones de euros.

González admite que ya ha comprado el ático investigado por 770.000 euros
El presidente madrileño reconoce que adquirió la vivienda de lujo el pasado 18 de diciembre
El 80% es de su esposa, mientras que él tiene el 20%, que equivale a unos 154.000 euros
La venta no pudo formalizarse antes, ha dicho, porque el piso no estaba inscrito en el Registro
El vendedor del ático ganó 20.000 euros con la operación
"No tiene más salida que dimitir"
José Marcos / Pilar Álvarez Madrid16 ENE 2013 - 17:53 CET2820
Urbanización Alhambra Golf fase III. / FOTO: GARCÍA SANTOS | VÍDEO: el país -live
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha admitido esta mañana que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, cercano a Marbella y en el que veranea desde hace años. Este mismo piso está siendo investigado por María Peregrina, juez de Estepona, que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción ha ordenado a la Agencia Tributaria que investigue quién es el propietario del inmueble, un dúplex de lujo de casi 500 metros cuadrados que cuenta con piscina propia, spa y jacuzzi en la planta superior. La Sociedad de Tasación SA tasó, en julio de 2012 y con una validez hasta el 11 de enero de este año, el apartamento en 769.611 euros.
El 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) es de la esposa del dirigente popular, Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña, con la que tiene régimen de separación de bienes. El 20% restante, que sería propiedad de González, suponen un desembolso de 154.000 euros. En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y, a ella, un 80%. El sueldo como presidente madrileño de González asciende a 103.000 euros brutos al año, unos 4.800 netos al mes. Cavero, que cobra un salario de la CEIM, recibió una indemnización de 700.000 euros tras 26 años en Unesa, la patronal del sector eléctrico, en julio de 2011, según fuentes cercanas al matrimonio.
González y Cavero han constituido una hipoteca de 270.000 euros con La Caixa a 20 años (240 cuotas), a un tipo de interés que comprende dos fases. La primera, que comprende el primer año, con un interés del 3,5% anual -con una mensualidad de 1.565,28 euros en los dos primeros meses-; y una segunda que comprende los 19 años restantes con un interés revisable de forma anual.

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Entrevista de Ignacio González donde dice que el piso está alquilado
Una juez decide investigar el ático de lujo de Ignacio González en Marbella
Anticorrupción archiva la denuncia sobre el ático que alquila Ignacio González
Hasta ahora, figuraba como propietaria del ático de lujo la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) propietaria del piso, de 500 metros cuadrados y sito en la lujosa urbanización Alhambra del Golf.
La juez de Estepona, en un auto fechado el pasado 9 de enero, también da por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático elaborado por la Fiscalía Anticorrupción. Esta investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), empeñado en demostrar que el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 “por un fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de una sociedad off shore llamada Coast Inverstors” por un millón de euros.
La nueva versión de González es que, desde el 18 de diciembre, el ático es suyo. Hasta ahora, había afirmado que solo era un inquilino: "Yo esta casa la tengo alquilada por un contrato desde hace tiempo", afirmó en una entrevista el pasado noviembre."Es más, llevo tiempo negociando la posibilidad de comprarla". Mes y medio después de la entrevista, el presidente de la Comunidad de Madrid compró el ático, según figura en la escritura, aunque no lo anunció hasta este mediodía.

Un apartamento de 257 metros cuadrados más 238 de solarium
El ático de lujo en que Ignacio González veranea desde hace años en la Urbanización Alhambra del Golf, Fase III, en Estepona (Málaga) tiene una superficie total construida, con inclusión de zonas comunes de 257 metros cuadrados. El documento recoge que Coast Investors, a la que representaba Rudy Valner, "era dueña en pleno dominio" tanto de la finca como de las participaciones indivisas en la misma.
Según la escritura de la compraventa del apartamento, facilitada por la Comunidad de Madrid, se compone de un recibidor, salón-comedor, cocina, lavadero, pasillo, tres dormitorios, tres baños, un aseo y terrazas con una superficie de 112 metros cuadrados.
A la vivienda le pertenece la terraza solarium, "ubicada en la planta ático del edificio, a la que se accede a través de una escalera que parte desde una de las terrazas de esta vivienda, tiene una superficie de 238 metros cuadrados, siendo sus linderos los mismos que los de la vivienda a la que pertenece, haciéndolo además en parte con cubiertas del edificio y con cuarto de máquinas de aire acondicionado".
La residencia dispone además de tres plazas de garaje con una superficie de entre 22 y 24 metros cuadrados y de tres trasteros, cuyo tamaño va de los seis a los nueve metros cuadrados. El precio de cada plaza de garaje ascendió a 13.000 euros, por los 3.000 que se abonaron por cada trastero, cantidades incluidas dentro de los 770.000 euros que González y su esposa, Lourdes Cavero, pagaron por la casa. El apartamento en sí valió 722.000 euros.
González ha precisado también esta mañana, en declaraciones a los periodistas tras un acto oficial, que "nada tiene que ver" con la investigación judicial. "Mi única relación es que era inquilino de ese inmueble, tengo mi contrato de alquiler, pagaba religiosamente mis alquileres y como también dije en su momento, mi intención era poder comprar ese inmueble", ha afirmado. El presidente madrileño ha explicado que estaba "en conversaciones" con el propietario para comprar el piso, pero que no pudo "formalizar en su momento porque [la vivienda] no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad", y, por lo tanto, el banco en el que él tramitaba su crédito "no podía formalizar esa compra".
Por eso, ha añadido, en el momento en que la "situación ya se regularizó", que se hizo la inscripción y que "a finales del año pasado y una vez puesto de acuerdo con el vendedor", formalizó la "compra, que está pendiente de inscribirse por parte de la gestora del banco", con el que ha suscrito el crédito.
Por otra parte, la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha elogiado el trabajo de su sucesor al frente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, de quién ha dicho que "lo está haciendo muy bien, está pasando momentos muy difíciles". "Los políticos tenemos que ser intachables y además parecerlo, me parece muy bien que se investigue todo lo que se quiera", ha indicado en referencia al ático alquilado de González en Marbella que una juez ha decidido investigar. Aguirre ha insistido en que el piso no es de González sino que lo tiene alquilado aunque "se hayan empeñado" en que lo ha comprado y "ya enseñó el contrato y todo". "El pobrecillo lo quería comprar, ahora, después de estos líos, ya se lo ponen muy difícil", ha añadido la presidenta del PP de Madrid.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado hoy en una comparecencia en la sede nacional del PP que la policía está "a disposición" de la juez de Estepona María Peregrina para que investigue el ático de Ignacio González en Marbela. Sin embargo, Fernández ha salido también en apoyo de Gonzále puesto que ya se archivaron "dos veces una denuncia" sobre su ático en esa ciudad. ."Entre las responsabilidades de un ministro no está saber de quién es la propiedad de un ático", ha afirmado además.

Glaxo arrebató un contrato millonario a Sanofi tras fichar a la mujer de Margallo

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Alberto Vigario / Javier Romera 18/01/2013 - 1:00 Actualizado: 09:45 - 18/01/13 24 comentariosPuntúa la noticia :
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■Se impuso por primera vez en cinco años de concurso al incorporar a Barreiro
■Madrid alega que cambió de laboratorio porque ofreció un precio menor

Isabel Barreiro, la esposa del ministro de Asuntos Exteriores. Foto: Archivo.
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Isabel Barreiro
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó entre 2008 y 2011 contratos anuales a la farmacéutica Sanofi para el suministro de la vacuna del VPH (Virus del Papiloma Humano) por un importe total de 23,7 millones de euros. Pero la situación cambió radicalmente ese último año. Pocos meses después de haber fichado a Isabel Barreiro, mujer del ministro de Asuntos Exteriores, José Manual García Margallo, y directora de gabinete de Juan José Güemes, el exconsejero de Sanidad madrileño, el laboratorio GlaxoSmithkline (GSK) se impuso por primera vez en esta adjudicación.


Lo hizo para el suministro de estas mismas vacunas para el año siguiente, el 2012. El contrato salió a licitación en octubre de 2011 por un importe de 5,1 millones de euros y se adjudicó finalmente a GSK apenas dos meses después por 4,61 millones.

Sanofi y Glaxo son los dos únicos laboratorios que fabrican estas vacunas en España y, según los contratos de la consejería de Sanidad, a los que ha tenido acceso elEconomista, el único criterio que se aplicó para la adjudicación fue el del precio.

El año 2008 fue el primero en el que la adquisición de las vacunas salió a concurso, por lo que Sanofi los había ganado todos hasta que Glaxo fichó a la mujer del ministro Margallo. El puesto de Isabel Barreiro en GlaxoSmithKline es precisamente el de directora de asuntos sanitarios para la Comunidad de Madrid.

Adjudicación bajo polémica
En la adjudicación, la Consejería de Madrid asegura que "la empresa adjudicataria ha cumplido con todos los requisitos exigidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como, debido al ser la oferta más económica, cumple con el criterio único establecido del precio".

Una portavoz de esta Consejería insistió ayer en las razones económicas de la adjudicación en este último año: "Se adjudicó a este laboratorio porque la vacuna de Sanofi costaba 64 euros cada unidad y la de Glaxo 54 euros".

Sanofi ha confirmado que ganó todos los contratos anteriores hasta que en 2011 se lo arrebató Glaxo. Esta compañía no ha hecho, sin embargo, ningún tipo de valoración. El importe de los contratos varía año tras año, aunque se sitúa en una media de algo más de 5 millones de euros.

Un contrato cada año
La Comunidad de Madrid introdujo la vacuna frente al virus del papiloma humano a partir del 1 de septiembre de 2008, tras acordar en ese año el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas incluir esta protección en el calendario oficial de vacunaciones para las niñas de 14 años.

Desde entonces, cada año saca a concurso la compra de esta vacuna, al que se presentan tanto Sanofi como Glaxo , las dos únicas compañías con una vacuna de este tipo aprobadas en España.

La mayoría de las comunidades autónomas optaron desde 2008 por comprar la vacuna de Sanofi (Gardasil), con las excepciones de Andalucía, Galicia, Cantabria, Melilla y Murcia que decidieron adjudicar el convenio a la terapia de GlaxoSmithKline (Cervarix).

Alto puesto en Sanidad
Hay que recordar que antes de aterrizar en la farmacéutica Glaxo en septiembre de 2010, Isabel Barreiro fue -desde junio de 2007 hasta marzo de 2010- directora de gabinete del entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes.

Barreiro desarrolló la primera parte de su actividad profesional en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde ostentó el cargo de subdirectora del Servicio Fiscal desde 1986 hasta 2000, cuando José Folgado la reclamó para ponerse al frente de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Economía, puesto que desempeñó hasta el año 2004.

Posteriormente, Juan José Güemes la fichó cuando desempeñaba el cargo de consejero de Empleo y Mujer en la Comunidad de Madrid. Barreiro fue nombrada entonces -en julio de 2004- en el Ejecutivo madrileño como directora del Área de Formación Continua y Emprendedores del Servicio Regional de Empleo. Dejó su cargo en la Consejería de Empleo y siguió a Güemes Sanidad como su mano derecha.

En ese mismo año, Barreiro también entró en las listas del Partido Popular de Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid. Salió elegida como diputada autonómica en la Asamblea, un puesto que compaginó con su cargo en Sanidad hasta fichar por Glaxo.

Caso Bárcenas: ¿Qué dirigentes del PP recibían los sobres que a Cospedal no le constan?
EcoDiario.es | 21/01/2013 - 7:09 Actualizado: 16:00 - 21/01/13


Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno de España
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''Por lo que yo sé nunca en el PP se ha cobrado dinero negro", ha insistido este lunes María Dolores de Cospedal, secrataria General del Partido Popular (PP). Sin embargo, y según un alto dirigente del partido citado por El Mundo, Luis Bárcenas tiene en su poder los documentos que demostrarían que sí hubo pagos con dinero negro. Por su parte, Jorge Trías Sagnier, exdiputado del PP, admite hoy en El País la entrega de sobres de hasta 10.000 euros a algunos dirigentes. Voces del PP señalan a Esperanza Aguirre como la garganta profunda del escándalo.
Altos cargos, secretarios de área, personal administrativo y hasta secretarias de la cúpula directiva del partido habrían recibido dinero ilegal de parte de exrtesorero Luis Bárcenas, que retribuía de este modo el sobreesfuerzo en épocas electorales electoral y, en algunos casos, las mudanzas de los altos cargos que dejaban sus provincias de origen para trasladarse a Madrid.
Además, y según recoge El Mundo, que es quién desgrana esta información, también se usaba dinero negro para pagar la seguridad de los concejales populares en los puntos más calientes del País Vasco.
Así las cosas, y según fuentes conocedoras de la situación, Bárcenas llevaba a rajatabla la "contabilidad B" para que nadie pudiera culparle de llevarse el dinero en caso de que no salieran las cuentas y "tiene en su poder cientos y cientos de recibís".
"Él (Luis Bárcenas) era el ejecutor de una estrategia diseñada desde arriba, en concreto, desde que Paco Cascos llegó a la Secretaria General", declara al citado periódico una de las personas que trabajó con el extesorero. "Ahora va a resultar que es el malo de la película", afirma.
Pero, ¿cúantos miembros de la cúpula del PP cobraban sobresueldos en dinero negro? "Teníamos unas veinte personas por mandato", confiesa al El Mundo un político del partido que recibía 5.000 euros mensuales. La mayoría de los que aceptaron estos sobres ilegales no suscribieron los "recibís", ya que la crème de la crème se pasaba por el despacho de Luis Bárcenas sin dejar constancia aunque éste llevara un control documental.
Por su parte, el exdiputado Jorge Trías Sagnier sostiene hoy en El País que Luis Bárcenas llevababa una contabilidad paralela con las donaciones recibidas y las entregas realizadas. Y apunta que no fue el único en hacerlo señalando también al extesorero Álvaro Lapuerta.
Luis Bárcenas, con quien Trias admite tener una amistad, ha sido el hombre clave de las finanzas del PP durante 20 años. Y Trías reconoce hoy que parte de la cúpula del PP recibía sobresueldos de hasta 10.000 euros al mes. El dinero, según este exdiputado, que ejerció entre 1996 y 2000, se entregaba en efectivo y cantidades cambiaban en función de los cargos y de la responsabilidad.
Trias pide ahora a los tesoreros del PP que aporten información y que diga quiénes recibieron dinero para zanjar "un asunto que viene de lejos y no se ha querido (porque se pudo) resolver". Luis Bárcenas pagó sobresueldos con dinero negro a la cúpula del PP durante los últimos veinte años.
Rajoy ordena una investigación externa
Por su parte, y ante el maremoto provocado por todas estas informaciones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que se realizará una investigación interna profunda de las cuentas del partido, que serán sometidas a una auditoria externa y otra interna.

En una reunión a puerta cerrada ante la plana mayor de su partido, Mariano Rajoy ha dejado claro que emprenderá acciones legales contra las informaciones falsas que aparezcan en los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a pedir a los suyos que estén tranquilos, como hizo el pasado sábado en Almería, porque el Partido Popular no tuvo cuentas en Suiza ni dio órdenes para abrirlas, han indicado las fuentes consultadas.

A parte de dar instrucciones a María Dolores de Cospedal para hacer una investigación "profunda", Rajoy ha anunciado que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, comparecerá en el Congreso a petición del PSOE para explicar si Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal. La lista negra del extesorero: los políticos bajo sospecha.
Cospedal: "Incompatibles con la corrupción"
Por su parte, Cospedal se ha referido al caso Bárcenas y a los 22 millones que el extesorero tenía en Suiza según la información de los periódicos, "que es la información que tenemos nosotros", para remarcar que el PP no tiene ninguna cuenta bancaria fuera de España. La secretaria general del partido ha garantizado que analizará "hasta el último papel que existe" en la investigación que se hará de las cuentas, y ha garantizado que si se detecta que alguien se ha enriquecido de forma ilegal será expulsado de forma inmediata.
Pero además de garantizar de forma tajante la expulsión de cualquier persona del partido si se detecta alguna irregularidad económica, ha señalado que el PP no se ha puesto una fecha fija para la investigación que pretende llevar a cabo. "Pero ya hemos comenzado y va a ser rápido. Tardaremos lo que sea necesario, pero no nos vamos a demorar ni un año, ni dos, ni tres, eso no va a pasar", ha recalcado durante la rueda de prensa.
"El Partido Popular no tiene nada que ver con las cuentas de este señor, que tendrá que explicarse donde tenga que explicarse. Nuestra fiscalización es obligatoria, se realiza cada año, y en periodos electorales. Hemos sometido nuestras cuentas a la fiscalización, que es pública y se remite al Parlamento", ha indicado.
"Todos lamentamos el daño que se está causando a muchas personas y al partido, por lo que emprenderemos acciones legales contra aquellos que se vean perjudicados por este tipo de actuaciones", sentenció la presidenta de Castila La Mancha.

La Fiscalía acusa al exconcejal Becerril de blanqueo de capitales y cohecho
M. Garú/M. A. Coloma|23/01/2013 a las 12:00
Le imputa también un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y será juzgado por un tribunal popular.
El exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril.. OLIVER DUCH
La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha presentado ya su escrito de acusación contra el exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril y le atribuye, al menos, los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, tipos delictivos que el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y seis años de prisión, además de inhabilitación y multa. Aunque la acusación todavía no ha sido formalmente comunicada a las partes, este periódico ha podido saber que también pide penas de cárcel por cohecho para Carmelo Aured, uno de los principales imputados en el caso de La Muela y a través del cual se destapó la presunta implicación de Becerril, y contra Juan Carlos Esteban Tejero, directivo de la empresa Áridos Pedrola.

Antonio Becerril (suspendido de militancia del PSOE), está siendo investigado desde abril de 2009, después de que el juez del caso de La Muela, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, decidiera remitir a los juzgados de Zaragoza una serie de conversaciones grabadas por la Policía a Carmelo Aured, en la que hablaba con el exconcejal. Los diálogos eran aparentemente bastante comprometidos, puesto que en ellos se hablaba de conseguir adjudicaciones de obras y contratos de suministros por cauces nada ortodoxos.

A raíz de ahí, la Policía examinó al detalle las cuentas y la economía de Antonio Becerril y llegó a la conclusión de que en 2008, 2009 y 2010 tuvo unos ingresos en efectivo -de 3.100, 10.100 y 6.100 euros, respectivamente- que no estaban justificados. HERALDO DE ARAGÖN

Yo tengo roja la punta,
¿es grave, Dr. Frontera?
Salude al Dr. Sugrañes de mi parte

La esposa de Mulas confiesa que ella es Amy Martin y exculpa a su marido
Irene Zoe Alameda.
Algunos los trabajos de la articulista coinciden con otros firmados por Mulas
'Creo que es analista política, yo sólo la he visto una vez', decía entonces
Carlos Segovia |
Actualizado jueves 24/01/2013 10:30 horas MUNDO
La escritora y cineasta Irene Zoe Alameda, ha remitido un comunicado desde el correo de su página web oficial a este diario en el que confiesa que ella es Amy Martin y exculpa a su marido el ya ex director de la Fundación Ideas, Carlos Mulas.
En un nuevo giro a este episodio, Irene Zoe Alameda ofrece como versión que ella creó el pseudónimo y empezó a colaborar con la Fundación Ideas sin que su marido lo supiera hasta la mañana de ayer en que fue destituido. También sostiene que fue el Departamento de Comunicación de la Fundación socialista y no Carlos Mulas quien fijó las tarifas, que alcanzaban los 3.000 euros por artículo.
"Carlos Mulas Granados, ex director de la Fundación Ideas, no tuvo conocimiento de que Amy Martin era un pseudónimo y no una persona real hasta bien entrado el día de ayer 23 de enero, una vez en diario EL MUNDO le había achacado en primera plana a él la identidad de Amy Martin y también sus artículos. Llegado inesperadamente a ese momento, se vio destituido e indefenso ante una cascada de ataques a su honor".
Critica a EL MUNDO por haber desatado críticas 'de un país entero' sobre un caso al que resta importancia
Y agrega: "Confieso que desde muy atrás, conforme yo escribía entre 2004 y 2011 la novela Warla Alkman, de inminente publicación con la editorial Edhasa, venía gestando el proyecto de poner en práctica lo que se narra en la novela: la existencia de una autora (Adda Weinstein en la novela), de la cual sólo se conocen el nombre y las obras, pero de la que no hay rastro, protegida su identidad por su agente literaria".
"Asumo, en cualquier caso, cuantas consecuencias puedan venir sobre mí a causa de mi atrevimiento al haber creado, al modo en que se narra en mi próxima novela, una autora ficticia. Públicamente pido perdón por haber inventado y hecho trabajar a Amy Martin".
Irene Zoe Alameda afirma que no ve irregular su actuación y critica a este periodista y a EL MUNDO por haber desatado críticas "de un país entero" sobre el caso, al que resta importancia.
"Incluso ahora, si lo analizo fríamente, sigo pensando que el uso de un pseudónimo no es nada malo, sino algo bastante habitual, y los trabajos realizados por Amy Martin para la Fundación Ideas existen", sostiene. La Fundación Ideas, creada por el PSOE, se dota básicamente para su funcionamiento de subvenciones públicas. Amy Martin cobró 50.000 euros.
"Con respecto a los honorarios percibidos por mí en virtud de los trabajos realizados como Amy Martin a través de mi agencia literaria, aunque están realizados, y constan en mi declaración de la renta (no en la de Carlos Mulas Granados), quedo a disposición de la Fundación Ideas para devolverlos si así lo considera necesario", concluye.
Mulas: 'Yo sólo la he visto una vez'
La información de EL MUNDO que destapó este caso recogía la versión de Mulas sobre la identidad de Amy Martin. El hasta ayer director de la Fundación Ideas daba esta vaga explicación: "Creo que Amy Martin es una analista política, yo sólo la he visto una vez".
Según la documentación en poder de este diario, algunos de los trabajos de Amy Martin coinciden con otros publicados por el propio Mulas. La factura emitida por la articulista fantasma el 12 de septiembre de 2011 es de 742,88 euros a la Fundación -sin contar el IVA- por un artículo sobre agencias de rating que Ideas no publicó. Sin embargo, unas semanas antes, el 6 de agosto de 2011, el propio Mulas publicó en el diario 'Público' un artículo titulado 'A vueltas con las agencias de rating'.
El 3 de marzo de ese año, Casanovas & Lynch cobró para Amy 1.401 euros por "asesoría para el artículo sobre los sindicatos y la socialdemocracia en el siglo XXI", que es justo el escrito el mes anterior por el director de la Fundación.

Vaya pieza la tal Irene Zoa!
Tenía un pseudónimo para escribir!
Qué infamia!
Y qué novedoso, por otra parte...

Lo que no entiendo (pobablemente porque no he leído el tochaco infumable) es por qué esto supone un problema de tipo fiscalidad-bipolar.

A lo mejor nos lo puede explicar el autor del hilo, que seguro que entiende perfectamente todo lo que lee, copia, y nos pega en la puerta de casa.

(Aprovecho para recordarle que sigo teniendo la punta roja, agradecería un remedio casero )

Esta vida es una mierda y encima no hay para todos, aleluya, aleluya, aleluyaaaaaa.

La vida mola un huevo, lo que es una mierda es el mundo y la gente que en él caga.

Protesta ante las sedes del PP de la calle Génova por el caso Bárcenas
Convocados por las redes sociales, un millar de manifestantes se concentran para pedir la dimisión de Rajoy | Unos 200 hacen lo propio en Barcelona
Política| 31/01/2013 - 20:20h LA VANGUARDIA
Varios agentes de la Policía mantienen vallado el acceso a la sede del PP, en la calle Génova en Madrid, frente a la manifestación en la que cerca de 500 personas han protestado desde las ocho de esta tarde contra la corrupción y con gritos de "ladrones dimisión" y "a Soto del Real la Cospedal" Efe / Angel Díaz
Madrid. (Redacción y agencias).- Entre 500 y 1.000 personas se manifiestan desde las ocho de esta tarde ante la sede madrileña del PP en protesta contra la corrupción y con gritos de "ladrones dimisión", "Rajoy dimisión" y "a Soto del Real la Cospedal". También se han podido escuchar lemas como "¡Ahí está la cueva de Ali Baba!", y "¡La Policía protege a los ladrones!".
La policía, que ha enviado cerca de una veintena de furgones con efectivos para proteger la sede popular en la calle Génova, ha podido desalojar a unos 150 manifestantes que se habían congregado en las inmediaciones de las dependencias del PP.
Los agentes, al igual que ocurrió hace dos semanas, en una concentración de protesta similar, convocada a través de las redes sociales, mantiene vallado en acceso a Génova, tanto por la cercana plaza de Colón, en la Castellana, como por la de Alonso Martínez.
La convocatoria a través de internet llega a raíz de la publicación este jueves de los papeles de la supuesta contabilidad paralela del extesorero del PP, Luís Bárcenas, en la que se incluyen pagos de sobresuelos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entre otros altos cargos del partido.
También en Barcelona
En la sede del PP catalán de la calle Urgell de Barcelona, se han concentrado unas 200 personas para protestar con cazuelas y silbatos. Para proteger la sede, se han desplazado cuatro furgones policiales y la calle Urgell ha sido cortada entre las calles Londres y Buenos Aires.
En otras localidades españolas como Valencia y Sevilla, también ha habido concentraciones frente a las sedes de los populares.
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Amigo Mario 15M te recuerdo que te dije que estuvieras tranqui pues ya el pueblo había superado el sistema asamblea río, había tomado las calles, pueblos y ciudades