Parla - Madrid

La empresa a las que se hace referencia es Contratas de Servicios S.A, que es una filial de TPC Gestiones Consulting Inmobiliario S.L., “a la que dos meses después (julio de 2002) se le adjudicó una parcela en el consorcio urbanístico Parla Este a través de la sociedad de cooperativas Arcos del Sur”.

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El Ayuntamiento de Parla adjudicó el suelo para construir 200 viviendas de protección por 2,3 millones de euros, en un negocio que podría reportar a la sociedad hasta 15 millones de euros, según Abc.

No fue la única parcela de la que fue adjudicataria. Meses después se le adjudicó otro suelo para levantar 332 viviendas de protección, por valor de 4,9 millones de euros y hasta 25 millones de euros de volumen de beneficios.

También se asegura en Abc, que otra empresa, LYR, que contó con la adjudicación de suelo para construir 260 viviendas, colaboró económicamente para pagar espectáculos teatrales organizados por la plataforma Hospital en Parla Ya.

EL anterior alcalde de Parla adjudicó suelo a empresarios que financiaron actos de su partido en esta localidad madrileña. Tomás Gómez, actual secretario regional del PSOE, tendrá que dar explicaciones muy precisas, porque los datos son concluyentes y están avalados por pruebas inequívocas, según demuestran las facturas que hoy publica ABC. Los socialistas de Parla recibieron dinero privado para organizar la convención municipal de su partido antes de las elecciones que el alcalde ganó por mayoría absoluta, así como para organizar actos reivindicativos de la plataforma «Hospital en Parla Ya». A su vez, las empresas que sufragaron estos gastos tenían o aspiraban a tener intereses urbanísticos y recibieron luego adjudicaciones de suelo para promociones inmobiliarias. Los hechos se remontan a 2002 y 2003 -año en que se celebraron elecciones autonómicas- y afectan a proyectos muy lucrativos para las empresas beneficiarias en un municipio de notable desarrollo urbanístico. Por tanto, no sirve mirar para otro lado y esperar a que pase la tormenta, porque, a la vista de los antecedentes, los ciudadanos exigen una transparencia absoluta en un asunto tan delicado. Como es notorio, la confusión de papeles entre los poderes públicos y los partidos políticos es fuente potencial y real de corrupción. La legitimidad del Estado democrático depende tanto del cumplimiento estricto de las leyes como de un comportamiento ético irreprochable de los titulares del poder.

El PSOE utiliza sin escrúpulo alguno una doble vara de medir: se rasga las vestiduras y exige dimisiones ante cualquier indicio remoto de responsabilidad ajena y, en cambio, no se da por aludido cuando líderes relevantes -como Tomás Gómez- aparecen implicados en operaciones oscuras. Sin embargo, los ciudadanos son muy conscientes de que en el ámbito urbanístico todas las precauciones son pocas para garantizar la imparcialidad y el servicio objetivo para los intereses generales. La sospecha de que un ayuntamiento concede suelo a cambio de financiar al partido que gobierna en el municipio es extremadamente grave y tiene que ser aclarada punto por punto. Mucho más en el caso del socialismo madrileño, cuya trayectoria en esta materia no goza de una imagen positiva ante la opinión pública. Después de muchos intentos por implicar al PP en cualquier asunto confuso, llega el momento de que Tomás Gómez ponga orden en su propia casa, porque las evidencias son muy concretas.

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