Villalquite - Leon

Consigna: anular a Garzón
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DESDE LA CORTE
FERNANDO ONEGA

¿QUÉ hizo Baltasar Garzón para que la mayoría «progresista» del Consejo del Poder Judicial arremeta contra él? Que sepamos, sólo una cosa: desmontar la teoría de que el Ministerio del Interior ocultaba todos los posibles rastros de una conexión ETA-islamistas. Su gran herejía es haber «arrancado» a tres policías la confesión de que su famoso informe sobre el ácido bórico era, en efecto, un borrador; que sus apreciaciones sobre ambos terrorismos eran, como se decía, «elucubraciones», y que nunca habían visto el uso de ese ácido en atentados terroristas. Tal confesión, expresada en un auto que hace días publicó este diario, deshacía la teoría de la conspiración.

Ahora se ha desatado una campaña feroz contra el juez. Se le reprocha que haya tomado declaración a los policías sin presencia de abogado, como si eso fuera excepcional. Se le censura que no le correspondía esa investigación, ignorando que su juzgado lleva el caso de El Haski, el islamista del ácido. Y, puestos a buscar agravios, le echan en cara descortesía y abuso de autoridad. Resultado: se ha puesto a funcionar una gigantesca maquinaria para acabar con su prestigio y, naturalmente, anular su investigación.

El suceso tendría una importancia sectorial, si no fuera por las circunstancias que lo rodean. Por una parte, el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando Salinas, denunció que existe una campaña «de acoso y derribo contra todo juez que no relacione ETA y 11-M». Por otra, el mismo Poder Judicial ha vuelto a actuar de acuerdo con su costumbre: parecen comisionados de los grandes partidos. La mayoría, conservadora, vuelve a coincidir con lo que predica el PP. La minoría es o parece correa de transmisión del PSOE. Dado que las decisiones del Consejo se adoptan por mayoría, está clara la corriente ganadora. Si una cuestión judicial tiene raíces o consecuencias políticas, el Partido Popular gana siempre. Y, en el caso que nos ocupa, si es presentar al gobierno como un manipulador de pruebas judiciales. El final deseado sería sentar a un ministro en el banquillo por negar colaboración a la Justicia.

Sospecho que eso es lo que está en juego en las maniobras en torno a Garzón. Este juez, evidentemente, no es un santo. Su biografía y su trabajo de instructor siempre ofrecieron perfiles discutibles. Ahora bien: nadie le impidió que tomase declaración a los policías, ni por falta de abogado, ni por dudar de su competencia. Y eso hace pensar que lo que molesta no es su trabajo, sino el resultado. Si de su declaración hubiera salido señalado el ministro del Interior, ¿armaría el Poder Judicial el mismo revuelo? Si la respuesta fuese negativa, sólo sé hacer un comentario: ¡Dios, en qué manos estamos!