Val de San Lorenzo - Leon

Asaja ve en la medida, que la Junta aplica este año por primera vez, un paso hacia el desmantelamiento de las juntas vecinales anunciado por el Gobierno

El reparto de los terrenos comunales está siendo objeto de polémica en el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común. SONSOLES SANZ
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“La lucha contra el fraude obliga a intensificar el control”
David Rubio / León
El fraude detecatado en Hungría en el último informe de la Comisión Europea, donde se registraron 25.000 hectáreas que cobraban ayuda como cultivos cuando eran en realidad terrenos militares, ha obligado a las autoridades a intensificar los controles a la hora de realizar los pagos correspondientes a la Política Agraria Común. “No puede ser que por unos pocos defraudadores paguen todos las consecuencias”, dice el leonés José Antonio Turrado, secretario general de Asaja. Esas consecuencias son que alrededor de 200 ganaderos de la provincia, según el sindicato, no han percibido el segundo pago de la PAC (aproximadamente 1,4 millones de euros en total) al no aceptar la Junta de Castilla y León los mismos certificados que hasta ahora expedían las correspondientes juntas vecinales acreditando la posesión del derecho de tierras o pastos.
“Hasta ahora era suficiente un certificado con sello y firma de la junta vecinal, y de lo que no se dan cuenta en Valladolid es que las juntas vecinales de León no cuentan con el asesoramiento necesario para emitir los modelos que ellos ahora exigen, además, por una decisión personal, porque no ha salido nada publicado en el boletín”, sostiene Turrado, para quien “es lamentable que se esté poniendo cada vez más pegas a los ganaderos, que son los beneficiarios de estas ayudas que no llegan y los que tienen actualmente un gravísimo problema de liquidez”. Por primera vez desde 1993 que se cobran ayudas PAC, a la consejería de Agricultura no le basta un certificado del presidente de la junta vecinal, y pide una “certificación literal del acuerdo del órgano de gobierno en el que conste detalladamente la parcela arrendada a cada uno de los agricultores del pueblo”, algo en opinión de Asaja es imposible de aportar ahora, ya que por lo general los acuerdos no se toman así. A esta delicada situación hay que añadir que la no llegada del pago correspondiente a la PAC bloquea la llegada de otro tipo de ayudas para los ganaderos que, debido a la inestabilidad de sus ingresos, les resultan imprescindible.
Desde Asaja piden a Silvia Clemente que se informe de esta cuestión y la resuelva de forma inmediata y aseguran que “no queremos ni pensar que detrás de esta decisión de ámbito agrario se pueda esconder otra de mayor calado, tendente a desacreditar la gestión de las juntas vecinales, de las entidades locales menores, en aras a tener argumentos que justifiquen la extinción de las mismas en la reforma de la administración local que prepara el Gobierno”, afirman en un comunicado.

Menos mal, que alguien ya empieza a controlar a estos tragadores que llevan más de 20 años utilizando "por la cara" el patrimonio público para su beneficio particular, sin dar cuentas a nadie; y me refiero en concreto a estos de la localidad

No te engañes nadie controla porque si, ni porque se hallan vuelto honrados de repente, simplemente se recorta y no se da porque se acabo la teta, este país podía ser puntero por las ayudas recibidas y las dilapidaron,todo el mundo a pedir subvención y vivir de las ayudas, ya no hay dinero que chupar, aquí han mamado todos y todo lo que han podido y todo el mundo haciéndose el loco y mirando para otro lado, y se acabo lo que se daba, el país lo han arruinado de tanto robo así de simple.


Por un lado mejor así para que los vividores roben mejor que estemos arruinados, da coraje ser honrado y trabajador y ver como otros sin dar palo al agua suben como la espuma, basta ya de vividores y ladrones.