Riego de la Vega - Leon

El pasado 24 de septiembre, los vecinos de las zonas confinadas salieron a manifestarse de forma pacífica pidiendo el fin de las medidas tomadas por el Gobierno de Ayuso, las cuales discriminan por cuestión de clase, además de exigir más recursos para la sanidad pública y una mayor y mejor atención médica en estas zonas confinadas, la cual actualmente es inexistente por la falta de personal médico.

Ante estas, protestas y sin razón aparente, la policía nacional cargó contra los manifestantes con una desproporcionalidad completamente desmesurada, dando golpes por encima de la cadera (algo que está prohibido), sin número de identificación visible e incluso dando cabezazos a los detenidos ya reducidos.

Las medidas discriminatorias por razón de clase han sido obra de Ayuso, pero no podemos olvidarnos del papel de cómplice que está teniendo el Gobierno central de PSOE/UP. Además de permitir las medidas del Gobierno regional de Madrid, no podemos olvidar que la Policía Nacional que cargó a sangre fría contra los manifestantes es responsabilidad del Ministerio del Interior, el cual está dirigido por el cómplice de los torturadores Fernando Grande-Marlaska.

Tanto el Gobierno regional de Ayuso como el Gobierno central de PSOE y UP son culpables de la situación que están viviendo los barrios obreros de Madrid. Mientras criminalizan a la clase obrera acusándonos de ser los causantes de los contagios, siguen obligándonos a ir a trabajar usando el abarrotado transporte público y en centros de trabajo insalubres y hacinados, es por ello el 86,5% de los trabajadores de zonas confinadas van todos los días a trabajar a las zonas no confinadas, según estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, basado en datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2018.

Los trabajadores hemos sido testigos, con toda claridad, en esta semana de protestas contra esta decisión absolutamente clasista de confinar los barrios obreros de Madrid, como Gobierno Regional y Central se han coordinado para atacar y reprimir brutalmente estas manifestaciones obreras. La crisis del coronavirus ha dejado ver de forma clara la espeluznante división de clases que existe en nuestra sociedad. Mientras los trabajadores nos jugamos la vida teniendo que ir a trabajar en un metro abarrotado a un centro de trabajo que en la mayoría de los casos no cumple unas medidas mínimas de salubridad, la burguesía sigue engordando su fortuna sin parar mientras la clase política legisla para que este orden de las cosas continúe siendo así.
LISTA FORBES
La fortuna de los supermillonarios aumenta en casi 250,000 millones durante la pandemia.
INFORME DE LA O I T
Los ingresos de los trabajadores han caído un 17,7% desde que comenzó la pandemia,
Los problemas acuciantes que nos afectan hoy a todos los trabajadores, problemas relativos a la sanidad, educación, laborales, las pensiones, el paro y la pobreza, que están aumentando exponencialmente, no podremos solventarlos con soluciones puntuales, sectoriales y a corto plazo, que es como pretenden los gobiernos sofocar el descontento de las clases populares.

Hemos de ir a la raíz, tomar el control y la gestión de los recursos, no sólo de los que concentra el Estado, sino los que acumulan los monopolios y grandes empresas de los sectores estratégicos de la sociedad. Porque son éstos los que en realidad gobiernan y deciden cuántas personas de las clases trabajadoras han de morir para enriquecer a sus dueños y rescatarlos a ellos de sus crisis.

Hemos de remplazar, por tanto, un Estado burgués al servicio de la banca y los grandes empresarios, corrupto y carcomido ya hasta la médula, por un Estado obrero, emanado desde abajo a través de representantes directos en los centros de trabajo (comités de empresa, juntas y delegados de personal), barrios (asociaciones de vecinos), centros de estudio (delegaciones de alumnos), madres y padres de alumnos (AMPAs) junto con asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los pueblos.