Riego de la Vega - Leon

El aforamiento es una garantía procesal que justifica que algunas personas por razón de su cargo no puedan ser procesadas y juzgadas en causas civiles y penales por los Jueces y Tribunales que determina la Ley para la generalidad de los ciudadanos. El aforado será procesado y juzgado por un Tribunal Superior, según el cargo, bien por el Tribunal Supremo, bien por el Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma.
El sentido de esta excepcionalidad es, teóricamente, que los tribunales ordinarios no sufran presiones al Juzgar a los “poderosos”, entendiendo por tales a aquellos que ocupan las más altas magistraturas del Estado, y también de las autonomías.
El problema reside en que en España, a través de una regulación dispersa, tenemos cerca de diez mil aforados, siendo tales una gran mayoría de la clase política, así como la generalidad de los jueces y fiscales. La magnitud de la cifra de aforados transmite la sensación de que no nos encontramos ante una garantía justificada para conseguir un juicio “justo”, sino ante un privilegio de “la casta política y de los poderosos”.
Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, en Portugal sólo el Presidente de la República seria aforado, igual que en Italia. En Francia, sólo lo son el Presidente de la República y todos los Ministros del Ejecutivo. En Alemania, Reino Unido y Estados Unidos no existe aforamiento.
Lo sorprendente es que pese al gran número de aforados, en términos cuantitativos, el Rey abdicado, ni su consorte, ni la Reina consorte o el consorte de la Reina, ni los Príncipes de Asturias gozan hoy de aforamiento. Es un dislate en términos cualitativos que quienes representan o han representado significativamente al Estado, no gocen de este privilegio que se ha “humanizado” demasiado para otros. Es comprensible que se legisle por vía de urgencia en tal sentido, del mismo modo que se hace imprescindible que se regule en términos inversos la disminución de una garantía que por su excepcionalidad no debe dar cabida a tal número de “privilegiados”.
Soy partidario de que la mejor educación es la que nace del ejemplo dado. Una rebaja significativa del número de aforados, precisamente no por los que conviene hoy aforar, por propias razones de Estado, sino por una gran disminución del número de los que están ahora “blindados”, será el mejor ejemplo para que la ciudadanía confíe en su Poder Judicial, como supremo garante del Estado de Derecho, y recupere parte de la confianza perdida en su clase política, que asume la normalidad de ser juzgados como lo serían sus votantes.

No la hagas, y no la temerás.El que la haga, que la pague da igual quien lo juzgue.Si no está conforme con la sentencia que la recurra a instancias superiores. ¿a caso el juez de primera instancia es un becario/a que no sabe de que va la historia, o tal vez es el encargado de hacer el trabajo sucio.?

Por consiguiente si todos somos iguales ante la Ley QUE DESAPAREZCAN LOS AFORAMIENTOS de nuestro sistema jurídico.