Lucillo - Leon

constructoras que supuestamente financiaron al Partido Popular en la Comunidad Valenciana a través de Orange Market -la empresa de la trama corrupta del caso Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes- tenían motivos para estar agradecidas.

El informe elaborado por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, que rechazó investigar el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, indica que lograron cerca de 800 millones de euros en contratos del Gobierno que preside el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.

Así, el informe detalla que desde 2007 y hasta 2009, Sedesa -el grupo empresarial que dirige Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino- recibió un total de 539 millones de euros en adjudicaciones. Vicente Cotino mantiene una estrecha relación de amistad con el responsable de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, y con el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García.

El informe policial señala que el responsable de Sedesa llegó a tratar con El Bigotes y sus socios, Pablo Crespo y Pablo Collado, la posibilidad de comprar Easy Concept, una de las empresas de la trama.

En la operación estaba dispuesto a participar Pedro García, "que había manifestado su interés por colaborar" en el proyecto, según el informe policial. Una opción que fue desechada, relata el informe, al intuir Crespo y Álvaro Pérez que Easy Concept estaba siendo investigada por el fisco, por lo que recomendaron a Vicente Cotino que "lo mejor sería crear una empresa totalmente nueva".

Otro importante constructor que abonó facturas a Orange Market para financiar presuntamente actos del PP valenciano es Enrique Ortiz. Su firma Ortiz e Hijos obtuvo 205 millones en contratos de la Administración de Camps, entre 2005 y 2008.

La firma Lubasa, del empresario castellonense Luis Batalla, logró más de 77 millones en adjudicaciones entre finales de 2006 y principios de 2009, según la policía.

Facsa, la firma que dirige Enrique Gimeno y también radicada en Castellón, logró 13,8 millones en solitario de adjudicaciones de la Generalitat. La policía tiene documentados pagos en dinero B por actos del PP de las citadas empresas y del presidente de la sociedad PIAF, Antonio Pons. Éste, además sustituyó en el cargo de administrador en la firma Patrimonio Millars XXI al entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, en abril de 2004.