Mancha Real - Jaen

The Wall Street Journal


May 22, 2013 6:40 PM

La crisis en España inspira iniciativas de política transparente

By Por Ilan Brat y Christopher Bjork

TORRELODONES, España —El mal olor de las aguas negras fue el despertador de la carrera política de Elena Biurrun.
Esta ama de casa y madre de familia se convirtió en una activista cívica después de que las autoridades locales se negaran a reparar una tubería de alcantarillado rota, y una causa llevó a otra: creó un grupo de defensa de un bosque contra los promotores inmobiliarios. Tras seis años peleando contra el ayuntamiento, Biurrun fue elegida alcaldesa.

Después de dos años de mandato, Biurrun se ha convertido en una figura nacional, un modelo a seguir de un incipiente movimiento a favor del gobierno limpio que está afianzándose en España. La alcaldesa, de 39 años, ha abierto el ayuntamiento a aportes de los ciudadanos, ha abolido muchas prebendas oficiales y ha empleado los ahorros municipales para reparar carreteras y escuelas, y aún le ha sobrado lo suficiente como para el trazado de vías para bicicletas y para renovar un campo de fútbol.
"Los que gobiernan deben saber que la legitimidad del voto no supone un cheque en blanco durante cuatro años", asegura Biurrun.

La alcaldesa recibe habitualmente invitaciones para asistir a foros en todo el país, participa en programas de radio y uno de los principales programas informativos de la televisión en España ha tratado su caso. "La gente está empezando a sentirse muy harta", indica Biurrun. "Empiezas a ver iniciativas como la nuestra".

En lugar de dar la espalda a un sistema político plagado de acusaciones de clientelismo, hermetismo y malversación, muchos españoles están pasándose al activismo de base. El número de españoles que participan en actividades políticas distintas del ejercicio del derecho de voto o la participación en manifestaciones callejeras aumentó a 39% en 2010 desde 27% en 2008, según los datos más recientes del Informe Social Europeo, con sede en Londres.
El fervor es alimentado por los daños de la recesión en España, que registra ya una tasa de desempleo de 27,2%, y por la sensación de que muchos líderes políticos se hicieron ricos durante la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Desde entonces, las investigaciones penales se han multiplicado en casi todas las grandes ciudades españolas y afectan a casi todos los niveles de la administración.

Las iniciativas más recientes intentan quitar votos a los dos partidos nacionales dominantes prometiendo mayor apertura y una mejor gestión. Si se celebraran elecciones hoy, Unión Progreso y Democracia —una alianza de fuerzas progresistas y conservadoras a favor del gobierno limpio— lograría 13,1% de los votos, casi triplicando su resultado de las elecciones de noviembre de 2011, según un sondeo en mayo realizado por la compañía independiente española de encuestas Metroscopia. El Partido Popular del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lograría 22,5% de los votos, casi la mitad que en las últimas elecciones generales.

Otros países europeos en recesión también experimentan un renovado compromiso ciudadano y eligen líderes que atacan el despilfarro de recursos.
El Movimiento Cinco Estrellas italiano, liderado por el cómico Beppe Grillo, logró casi una cuarta parte el total de votos en las elecciones nacionales de febrero tras una campaña a favor de un mejor gobierno. Cinco meses antes, logró la mayoría en las elecciones de la asamblea siciliana y cumplió su compromiso de austeridad: sus 15 representantes electos donan 70% de sus salarios mensuales de 8.000 euros a un fondo que extiende créditos a pymes.

La ciudad griega de Tesalónica redujo los costos después de que Yannis Boutaris, un empresario que se convirtió en político, llegara a la alcaldía a finales de 2010 y pusiera fin a la relación del ayuntamiento con unos cuantos proveedores escogidos. Las ofertas competitivas han ahorrado a la ciudad 80% de sus anteriores gastos en contabilidad, 25% de los gastos en camiones de recolección de basuras y 20% de los gastos en papel de impresora. Estos ahorros han permitido a Boutaris gastar más en servicios sociales, al tiempo que ha reducido los impuestos y la deuda del ayuntamiento con sus proveedores.
La presión de las bases es elevada en España, sobre todo en las iniciativas locales para que se permita el escrutinio de los ciudadanos del gobierno de las ciudades. Treinta y tres de las 110 mayores ciudades españolas lograron el año pasado puntuaciones altas en el índice de transparencia elaborado por Transparencia Internacional, frente a una en 2008. El Gobierno autonómico de Navarra aprobó el año pasado la primera ley de transparencia del país y el Gobierno central de España está en proceso de elaborar el borrador de una ley similar.

Las prebendas oficiales se están reduciendo. En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha subastado decenas de vehículos oficiales y ha decidido que venderá más de 400. En la pequeña localidad valenciana de Ontinyent, un ayuntamiento integrado, entre otros, por activistas a favor del gobierno limpio, se cerró un canal de televisión pública que los más críticos aseguraban que se había convertido en portavoz del anterior alcalde.

Una cultura poco cívica
En 1975, España salió de los 40 años de dictadura del general Francisco Franco con poca experiencia en la organización de la política de base. Las élites políticas posteriores al franquismo crearon unos cuantos partidos dominantes que se calificaron de democráticos, pero que rehuían a la elección directa de sus líderes. El sistema reforzó la estabilidad, según los historiadores, pero redujo el compromiso cívico. "Hasta ahora, los partidos políticos españoles no tenían incentivos para tomarse muy en serio la corrupción porque los votantes realmente no les castigaban por ella mientras la economía crecía", indica Fernando Jiménez, experto en corrupción gubernamental de la Universidad de Murcia.

La reacción ha adoptado muchas formas. Un grupo llamado Graba tu Pleno realiza videos de las reuniones públicas y los sube a Internet, con lo que se arriesga a ser multado en los casos en que están prohibidas estas prácticas. Además, activistas consiguieron más de 1,4 millones de firmas pidiendo la relajación de las estrictas leyes de desahucio de España, llevando al Congreso de los Diputados a reconsiderarlas."La gente se está dando cuenta de que tienen que participar en las instituciones para hacerlas más democráticas", dice Mario Cuéllar, miembro de Graba tu Pleno. "Tenemos que recuperar la política de manos de los chorizos (ladrones)".
Una vocación inesperada
Torrelodones no parecía el lugar idóneo para la insurgencia reformista, un pueblo acomodado del noroeste de Madrid de unos 22.000 habitantes, con un palacete en el que veraneaba Franco. El Partido Popular controló el gobierno durante una generación, desde 1987.

Del mismo modo, Biurrun no parecía una insurgente. Hija de trabajadores de la industria cinematrográfica, creció en otra zona de la Comunidad de Madrid, estudió Derecho y se mudó a Torrelodones en 2000. Tras trabajar como publicista, decidió quedarse en casa cuidando de sus dos hijos pequeños y ayudando a su tío a escribir guiones de radio.
En 2005, se quejó del vertido de aguas residuales a un arroyo cerca de su casa. Los funcionarios del ayuntamiento la ignoraron, dice, pero siguió yendo allí dos veces por semana. Cuando el vertido cesó meses después, Biurrun encontró otro objetivo: el plan de construcción de 1.400 viviendas y un campo de golf en terrenos forestales protegidos cerca de su casa.

Más de 300 familias se unieron a su grupo ecologista y atestaron las asambleas del ayuntamiento con pañuelos verdes en sus cuellos para protestar contra la promoción de viviendas. Frustrados, crearon el partido Vecinos por Torrelodones y lograron cuatro de los 17 escaños del concejo municipal en las elecciones de 2007, actuando como oposición al veterano alcalde Carlos Galbeño, del Partido Popular. "Al fin y al cabo, tienes que abordar la política en el mismo plano que los políticos", dice Rosa Rivet, una de las fundadoras del grupo ecologista.

Vecinos por Torrelodones calificó la administración de Galbeño de símbolo de despilfarro y opacidad. Un empleado del ayuntamiento servía como chófer del alcalde al volante de un Volkswagen Passat negro con escolta policial. Una cuerda negra bloqueaba el acceso a su oficina. Convocaba a las asambleas públicas por la mañana, cuando menos personas empleadas podían acudir a ellas.

Ante la oposición de Vecinos por Torrelodones, Galbeño retiró una propuesta de subirse el sueldo un 35%, a 91.445 euros al año, y posteriormente se lo rebajó un 7,5%. Pero él y sus aliados bloquearon otras iniciativas de Vecinos por Torrelodones, como la de emitir en directo por televisión las asambleas, según las actas de las mismas.
La disputa por el megaproyecto inmobiliario llegó al punto álgido y, finalmente, el proyecto se descartó y el gobierno autonómico de Madrid dijo que infringía la normativa medioambiental.

Galbeño no se presentó a la reelección en 2011 debido a la presión de su partido, señaló Javier Laorden, que le sustituyó en las listas. Un juez de un tribunal cercano a Madrid está investigando las acusaciones de exconcejales del Partido Popular de que Galbeño espiaba a varios concejales. Galbeño rehusó comentar sobre su época en la alcaldía y su abogado dijo que las acusaciones de espionaje eran falsas.

En mayo de ese año, el Partido Popular se hizo con la mayoría de ayuntamientos de España, pero no logró el de Torrelodones. Biurrun y otros miembros de Vecinos por Torrelodones hicieron campaña puerta a puerta con promesas de recortar los costos y aumentar la transparencia de la gestión. Lograron nueve escaños de los actuales 21 que tiene el municipio y consiguieron el apoyo de dos partidos que habían logrado un escaño cada uno, por lo que Biurrun fue elegida alcaldesa. En su toma de posesión, Biurrun se conmovió ante una muchedumbre eufórica. Luego sacó la tijera. Bajó el sueldo del alcalde en 21%, a 49.500 euros al año, redujo también los sueldos de los concejales y eliminó cuatro puestos remunerados de asesores.

Se deshizo de la escolta policial y el auto oficial y el empleado del ayuntamiento que ejercía de chófer pasó a tener otras funciones. Devolvió una alfombra con el emblema del gobierno cuya limpieza costaba cerca de 300 euros al mes. Dispuso que los concejales se pagaran sus comidas en los actos de trabajo en lugar de pasar los gastos a la ciudad. "Me indigné tanto al ver que esta gente había estado utilizando el dinero de todos como si fuera el suyo propio", señaló Biurrun.

Los recortes, combinados con los ahorros conseguidos al renegociar contratos como el de la recolección de basuras y otros servicios, ayudaron a dar un impulso de 1 millón de euros a las arcas de la ciudad en su primer año de mandato. Eso le permitió limitar las dolorosas medidas de austeridad que otras comunidades españolas se vieron obligadas a aceptar.

La contabilidad del ayuntamiento se hace pública en Internet cada tres meses, lo que no es muy habitual en España. Los ciudadanos pueden hacer preguntas en las asambleas, que Biurrun trasladó a las tardes y que ha establecido que se transmitan en directo por radio e Internet. Muchos aplauden los cambios. El profesor universitario Antonio Palacios cree que todos los partidos políticos, y no sólo el que está en el poder, tienen cabida para expresar sus opiniones en la publicación oficial del la alcaldía. "Es una experiencia interesante que podría exportarse a otras ciudades", señala.

Pero Biurrun y su equipo se han granjeado algunas antipatías al mostrar lo que sus críticos califican de típica actitud combativa e imperiosa de la cultura política española. En respuesta, la alcaldesa indica que su administración escucha a los demás y hace pública mucha más información que la anterior. "No admiten críticas", según Miguel Ángel Estalayo, editor de La Voz de Torrelodones y Hoyo de Manzanares , una publicación mensual que aguijonea al ayuntamiento del mismo modo que lo hacía antes Biurrun. Uno de sus artículos documentaba la tala de 71 pinos para la construcción de una vía para bicicletas.

El gobierno de Biurrun retiró los anuncios municipales de La Voz tras el artículo del periódico, según Estalayo. Agrega que la anterior administración en una ocasión retiró sus anuncios por el mismo motivo. Ángel Guirao, el actual concejal de Comunicación, dijo que los anuncios eran más eficaces en una publicación de mayor circulación.