si hay justicia sumale 2 años mas juanito La Fiscalía Provincial de Jaén pide dos años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública para Ramón Moyano y Juan Ruiz, administradores de Informáticas Graef y Electronic Devices Manufacturer (EDM), dos empresas del sector informático vinculadas a la Junta de Andalucía e implicadas en el caso Invercaria, que investiga el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla. La primera de ellas, con sede en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe, era una adjudicataria frecuente de concursos públicos de la administración andaluza; la segunda, una fábrica de ordenadores situada en el municipio jiennense de Mancha Real que llegó a recibir dos préstamos de Invercaria por 1.180.000 euros a pesar de su delicada situación financiera, que la llevó a la quiebra. La Fiscalía cree que Ruiz y Moyano son responsables de un fraude fiscal, al haber emitido 14 millones de euros en facturas falsas. Las mismas que aparecen en la sentencia de calificación del concurso de acreedores de EDM, en la que el Juzgado de lo Mercantil de Jaén apunta que «hay que considerar acreditada lafalsedad de la facturación realizada» porque es «ilógica», «no se adecúa a la práctica comercial habitual» ni «se ajusta a la legalidad». EDM nació en 2006 como escisión de Cofiman, con la que Graef ya colaboró a finales de los 90. Esa colaboración se extendió a EDM, que contaba con la ventaja de ser centro especial de empleo, obteniendo ayudas por contratar a discapacitados. A pesar de las ayudas recibidas, terminó cayendo y en marzo de 2009 solicitó el concurso de acreedores. Los administradores concursales detectaron numerosas irregularidades contables, entre ellas el intercambio de facturas falsas con la veterana Graef, proveedora de los portátiles de los colegios de educación infantil y primaria. Entre el 25 de octubre y el 31 de diciembre de 2007, la empresa de Mancha Real emitió facturas por 5,9 millones de euros con Graef como beneficiaria, que a su vez facturó 6,3 millones de euros por conceptos tan diversos como «Master Tenis Madrid» (40.000 euros), servicios de call center y atención telefónica (55.000), la gestión de una fiesta en la feria de informática Simo (50.000) o almacenaje. Durante la vista de calificación concursal de EDM, los responsables de ambas compañías aseguraron que se trataba de conceptos reales que no se habían facturado en su día. El juez, sin embargo, consideró estas facturas unos de los motivos que la llevó a la quiebra, de la que consideró a Graef cómplice. Tampoco confía en la autenticidad de los documentos la Fiscalía, que aduce entre los motivos que justifican su calificación que las facturas se emitieron en tres únicos días y tienen numeración correlativa; además, no se ha acreditado documentalmente la realidad de las operaciones y, en el caso de Graef, su actividad oficial «no se corresponde con los hechos imponibles consignados en las facturas». Por otro lado, el Ministerio Fiscal ha incluido en su acusación una complicada operación a tres bandas entre EDM, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones y Cuter Soluciones Tecnológicas –una entidad participada en un 70% por la de Mancha Real– que tuvo como resultado un perjuicio de 190.000 euros para la primera. Básicamente, Cuter hizo un pedido de ordenadores a Telefónica que, al no ser fabricante, los encargó a EDM. El mismo día de la compra,los equipos volvieron a la empresa de Ruiz, que pagó por ellos una cantidad muy superior. El fiscal pide dos años de cárcel y una multa de 300.000 euros para Moyano y Ruiz, así como para el administrador de Cuter, Francisco Cámara. Además, solicita que se indemnice solidariamente con 294.500 euros a la Hacienda Pública, que ejerce la acusación particular. EL MUNDO |