La Carolina - Jaen

UNA ASESORA TIRA DE LA MANTA Y REVELA QUE EL ESCÁNDALO SE CONOCÍA DESDE 2008
La Junta ocultó los ERE y ordenó trabajar «con las persianas bajadas»
> La documentación aportada ante la Guardia Civil por María José Rofa evidencia que en la Consejería de Empleo se estaba al tanto de las ilegalidades. > Cuando Guerrero dejó el cargo ni siquiera se conocía cuál era el débito con las aseguradoras. > La Junta evitó imponer la vía legal para otorgar las ayudas


Documentación aportada por la ex asesora a la Guardia Civil
SEVILLA- La instrucción del «caso de los ERE» fraudulentos ha dejado evidencias de que en la Consejería de Empleo se conoció y se permitió el desmán administrativo para otorgar en torno a mil millones de euros en prejubilaciones y ayudas a empresas entre 2001 y 2010. Pero la evidencia definitiva es la que se desprende de la documentación que ha aportado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil María José Rofa, asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre julio de 2008 y marzo de 2011. Rofa llegó a la Consejería de Empleo a los pocos meses de que Chaves jurara por última vez el cargo como presidente de la Junta y de que cesaran a Francisco Javier Guerrero. Antonio Fernández seguía siendo el consejero de Empleo y Juan Márquez Contreras el nuevo director general de Trabajo. Los dos últimos están imputados.

La asesora describe en la documentación que se encuentra con un caos obsoluto en la gestión de los expedientes. Los nueve años de Guerrero –ahora en prisión preventiva– al frente de Trabajo dejan la herencia de una total ausencia de procedimiento para otorgar las ayudas, partidas comprometidas sin «soporte de convenio entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA», un completo desorden en los expedientes, la imposibilidad de verificar la legitimidad de los beneficiarios de pólizas, e incluso el desconocimiento de cuánto debían a las aseguradoras.

Había dos opciones ante esta encrucijada. Una reformulación total para virar hacia la legalidad, lo que hubiera dado lugar a que se hubiera conocido el escándalo o hacer un torniquete administrativo, ordenar en la medida de lo posible los papeles y seguir adelante. Del testimonio y la documentación de esta asesora se desprende que se optó claramente por la segunda vía. La estrategia funcionó hasta que a principio de 2009 estalló el escándalo de las comisiones irregulares en Mercasevilla y, de ese hilván, la aparición de los primeros intrusos en 2011.

Ante este caos, señaló Rofa a la Guardia Civil que «cabía la anulabilidad de todos los actos administrativos e instar la normativa legal que amparara a los beneficiarios que pudiesen legítimamente aspirar a dichas ayudas, pero no se tuvo en cuenta dicha opinión. De hecho, se me dijo que no era posible abordar dicho “escándalo” de descontrol sin saber siquiera el fondo de lo que había por delante y qué es lo que había firmado el saliente director general, Javier Guerrero».

La primera tarea de Rofa fue «localizar documentación para verificar datos», para lo que se ayudó de dos secretarias de Guerrero. Apremiaba disponer de toda la información, porque tenían que remitirle los datos a Hacienda para elaborar los Presupuestos de 2009, que fueron los últimos de los que se encargó Griñán como consejero de Economía y Hacienda.

Se «planteó la reflexión de que así no se podía trabajar». Faltaban «recursos y los expedientes no estaban hechos conforme a «expedientes administrativos». En acuerdo con Juan Márquez Contreras, se nombró a un equipo para normalizar la situación, entre ellos, a un administrativo sobrino del director general. «Se tuvieron varios análisis con la Agencia IDEA y la Consejería de Empleo», «entre los directivos acordaron seguir con el mismo procedimiento –emanado del convenio de 2001 entre Empleo y el IFA sobre el que alertó la Intervención General–, pero montando los expedientes conforme a reglas de administración». «El objetivo era que lo antes posible todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado».

El laxo sistema de custodia de los expedientes cambió tras saltar el «caso Mercasevilla», antes incluso de que estallara definitivamente la trama de los ERE. «Desde el domingo 21 de noviembre de 2011 (puede que se refiera a 2010, el 21 de noviembre de 2011 era lunes) los expedientes han estado bajo el control de la Dirección General –con Daniel Alberto Rivera al frente–, se vaciaron armarios, se tenían bajo llave con permiso de acceso de la asesora del consejero y de la secretaria». «Desde mi entrevista del jueves 25 de noviembre (de 2010) había un equipo de personas que no conocíamos trabajando con los expedientes en la sala del fondo, con las persianas bajadas, parecían equipo del gabinete del consejero», detalló.

«No había vuelta atrás»
La consigna era salvar a Francisco Javier Guerrero. «La instrucción recibida desde finales del verano de 2008 fue seguir montando los convenios para dar cobertura a los compromisos asumidos por el anterior director general a fin de no perjudicar a los beneficiarios (...) No había vuelta atrás».

En el punto de mira
- Ramón Díaz Alcaraz
Activa participación
El ex asesor de Empleo y parlamentario socialista participó junto a Guerrero en el desmán administrativo e intervino tras la dimisión de éste para tapar el problema.
- Juan Márquez Contreras
Sigue con el procedimiento
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social hereda el caos dejado por Guerrero. Sigue con el mismo procedimiento, pero montando los expedientes.
- Daniel Alberto Rivera
Custodia de los expedientes
La que fuera asesora de Empleo María José Rofa dice que los expedientes están desde noviembre de 2010 en el despacho del actual director general Daniel Rivera.

En poder de la Guardia Civil
La ex asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, María José Rofa, aportó a la Guardia Civil, al ser llamada para declarar, la «radiografía» de la Consejería de Empleo cuando entró a partir de julio de 2008, después de que, a finales de abril de ese año, se produjera el cese de Javier Guerrero.