El gobierno andaluz mantiene deudas con 20.000 familias de dependientes desde hace año y medio Los agujeros de la ley de dependencia El desarrollo actual de la ley de dependencia presenta carencias que no son solo achacables al Gobierno central, que ha recortado los fondos para la dependencia en Andalucía en 213 millones en dos años, sino también a la Junta, que también practica recortes en una de sus denominadas «líneas rojas». Hoy hay en Andalucía menos dependientes reconocidos que hace un año. Según los últimos datos del Imserso, a 31 de agosto de 2013 en la comunidad autónoma hay 173.642 dependientes que disfrutan de algún tipo de prestación, que van desde la atención en residencias a las prestaciones económicas en el ámbito familiar. Un año antes se beneficiaban de una prestación 194.794 dependientes, 21.152 más. Este hecho muestra el estancamiento en Andalucía de una norma que cada año debía permitir la incorporación de nuevos beneficiarios, ya que en cada ejercicio se iba a reconocer de forma progresiva a más niveles, en un calendario que se inició en 2007 con los grandes dependientes y que concluiría en 2013 con los más moderados. Pero en lugar de aumentar, la cifra de dependientes ha decrecido. A ello se une que hay 53.866 dependientes con derecho a prestación, pero están a la espera de que la Junta se la dé. Los agujeros en el desarrollo de la Ley, sin embargo, no terminan aquí. La Junta también mantiene una deuda con los dependientes que optaron por recibir una prestación económica para que los cuidaran sus familiares. Le debe las mensualidades del último año y medio a, según reconoce la propia Junta, 20.000 familias andaluzas. Estas cifras llevaron a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a asegurar días atrás en el Congreso a que la situación de la dependencia en Andalucía llega al «límite del esperpento». La deuda ha obligado a la Junta a reaccionar. Para empezar, la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se reunió con las empresas del sector de la dependencia para buscar «nuevas fórmulas» para garantizar la viabilidad del sistema. |