La Carolina - Jaen

• TAMBIÉN A CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
INVESTIGAN A JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN EN EL SUMARIO DE LOS ERE
La juez Mercedes Alaya, que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos, reclama en un nuevo auto las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda", actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas.
Solicita también datos de 796 prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva al sospechar de posibles manipulaciones, así como el plan promovido por el Gobierno central en 2002 para estos trabajadores.
En un auto de 51 páginas dictado el pasado 10 de noviembre y recogido por Europa Press, la juez Mercedes Alaya reclama, igualmente, la "vida laboral" e ingresos percibidos desde la Administración autonómica por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), para la que ha trabajado una hija del expresidente andaluz, ministro y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves.

la junta de Andalucía desprende un hedor insoportable y sin haber levantado todavía ninguna alfombra

me parece perfecto y que le callen la boca al esperpento del guerra.

y que todavía defiendan a estos solo se explica por los intereses propios lo demás le s importa un bledo

CARTAS HECHAS PÚBLICAS
Chaves y el Defensor del Pueblo Andaluz sabían de intrusos en los ERE desde 2003

Hay dos faxes que lo demuestran de manera contundente. Uno, lo publicó La Razón hace unos meses y el otro lo expone hoy El Mundo. En ambos, un grupo de mineros denuncia la presencia de intrusos en las prejubilaciones mineras y se quejan de mientras a algunos mineros se les había recolocado en otros trabajos, a otros, que ni siquiera eran mineros, se les había prejubilado generosamente.

El texto de los fax es el siguiente: "Ha llegado el mes de diciembre y viendo la discriminación a que hemos llegado 7 mineros socialistas y UGTistas por parte de también a compañeros que en su día cogieron los 2.500.000 ptas, compañeros que también fueron recolocados como nosotros, compañeros de Construcciones Mari, que no han sido ni mineros y están prejubilados, compañeros de Insersa Navas que cogieron el dinero y están prejubilados, compañera de Insersa en limpieza y compañero del surtidor de Alosno, aquí hay más delito porque no han visto la mina ni por dentro ni por fuera, y ahí están, prejubilados...Y que conste con esto no queremos dañar a nadie sólo queremos nuestros derechos al igual que los demás...".
Este fax, con el mismo texto, fue remitido a Manuel Chaves y a el Defensor del Pueblo el mismo día sin que ninguno de los iniciara investigación alguna de la que se haya tenido constancia pública.
Pero las señales de alerta no llegaron solamente al Defensor del Pueblo Andaluz ni a Manuel Chaves. Además, la Junta de Andalucía, UGT, (a menos que haya error en el nombre porque lo vincula a CC.OO, lo que no es correcto), el PSOE, la asociación de defensa de los Derechos Humanos e incluso el Ministerio del Interior, estuvieron informados asimismo por los denunciantes. «La Junta de Andalucía sabe por mi puño y letra que se ha producido un atropello contra un grupo de mineros. Lo sabe el Parlamento andaluz, José Antonio Viera (entonces consejero de Trabajo), Javier Barrero (ex secretario general del PSOE onubense), el Ministerio del Interior, Derechos Humanos, Manuel Pastrana (secretario general de CC OO-A), Carmelo Sanmartín (entonces subdelegado del Gobierno) y Anastasia Izquierdo (inspectora jefe de Inspección)", se dice en una de las quejas.

Pero desde entonces a la juez Alaya, nadie hizo nada.

la basura huele antes de destaparla así que cuando se destape..

No habra suficientes mascaras.

700 millones de euros de los parados destinados a los amiguetes