La Carolina - Jaen

Análisis de su estrategia procesal
¿Por qué Blanco evita querellarse contra Jorge Dorribo?
Si el ministro interpusiera una querella por calumnias, el empresario que le acusa de cobrar comisiones debería aportar las pruebas precisas.

La semana pasada, sin duda una de las noticias más candentes ha sido la presunta implicación del ministro de Fomento, José Blanco, en la trama "Operación Campeón". Dicha conexión fue desvelada por El Mundo, tomando como base, supuestamente, las declaraciones del imputado Jorge Dorribo en sede judicial.
Ante dichas noticias, el aludido José Blanco se posiciona primero negando cualquier conexión con esta operación, luego reconociendo la existencia de alguna reunión con el imputado y, posteriormente, anunciando la interposición de una querella por calumnias que, finalmente, se queda en un escrito dirigido a la jueza que lleva el caso, Estela San José Asensio, solicitando el acceso al sumario de instrucción con el fin de verificar las afirmaciones relacionadas con el presunto delito de calumnias mediante el levantamiento parcial del secreto sumarial.
Frente a esto, el letrado encargado de la defensa de Jorge Dorribo -el empresario que acusa a Blanco del cobro de comisiones-, Ignacio Peláez, reafirma en nombre de su cliente la veracidad de sus manifestaciones, añadiendo que otro material probatorio sustenta su declaración.
Procedamos entonces a un breve análisis de la estrategia procesal que podría estar adoptando el ministro Blanco en este turbio asunto. Comencemos por realizar una breve aclaración técnica: pese a lo que pueda parecer, los sumarios de instrucción son secretos para todos aquéllos que no estén personados en los mismos. Cuando un sumario se declara secreto significa que sólo el Juez Instructor y el Ministerio Fiscal tienen conocimiento íntegro de todo lo actuado, es decir, los abogados de querellados, denunciados, imputados, etc., desconocen la integridad del sumario.
A pesar de lo que nos tienen acostumbrados ciertos medios de comunicación, la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas por la Autoridad Judicial, efectuada por abogados, procuradores y/o miembros de la carrera judicial o fiscal, constituye un delito, recogido en el Art. 466 del Código Penal, que supone penas desde prisión a multa e inhabilitación especial.
Dicho esto, todo apunta a que la estrategia procesal de Blanco se encamina a tomar conocimiento de parte de lo actuado antes de que su Señoría levante el secreto de sumario. Y, de hecho, el propio escrito presentado en los Juzgados de Lugo por su abogado, formulando esta petición y no interponiendo la famosa querella por calumnias, así parece indicarlo.
Se escudan en que es necesario confirmar quién efectuó las declaraciones, para así poder presentar la querella, pero esto no es correcto. El delito de calumnia se puede perseguir interponiendo una simple denuncia cuando se dirige contra una Autoridad por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, como es el caso que nos ocupa, debiendo incluso procederse de oficio, en base al Art. 215 del Código Penal.
Para la querella necesitamos aportar la identidad del querellado, para la denuncia esto no es necesario puesto que proceden de oficio a investigar la misma el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Resulta loable, y francamente curioso, el interés de Blanco por no perjudicar al diario El Mundo si esas declaraciones fueron vertidas realmente por Jorge Dorribo, ya que si se demuestra la absoluta falsedad de las mismas el Código Penal hace responsable solidario, esto es, le tocaría pagar la indemnización al mencionado diario, por haberlos hecho públicos y haberlos difundido, conforme al Art. 212 del Código Penal. Si a esto añadimos el que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es obligatorio levantar el secreto del sumario 10 días antes de que se declare concluido, ¿a qué viene tanta premura?
Por otra parte, no se procesa a nadie sólo en base a las declaraciones de un imputado si no hay más elementos que sustenten dicha imputación. Es más, en el delito de calumnia, se produce un curioso efecto en el derecho Penal, conocido como "exceptio veritatis" (Art. 207 CP). Y es que, a diferencia de otros delitos, en los que la carga de la prueba recae sobre quien acusa, consecuencia lógica de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Carta Magna, en este caso es el presunto calumniador el que debe, para quedar exento de responsabilidad penal, probar la verdad de sus afirmaciones.
Es decir, interpuesta la denuncia del ministro de Fomento, sería Jorge Dorribo quien, para evitar una condena por calumnias, debería aportar todas aquellas pruebas de las que dispusiera que sustentasen sus afirmaciones, sin para ello ser necesario levantar parcialmente el secreto del sumario. Lo cual nos lleva de nuevo a la misma pregunta, ¿por qué tanto interés en levantar parcialmente el secreto del sumario?
Si comparamos este caso con otros de naturaleza similar, tales como el "Caso Faisán" o el "Caso Gürtel", quienes se proclamaban inocentes se limitaron a esperar el devenir natural de los hechos, es decir, que el propio Instructor, a la conclusión del Sumario, manifestase que no existía indicio de criminalidad alguno contra esas personas, dictando en ese caso al archivo de las actuaciones o el auto de sobreseimiento definitivo, equivalente a una sentencia absolutoria, con relación a ellos. O incluso el auto de sobreseimiento provisional, porque no resultan suficientemente acreditados los hechos investigados, o la presunta autoría, o se considera que no hay prueba suficiente para abrir la fase de juicio oral, quedando el procedimiento "dormido" en espera de la consecución de nuevas pruebas.
Por otra parte, resulta igualmente curioso que el propio José Blanco reconozca el haber recibido peticiones irregulares, encaminadas a brindar un especial cariño a los asuntos de Jorge Dorribo en los Ministerios, a los que por supuesto el propio Blanco manifiesta que no accedió en ningún momento, y que ninguno de sus asesores, o él mismo, considerase conveniente poner estos hechos en conocimiento de la Autoridad pertinente, puesto que podríamos estar hablando del denominado "cohecho impropio", recogido en el Art. 423 del Código Penal, donde se sanciona a "los que con dádivas, ofrecimientos o promesas, corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos".
Teniendo en cuenta la cruzada personal de José Blanco en los casos precedentes de corrupción política, parece que esta conducta del empresario lucense Jorge Dorribo, solicitando una suerte de trato de favor por parte de una autoridad pública, como es el caso del ministro de Fomento, debería de haber suscitado en él la más airada de las reacciones, finalizando al instante toda conversación o actuación relativa a este asunto, y que lo llevasen a poner tierra de por medio con respecto a esta persona, a la que no tienen empacho en tildar de delincuente. Y es que, como con mucha razón, aunque no con estas palabras, siempre ha dicho el ministro de Fomento, la mujer del César no sólo debe de ser buena sino parecerlo.
En conclusión, parece que el abogado del ministro está más preocupado por conocer lo que la Juez Instructora Estela San José Asensio tiene en su carpeta que por exigir responsabilidades por calumnias.

Por que sabe la que se le viene en cima.................

CONSIGUIÓ LA RECUSACIÓN DE CINCO JUECES DEL SUPREMO
BLANCO SE ENCOMIENDA AL ABOGADO DE GARZÓN PARA QUE SALVE SU CARRERA POLÍTICA
Martínez Fresneda defiende al ‘juez estrella’ en el caso de la Memoria Histórica. El levantamiento del secreto de sumario podría comprometer todavía más al ministro.
El prestigioso abogado penalista Gonzalo Martínez Fresneda es el elegido por José Blanco como último recurso para intentar salvar su carrera política. Las revelaciones del empresario Jorge Dorribo, acusando al ministro de Fomento y portavoz del Gobierno de haber cobrado comisiones a cambio de favores, han puesto contra las cuerdas a Blanco, que se defiende como gato panza arriba y parece dispuesto a luchar hasta el final para salvar su cabeza. No en vano, es el único de los tres políticos implicados en la trama por Dorribo que aún no ha dimitido de su cargo.
El hecho de que el levantamiento del secreto de sumario en el caso Campeón esté a la vuelta de la esquina y las posibles consecuencias negativas que esas nuevas revelaciones pueden tener para el socialista han llevado a Blanco a mover ficha.
Martínez Fresneda es el abogado que defiende al juez Baltasar Garzón en el caso de la Memoria Histórica, uno de los tres que el Tribunal Supremo tiene abiertos contra el juez estrella. Su mayor logro en esta causa ha sido el de conseguir que el Alto Tribunal recuse a cinco de los siete magistrados que iban a juzgarle. El letrado alegó que no eran imparciales porque fueron los mismos que en su día admitieron a trámite la querella y la Sala 61 del Supremo avaló su tesis.
Se da la circunstancia de que Fresneda volverá a enfrentarse en los tribunales con Ignacio Peláez, el ex fiscal de la Audiencia Nacional que defiende a Jorge Dorribo en el caso Campeón. Peláez fue precisamente quien, como abogado del empresario José Luis Ulibarri, presentó la querella contra Garzón por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones en el caso de las escuchas del Gürtel, litigio que le llevó a vérselas en un primer momento con Fresneda.
Después, el penalista –que está considerado uno de los más caros de España– renunció ante la imposibilidad de llevar a la vez dos casos del calibre del de la Memoria Histórica y las escuchas del Gürtel. Garzón recurrió entonces al abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra para sustituir a Fresneda.

Un testigo en el caso Campeón niega que Dorribo entregase dinero a Blanco


R.PRIETO - A CORUÑA Parte de las acusaciones del cerebro de la operación Campeón, Jorge Dorribo, contra José Blanco se desmoronan. La declaración de un testigo clave, el director general de Cofares, José Antonio López Arias, –el empresario al que Dorribo señaló en su comparecencia ante la juez instructora del caso en Lugo, Estela San José, como testigo de la entrega de un sobre con 200.000 euros al exministro– echó por tierra el supuesto pago a Blanco a cambio de gestiones a favor de su laboratorio farmacéutico, Nupel.
López Arias negó ayer ante el juez del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que hubiera presenciado la entrega de un sobre o carpeta al primo político de Blanco, Manuel Bran, –también imputado en la causa– en la gasolinera de Guitiriz así como también negó que en el trayecto que hizo con Dorribo de A Coruña al área de servicio lucense, el empresario farmacéutico le comentase algo sobre una entrega de dinero.
Este desmentido sobre la declaración de Dorribo contribuye a desmontar parte de las acusaciones contra Blanco, después de que otras pruebas hayan quedado desvirtuadas. Una de ellas es la referida al dinero procedente de una cuenta de Andorra, que, tal y como declaró Dorribo, lo había retirado para hacer el pago al entonces ministro de Fomento. Pero una investigación judicial abierta en el Principado al industrial farmacéutico, reveló que ese dinero fue destinado a pagar las deudas contraídas por Dorribo con una farmacéutica.
El director general de Cofares se limitó a reconocer el encuentro con el exministro en la gasolinera de Guitiriz. Según declaró, no vio "nada anormal" durante el encuentro. No obstante, apuntó que "no recuerda" si el primo político del exministro o Dorribo se separaron de él en algún momento, aunque aseguró no haber visto que el propietario de Nupel llevara algo en las manos ni hiciera entrega alguna el primo político de Blanco.
Durante la comida con empresarios en Lugo celebrada tras el encuentro en la gasolinera, el director general de Cofares aseguró que no se habló de negocios. Su regreso a Madrid lo hizo en un Aston Martin que el cerebro del caso Campeón le dejó y que recogió meses después.
También declaró ayer el presidente del Grupo Fomento de Iniciativas, Amador de Castro, empresario que según las declaraciones de Dorribo habría intentado que Blanco favoreciera sus negocios a cambio de contratar a la empresa de su primo. Pero De Castro negó las acusaciones.