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Un entramado societario, a caballo entre Alicante y el Caribe, fue urdido por varios exdirectivos de la fallida Caja de Ahorros del Mediterráneo y algunos empresarios alicantinos para eludir sistemáticamente el pago de impuestos de sus empresas, a costa de la inversión aportada por la malograda caja de ahorros. Así lo sostiene el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez en el auto por el que ordenó detener este miércoles al exdirector general de la CAM Roberto López Abad; el exdirector de proyectos inmobiliarios y empresas Daniel Gil Mallebrera; el exresponsable de la división internacional y hotelera de la caja César Véliz y a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

El magistrado apreció indicios de que los anteriormente mencionados habrían cometido varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida. El juez ordenó su arresto argumentando que todos ellos “cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición” y en el que se establecía el citado entramado societario. Mientras los dos empresarios permanecen en paradero desconocido, el juez liberó ayer a Véliz y envió a prisión bajo fianza a López Abad y a Gil.

Este es un resumen, basado en el auto del juez, del esquema fraudulento que según la denuncia presentada por el FROB permitió a parte de la cúpula de la CAM “lucrarse personalmente”.


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