La Carolina - Jaen

Andalucía / FRAUDE EN EMPLEO
Empleo pagó en 2010 comisiones directas a intermediarias de ERE
El actual director general de Trabajo ordenó abonar 833.773 euros a Uniter por gestionar pólizas

El caso de los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía tuvo numerosos beneficiados entre los perceptores ilegítimos de pólizas de prejubilación, pero, sin duda, el negocio más lucrativo correspondió a las consultoras. La Consejería de Empleo abonó a empresas intermediarias un porcentaje que en algunos casos se elevó al 30 por ciento del coste total de los expedientes de regulación de empleo, cuando en el mercado los márgenes de ganancia del sector oscilan entre el 1 y el 3 por ciento.
Documentos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y hechos públicos ayer por el PP andaluz ofrecen datos hasta ahora desconocidos que multiplican el costoso tinglado montado en torno a la gestión de las pólizas de prejubilación y que comprometen seriamente al Gobierno de José Antonio Griñán.
Aparte de los abusivos porcentajes de los «gastos externos» que incrementan de forma desorbitada el coste de los ERE —hasta 200 millones de euros, según el PP—, el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, ordenó en julio y diciembre de 2010 a IDEA dos «pagos directos» por un importe total de 833.773 euros a Uniter, una de las consultoras, junto con Vitalia, que cobró «comisiones presuntamente ilegales», según denunció el secretario general del PP-A, Antonio Sanz. El Ejecutivo negó la responsabilidad de este alto cargo y lo afianzó en su puesto después de ser imputado por la juez que investiga las falsas prejubilaciones.
Según los informes firmados por Rivera (reproducidos por ABC), este alto cargo de la Consejería de Empleo autorizó una transferencia directa de 452.468 euros a una cuenta corriente de Uniter el 28 de julio de 2010 que el desplegable con la relación de subvenciones que entregó Empleo a la magistrada vincula a un ERE de la Asociación de Promoción Social 28 de Febrero. La ayuda sociolaboral que percibió este colectivo de extrabajadores de la empresa Santana superaba los 603.000 euros.
Meses después, el 20 de diciembre, justo cuando salieron a flote las primeras irregularidades en un ERE de la empresa Mercasevilla (del Ayuntamiento hispalense), el director de Trabajo ordena otro pago de 408.304,89 euros a la consultora «como pago por adelantado del 75 por ciento» en un ERE de la Faja Pirítica de Huelva por importe de 544.406 euros.
Escrito a la juez
El PP-A ha remitido los citados informes de la Guardia Civil al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla para que indague en estas comisiones a las consultoras, al entender que «el importe de éstas excedían en mucho de la media del mercado». También pidió a la magistrada Mercedes Alaya que requiera a la Junta de Andalucía los documentos sobre los pagos a intermediarias, Uniter SL y Vitalia, para «esclarecer los hechos».
El Gobierno andaluz negó en un principio el pago de comisiones a intermediarias de ERE a preguntas del PP en el Parlamento andaluz. Cuando salieron a la luz documentos que contradecían su versión, anunció que pediría su devolución. Sanz le acusó de «ocultar» las comisiones y se preguntó «quiénes eran los beneficiarios finales de esos pagos».
El dinero salía de una partida creada en 2001 para garantizar una pensión a trabajadores que se quedaban en el paro. Para eludir el control y la fiscalización pública, Empleo utilizó a una agencia pública que abonaba las ayudas. El papel de los mediadores o «brokers» era el de poner a los trabajadores en contacto con aseguradoras para contratar una renta mensual hasta la edad de jubilación.
La Junta de Andalucía remitió ayer un comunicado en el que puntualizó que no tiene constancia del atestado de la Guardia Civil revelado ayer por Sanz. Explicó que las ayudas a las que hizo referencia el dirigente popular corresponden a «dos resoluciones acordadas en diciembre de 2009 y, por tanto, anteriores al nombramiento de Rivera», quien se limitó a ordenar pagos pactados antes, expuso.
Rivas «participa» en colar a intrusos
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitido a la juez revela que el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado en la causa, «tiene conocimiento de todo lo que sucede y participa en la inclusión» de dos «intrusos» en el ERE de Calderinox SA. Se trata del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón.