La Carolina - Jaen

La financiación irregular de los sindicatos, en el punto de mira de la juez Alaya

La segunda fase de la Operación Heracles, ordenada por la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE en Andalucía, deparó ayer una imagen nunca vista en democracia: el registro policial del despacho de un sindicalista bajo sospecha de corrupción, el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera. La instructora sostiene que los sindicatos, ya sea directamente o a través de agencias de seguros vinculadas a ambas organizaciones, cobraron elevadas sobrecomisiones con cargo a los fondos públicos por la «captación de negocio» entre empresas en quiebra para intermediarios en la tramitación de las pólizas de prejubilación.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula que ingresaron al menos 7,64 millones de euros, en la mayoría de ocasiones sin realizar asesoramiento alguno, una contraprestación económica que equivalía entre el 0,5 y el 1 por ciento del coste de las primas de prejubilación, procedente de la partida 31-L para empresas en crisis.

Alaya mantiene la tesis de que los sindicatos se han financiado irregularmente con el fondo de los ERE. El 18 de junio lo puso por escrito en un explosivo auto que provocó sacudidas en las sedes de los sindicatos: «Además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma [en alusión a las comisiones que recibían por los ERE] de financiación irregular».