La Carolina - Jaen

Un juzgado de Jerez acusa a Pilar Sánchez de delitos contra la Hacienda Pública y prevaricación por gastarse 8,6 millones de euros en fines distintos a los previstos
El juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha imputado a la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) por delitos contra la Hacienda Pública y prevaricación como consecuencia del desvío de 8,6 millones de euros a fines distintos a los inicialmente previstos.
El caso tiene su origen en una denuncia formulada ante la Fiscalía por el actual equipo de Gobierno, presidido por María José García-Pelayo (PP), que poco después de tomar posesión apreció importantes desfases de Tesorería correspondientes a fondos concedidos para la ejecución de obras del Plan E y del proyecto de la Ciudad del Flamenco.
A lo largo de la instrucción del caso, la exalcaldesa sostuvo que la situación de colapso económico en la que se encontraba el Consistorio aconsejó destinar ese dinero al abono de nóminas pendientes de pago a los trabajadores o a la realización de transferencias a las concesionarias de servicios públicos municipales. Fuentes del caso han explicado a Efe que la defensa de Sánchez ha recurrido ya este auto al considerar que no se produjo ningún hecho delictivo en estas transferencias económicas.
El Gobierno municipal trasladó el caso a la Fiscalía a finales de julio de 2011, apenas mes y medio después de su toma de posesión, ante los desfases de tesorería detectados que afectaban a fondos finalistas de los planes estatales.
En su momento, el portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, destacó que todas estas operaciones no tenían el visto bueno del interventor municipal ni de la tesorería; mientras que el delegado de Economía, Enrique Espinosa, apuntó que las «anomalías detectadas» se realizaron sobre «fondos finalistas depositados en cuentas restringidas» que el anterior gobierno utilizó para pagos «distintos a su finalidad».
El desvío de fondos afectó a un total de catorce proyectos, que en el momento de formalizarse la denuncia no estaban finalizados por impagos a las adjudicatarias a pesar de que el Gobierno central había transferido las cantidades convenidas.