La Carolina - Jaen

Sevilla- La disponibilidad de una partida presupuestaria opaca como la del «fondo de reptiles» permitió que lo mismo sirviera para pagar prejubilaciones, ayudas arbitrarias a empresas, subvenciones a ayuntamientos socialistas o «garantías indemnizatorias» a directivos de empresas de capital público como Santana Motor. Según la documentación depositada por la Junta de Andalucía en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Consejería de Empleo suscribió el 20 de junio de 2003 varios contratos con directivos de la empresa automovilística por los que se comprometió a abonar cantidades que oscilaban entre los 185.000 euros y los 696.000 a cada uno para que se mantuvieran en sus puestos y pilotaran el Plan de Acción Social suscrito para garantizar «un dimensionamiento adecuado de las empresas para afrontar los retos futuros».

El contrato –en los mismos términos para todos los firmantes– está suscrito por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández –imputado por la juez Alaya por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias–. Entre los beneficiarios se encontraban Ricardo Ibarreche, Joaquín Lasheras, Nicolás Belenguer, Keith McGregor o José Antonio Navarro.

En la parte expositiva, todos los contratos hacen referencia al Plan de Acción Social firmado el 20 de febrero de 2001 entre Santana Motor, Santana Motor Andalucía y la Sociedad Útiles del Sur para garantizar la viabilidad de la sociedad, en propiedad de la Junta de Andalucía desde 1994 tras la marcha de Suzuki.

Cada directivo firmó una garantía indemnizatoria mínima y una compensación específica por un pacto de permanencia hasta el 30 de junio de 2004. En el caso de incumplirlo, la cantidad final se vería reducida en función de los meses que restaban para alcanzar la fecha acordada.

Así, en el caso de Ricardo Ibarreche, consejero delegado de Santana Motor en aquella fecha, la garantía indemnizatoria mínima fue de 218.036,61 euros brutos más otra específica –vinculada a su estancia en la empresa– de 478.828,39 . En total, la prima suscrita con la compañía Estrella Seguros ascendió a 696.865 euros.

Como se refleja en todos los contratos, «los fondos para atender el pago de la prima del citado seguro han sido aportados por la Junta de Andalucía a fin de no causar quebranto patrimonial a Santana Motor...».

En los casos del director general José Antonio Navarro Yagüe, y del director comercial Joaquín Lasheras Guichou, la prima por ambos conceptos era de 371.660 euros. Al director de exportación Keith McGregor le correspondieron 255.520 euros y a otro directivo, que negoció con los sindicatos, Nicolás Belenguer Amaro, 185.835.

El relevo de los principales ejecutivos se produjo con posterioridad a la fecha acordada. Por ejemplo, el consejero delegado causó baja el 30 de septiembre de 2004 y fue sustituido por José Manuel Muriel. En esas fechas, el por entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, alegó que los cambios obedecían a una «reestructuración del equipo directivo». El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el dueño de la compañía, ya había pasado a esta Consejería después de depender de la de Empleo.

Santana Motor nunca remontó el vuelo. En 2001, antes de la firma de estos contratos para los responsables de la compañía, ya se produjeron las primeras jubilaciones. En 2004, las pérdidas se cifraron en torno a los 30 millones. En febrero de este año, la Junta anunció la liquidación de la compañía.

esta noticia no es una opinión...es una investigación de la CÁMARA DE CUENTAS