Jamilena - Jaen

La instructora del caso de los ERE informa de su inminente imputación a los dos expresidentes, así como a los exconsejeros Aguayo, Viera, Vallejo, Recio y Ávila.

Muchos años fueron y son los que nos robaron pero el tiempo ha demostrado que son una banda de delincuentes.

La juez Alaya imputa en el caso ERE a una ex candidata del PP en Córdoba
Texto de un fax de la candidata a Francisco Javier Guerrero: "Gracias por la ayuda que te ofreces a dar a mi padre... Tanto él como yo te lo agradecemos de corazón... Eres una bellísima PERSONA, lo supe desde que te conocí, pero además me lo vas confirmando conforme pasa el tiempo"


La magistrada encargada del sumario del ‘caso ERE’, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar en calidad de imputada a una ex candidata del PP de Córdoba a las elecciones municipales. Cristina Ruiz que fue gerente de la asociación por el desarrollo laboral de personas minusválidas, Promi , abandonó la lista del Partido Popular por la capital cordobesa en 2011 donde figuraba en el número 22 de esta candidatura del Partido Popular.

Auto firmado el día antes de las vacaciones de Alaya
En su momento esta hecho significó un fuerte escándalo en la capital cordobesa ya que las críticas, en plena campaña electoral municipal, arreciaban notablemente contra los socialistas desde las filas populares por el “caso ERE” . Hoy, tras el conocimiento del auto de la juez Alaya firmado el pasado 31 de julio -justo un día antes del comienzo de sus vacaciones- vuelve la polémica porque según este documento de la magistrada pidió favores personales para beneficiar a su padre.

La candidata del PP dimitió tras ser investigada por los ERE
La candidata del PP en la lista de la ciudad de la Mezquita se vio obligada a dimitir pocas semanas antes de la celebración de los comicios de mayo de 2011 tras conocer la opinión pública que estaba siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Su padre cobró supuestamente de manera ilegal casi 60.000 euros
Se da la circunstancia que Rafael Ruiz, padre de la ex candidata popular, es uno de los intrusos (prejubilados falsos beneficiarios irregulares de las prestaciones) que la Junta de Andalucía detectó . En este caso el progenitor de Cristina Ruiz supuestamente habría cobrado sin corresponderle y por tanto de forma ilegal 58.000 euros como falso prejubilado. Este hecho está contrastado ya que aparece reflejado y así consta en su declaración policial. Ruiz fue incluido irregularmente en el ERE de la empresa Cespa.

Ocho intrusos en la empresa de la que era Gerente
Cristina Ruiz fue gerente de una fundación para la Promoción del Minusválido, concretamente Promi. En los ERE de dos empresas ligadas a esta fundación, Promi Forja y Muebles Promi de Madera, fueron identificados ocho intrusos tras la investigación impulsada por la propia Junta de Andalucía.

En las lista de José Antonio Nieto en la capital cordobesa
Tras hacerse pública parte de esta información, la candidata Cristina Ruiz que iba en el puesto número 22 de la lista de José Antonio Nieto por la capital cordobesa decidió renunciar y tras dimitir y ser sustituida no se presentó a las elecciones municipales de Córdoba. El hoy alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, justificó entonces su dimisión “no porque las informaciones publicadas fueran ciertas sino para no dañar al PP por un simple comentario”. Nieto es uno de los nombres que sonaba con más fuerza para ser el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía. Curiosamente desde hace unos meses su nombre ha perdido fuerza y ha ido diluyéndose en favor de otras opciones tales como José Luis Sanz, Miguel Arias Cañete o Juan Manuel Moreno Bonilla.

Fax al ex Director General, ‘agradeciéndole’ sus gestiones
El padre de la candidata prestó declaración como detenido ante la policía el 22 de marzo de 2011 acusado de tráfico de influencias. Ruiz reconoció que era amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal protagonista de la trama puesto en libertad en junio tras su paso varios meses por prisión. Al quedarse en el paro en 2005 llamó a Guerrero y este le tramitó la documentación para que empezara a percibir una póliza, pese a que nunca trabajó en Cespa. También se conoció que Cristina Ruiz envió un fax a Guerrero a finales de 2005.

“Gracias por la ayuda que te ofreces a dar a mi padre”
En este documento le daba las gracias al ex director general por las gestiones para la consecución de la póliza que posteriormente percibió su padre: “Gracias por la ayuda que te ofreces a dar a mi padre. Aún no sé en qué consistirá. Pero tanto él como yo te lo agradecemos de corazón, salga o no. Eres una bellísima PERSONA, lo supe desde que te conocí, pero además me lo vas confirmando conforme pasa el tiempo”.

Están implicados un monton de chorizos.

Pues sabes lo que digo que todos ala cárcel.

La portavoz municipal del PSOE de Tarifa (Cádiz), Carmen Miriam Iglesias, ha pedido este miércoles la dimisión “inmediata” de la edil de Fiestas, Ana María García (PP), y del alcalde, Juan Andrés Gil, a quien acusa de “haber tolerado y encubierto” que García gastase en dos meses 20.000 euros con el teléfono móvil municipal.

“Una frivolidad mientras hay familias que pasan necesidades”
En un comunicado, Iglesias ha considerado “una frivolidad que el Ayuntamiento de Tarifa tenga que abonar 20.000 euros por el uso indebido de mensajes de contenido erótico, servicios de televisión o búsqueda de pareja, mientras existen miles de familias que pasan necesidad ante los estragos de la crisis y el paro”.

Otro episodio de oscurantismo
La portavoz socialista ha lamentado “este nuevo episodio de oscurantismo que se suma al monumental lío del Ayuntamiento de Tarifa con la venta de arena de Valdevaqueros a Gibraltar” y apunta que “llevamos dos meses pidiendo información al respecto a lo que se ha negado el alcalde”. Para la dirigente socialista existe “una clara contradicción entre lo que dice el alcalde y lo que alega la compañía telefónica” y exige saber ya “si es verdad que existe un mensaje de aceptación de ese tipo de servicios por parte del teléfono pagado con dinero público”.

Consta la existencia de dos facturas en mensajes eróticos y búsqueda de pareja
Iglesias ha indicado que “el PSOE ha pedido todas las facturas de todas las líneas municipales para comprobar si esta situación tan lamentable ha podido extenderse a otras con el consentimiento del alcalde, así como las de combustibles donde se sospecha de un consumo excesivo”. En declaraciones, Iglesias asegura haber tenido acceso detallado a las facturas, por lo que le consta la existencia de gastos en ”mensajes eróticos y de búsqueda de pareja”, en dos facturas mensuales de 15.000 y “cerca” de 7.000 euros.

La portavoz socialista mantiene además la sospecha de que este gasto haya sido más prolongado en el tiempo y la cuantía de dinero público sea mucho mayor.

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo -ERE- irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes".
Así lo establece la magistrada en un auto fechado el pasado viernes y notificado este lunes, apenas cuatro días después de la comparecencia de Lozano, que interrumpió su declaración tras responder a una decena de preguntas acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías, máxime después de que la instructora le reprochase que estaba haciendo "teatro".
En dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya adopta estas medidas cautelares por considerar que Lozano, que reconoció que "la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder subvenciones" durante su declaración, "pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que IFA era solo mera pagadora", así como que "podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".
Al finalizar la declaración el pasado jueves se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medida alguna, mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias solicitaron a la juez que impusiera al imputado una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros -correspondientes a las modificaciones presupuestarias que tramitó-, más el tercio legal previsto, en total 76 millones.
En concreto, la magistrada imputó a Lozano, que fue director general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009, haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión" del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando éstas "sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Públicca; Dode está el que pide la dimisión de Rajoy alias Rugalcabafaisán.

Pues siete es un chorizo que no salga y que pague todo lo que se han llevado.