Valverde del Camino - Huelva

El "modus operandi" del PSOE se hace patente en Justicia en Huelva: más tela para la araña

lunes, 08 de marzo de 2010

Se ha conocido porque los sindicatos CSIF y CCOO han denunciado en los juzgados los casos de "enchufismo" detectados en los últimos nombramientos de funcionarios de la Audiencia Provincial de Huelva. CSIF apunta en su denuncia que ve indicios de que la hermana de la secretaria general de la Delegación de Justicia de Huelva y la madre del ahijado del delegado provincial de Justicia y Administraciones Públicas han sido contratadas "después de que la Administración cometiera múltiples ilegalidades en el proceso para que pudieran acceder a las plazas vacantes". CCOO recoge en su denuncia que en la última selección realizada para cubrir las 18 plazas vacantes correspondientes a los dos nuevos órganos judiciales de la capital -el Juzgado de Familia y el de Instrucción número 5, ambos en funcionamiento desde el pasado 30 de diciembre-, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "ha incumplido lo estipulado, de forma que muchos posibles candidatos desempleados que cumplen plenamente los requisitos exigidos" -la experiencia en el ámbito judicial y haber realizado algún examen de oposición- "no han sido seleccionados".

Según el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicio a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Pedro Escalante, el SAE ha seleccionado mayoritariamente a desempleados que sólo acreditan haber realizado los cursos de capacitación en 2009, una actuación "arbitraria y discriminatoria" que ha supuesto la "marginación de demandantes cualificados para cubrir esas plazas".

El presidente del sector de Justicia de CSI-F, Manuel Portal, explicó que uno de los indicios recogidos en la denuncia es el que hace referencia a las calificaciones obtenidas por las dos personas señaladas en las pruebas de acceso para realizar los cursos de capacitación del SAE, necesarios para poder trabajar en los juzgados y que fueron "supervisados por la Delegación de Justicia, organismo encargado además de seleccionar las preguntas del examen y realizar las entrevistas previas". Portal evidenció que las dos personas allegadas a los altos cargos de la Junta de Andalucía "sospechosamente obtuvieron un diez en cada una de las pruebas realizadas".

Las organizaciones sindicales explicaron que en la mesa de contratación del pasado 21 de diciembre, donde se revisaron las listas con los candidatos que habían superado la prueba, al comprobar que muchos de ellos no cumplían los requisitos, solicitaron a la Delegación de Justicia que ampliara la oferta y baremara únicamente a los aspirantes cualificados para los cuerpos de Tramitación (de 20 candidatos, sólo 8 reunían las condiciones), Gestión (de 15, sólo 9) y Auxilio (de 10, sólo 1 pasó el corte).

Lejos de ampliar esta oferta, denunciaron, "las dos personas señaladas han sido contratadas". Como consecuencia, uno de los demandantes baremados "no pudo acceder a su puesto, ocupado ahora por la hermana de la secretaria general". El afectado no descarta presentar una denuncia en el futuro por este motivo.

El delegado de Justicia en Huelva, Enrique Gaviño, aseguró a Europa Press desconocer las denuncias y dejó claro que "las contrataciones siempre se realizan previamente con un acuerdo de los sindicatos de justicia, que se les convoca en una mesa intersectorial". Aclaró que "hubo una disfunción en un convenio entre el SAE y Justicia que se corrigió y no hay mayor problema", ya que los criterios de llamamiento "se han hecho conforme a un baremo que viene regulado por un procedimiento que los sindicatos conocen, con lo cual no se ha hecho de ninguna forma extraordinaria". Por último, aseguró que se trata de una acusación "muy seria", pero no se plantea abrir una investigación interna.

Manuel Enrique Gaviño Pazó es delegado provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Huelva tras haber trabajado como asesor, un puesto a dedo, en la Diputación Provincial.

La Federación de Servicios Públicos de UGT-Huelva adujo que este presunto caso de enchufismo "es inadmisible" y pidió a los responsables de las delegaciones de Justicia y Empleo de la Junta en Huelva que "despejen las dudas sobre la existencia de trato de favor a determinadas personas para ubicarlas en puestos de trabajo". Finalmente, mostró su solidaridad con los compañeros que "siguen en el paro a pesar de cumplir con todos los requisitos".

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