Bollullos Par del Condado - Huelva

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pasate por el foro de villalba o de aljaraque y mira la que tiene liada el tio este. Menudo personaje.

hola soy un cliente de pedro galan la verdad es que me estoy quedando un poco pillao con lo que se dice de la estafa de este hombre ,la verdad es que yo no me siento estafado por pedro galan ya que ha cumplido con migo y con mi familia como un señor y un buen hombre yo no tengo quejas de el por lo tanto no pienso lo mismo que ustedes y la casa que me a hecho es de fabula esta en valverde del camino en los pinos por si alguien quiere verla un saludo de javier cejudo.

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Copiado de periodico de Huelva, sobre este individuo en concreto.

La Guardia Civil imputa a un promotor y siete compradores de viviendas ilegales
Una operación impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente y la Benemérita descubre un gran complejo sin licencia en el entorno de Doñana · El Seprona le achaca delitos contra la ordenación del territorio y estafa
RAFAEL MORENO / HUELVA | ACTUALIZADO 31.10.2009 - 05:01

Imagen aérea tomada por el Seprona de la finca villalbera ubicada en el paraje El Piojo, donde se aprecian casas, piscina y picadero.

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La Guardia Civil ha imputado a ocho personas por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, incluido el constructor-promotor y los siete compradores de las viviendas en terreno rústico y sin licencia, por edificar un complejo rural en el paraje de El Piojo en Villalba del Alcor.

La operación fue desarrollada por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) el pasado uno de octubre en el complejo rural Cuatro Caminos Sociedad Limitada, en el término municipal de Villalba, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Huelva que dirige Alfredo Flores.

El proyecto está integrado por nueve parcelas de unos mil metros cuadrados y otra de unos seis mil, donde se han realizado construcciones ilegales. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el complejo está formado por seis casas de madera, cuatro piscinas y otras tres casas de madera en construcción.

El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Villalba del Alcor confirmó a la Benemérita durante el proceso investigador que el complejo no poseía licencia urbanística ya que se encuentra asentado sobre un terreno rústico y por lo tanto el suelo ostenta la calificación de no urbanizable.

En total hay ocho imputados por un delito contra la ordenación del territorio mientras que al promotor del proyecto, P.G.C., de 33 años y vecino de Villalba, se le imputa un delito continuado de estafa a siete compradores por la información suministrada a los adquirientes de las viviendas construidas sin los pertinentes permisos urbanísticos y un delito continuado contra la ordenación del territorio. Entre los ciudadanos que negociaban la compra se encuentran onubenses, sevillanos e incluso franceses. Se les ha aplicado la máxima de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.

El ideólogo de la operación urbanística comenzó comprando una parcela y luego anunció la venta de casas a 60.000 euros cada una. Se añadía como atractivo la presencia de un local social e incluso la dotación de un parque para niños. Según algunas fuentes, se anunciaron hasta por internet.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que han sido entregadas al Juzgado de Guardia de La Palma del Condado.

Este servicio de la Benemérita se encuentra enmarcado en la planificación especial que mantiene abierta el Seprona para luchar contra las construcciones ilegales realizadas en la provincia.

La Junta de Andalucía buscó el auxilio de la Guardia Civil ante el gran numero de construcciones ilegales que proliferan en Huelva, especialmente en el Parque Natural de la Sierra, zonas protegidas y montes de propios de pueblos costeros y en el entorno de Doñana. El plan piloto puesto en marcha por la Guardia Civil comenzó en Cortelazor, Galaroza y Cortegana pero se ha ido ampliando a las demás comarcas onubenses.

Los trabajos de la Guardia Civil incluyen el análisis pormenorizado del material fotográfico aéreo obtenido y la observancia en helicóptero de las construcciones.

Desde fuentes no oficiales se barajan hasta 30.000 viviendas con algún tipo de ilegalidad en zonas rústicas de la provincia. La reciente reforma del código penal ha elevado las penas para los promotores o técnicos que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación en zonas no autorizadas destinadas a viales o parajes que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, histórico o cultual. La Ley persigue especialmente a las autoridades o funcionarios que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.

animo pedro soy un cliente de lepe mejor dicho de isla antilla toda las obras que me as hecho en mi chalet estan como el primer dia desde hace 4 años por lo tanto los que dicen eso de ti seran que te tienen envidia o si dicen que le as estafado que te lo digan a la cara con nombre y apellidos un saludo y suerte

a mi me a vendido una parcela y luego me ha hecho una casa de madera de 90 metros y no me a estafado estamos contento con el y estamos en proyecto de que nos haga algunas obras en la casa para ampliarla un saludo pedro y animo que somos muchos clientes a tu fabor

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chaval tu si que eres un indeseado por que no tienes la cara de decir tu nombre o te vas al cuartel a ponerle una denuncia pero lo de hablar por aqui es de cobarde por eso no te creo nada lo que es cierto es que yo no soy pedro galan soy un cliente de valverde que estoy contento con el por eso lo defiendo y mas clientes como yo un saludo y asta pronto cobarde.

a mi me VENDIDO una parcela rustica de 5000 metros le he dado el dinero y no he tenido problema con el se a escriturado y sin problemas
no todos son malos clientes.javier de sevilla

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Anda!!! pues tienes toda la razón. apesta que no es poco.

Hablando de......

Chapó por las observaciones se puede decir más alto, pero no MAS CLARO.
Menudo pillin el Pedro Galán éste, los que lo conocemos sabemos bien del pie que cojea.

Hola soy roby mac.lo se que lo tienen invidia a pedro .y mucha gente que lo amencan ,eltiene una familia preciosa y amucha gente le ayudo ,es un señor si tiene alguen contra el que ponga la cara,con migo ,suerte ,,,

Condenas de hasta 7,5 años de cárcel por la trama del falso fiscal
La Audiencia castiga a los estafadores, uno de los cuales es sobrino del boxeador Urtain.
JORGE MUÑOZ | ACTUALIZADO 11.07.2013 - 09:36
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La Audiencia de Sevilla ha condenado a cinco de los seis acusados en la trama del falso fiscal a penas de entre 15 meses y 7,5 años de cárcel, como integrantes de una banda de estafadores que se hacían pasar por fiscales, secretarios judiciales, jueces y peritos para ofrecer a una veintena de víctimas pisos embargados y vehículos.

La sentencia de la Sección Cuarta, que tiene una extensión de 181 folios, considera acreditado que los acusados falsificaron los documentos de supuestas adjudicaciones y los sellos de varios juzgados de Primera Instancia, y que de esta forma lograron defraudar 1,5 millones de euros entre los años 2009 y 2012, cantidad con la que los cinco acusados que ahora han sido condenados deberán indemnizar a las víctimas.

El tribunal ha condenado a los dos principales cabecillas, Pedro G. C., que y Manuel L. A. a penas de siete años y medio de cárcel, el primero, y a siete años, el segundo, mientras que Aitor I. A., sobrino del mítico boxeador Urtain, que se hacía pasar por miembro del Ministerio Fiscal -era presentado como Antonio el fiscal- y en otras ocasiones por secretario judicial, ha sido condenado a cinco años y medio de prisión. Otros dos acusado, Antonio Jesús C. R. y José Antonio M. R. han sido condenados a penas de cuatro años y nueve meses de cárcel, y a 15 meses, respectivamente.

La sentencia declara como hechos probados que Pedro G. C. y Manuel L. A. se concertaron antes de agosto de 2009 para "poner en marcha un procedimiento con el que enriquecerse a costa ajena", ofreciendo a personas interesadas en la adquisición de inmuebles (y ocasionalmente de automóviles) la "ficticia oportunidad de obtenerlos a un precio ventajoso, participando en inexistentes subastas judiciales de bienes judicialmente embargados, en las que, según se les diría, les sería adjudicado el bien en cuestión si les entregaban las cantidades que como valor de tasación les indicaran en cada caso" y que aseguraban devolver si no se concretaba la operación.

El fallo relata que para "implementar la puesta en escena necesaria al fin propuesto, Pedro G., que disponía, tras haber seguido un curso a distancia, de un diploma y una placa o carné que proclamaban su condición de perito tasador judicial, pero que nunca había prestado sus servicios como tal, haría valer esas acreditaciones para fingir que trabajaba para la Administración de Justicia, en estrecha colaboración con jueces y fiscales".

Por su parte, Manuel L. se encargaría principalmente de confeccionar en su ordenador supuestos documentos judiciales que aparentasen la existencia de los procedimientos de apremio, la recepción por el órgano judicial de las cantidades entregadas y, en su caso, la adjudicación final del bien deseado, documentos en los que "para mayor engaño" se estamparían sellos en tinta de los juzgados.