Bollullos Par del Condado - Huelva

Olga Rodríguez │

1.- Una carta. Una deuda. El fin de un alquiler social. Un sentimiento de asfixia. Un acto desesperado, un suicidio.

2.- Una protesta. Un empeño por mantener la dignidad a flote. La reivindicación de derechos básicos. Una protesta en la sede del banco malo. Un acto legítimo de desobediencia civil. Una exigencia: “Que baje el que desahucia”. Una barrera policial. 21 imputados.



El primer hecho ocurrió ayer. Amparo, de 45 años, de Carabanchel, con tres hijos y dos nietos a su cargo, se suicidió después de recibir una carta en la que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) le comunicaba que no prorrogaría su alquiler social, de 69 euros al mes, por finalización de contrato. Amparo tenía algunos pagos atrasados. La EMV tiene como objetivo facilitar “el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades” y cumplir con “otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social”.

Sin embargo, la EMV también desahucia. Es decir, una empresa con el 100% de su capital público, expulsa de sus casas a personas con dificultades u opta por no prolongar su alquiler. Hay en este hecho una absoluta contradicción con la razón de ser de esta institución. Más aún, cuando más de un tercio de las viviendas del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y de la EMV están vacías. Ante estos casos, es inevitable recordar que el Ayuntamiento de Ana Botella pretende privatizar al menos parte del organismo de vivienda pública, vendiendo viviendas sociales a fondos de inversión privados.

El segundo hecho ocurrió el pasado 21 de marzo. Decenas de personas, algunas afectadas por los desahucios, acudieron a la sede del ’banco malo’ en Madrid para protestar porque se les ha arrebatado un derecho básico, contemplado en la Constitución española y en la moral cristiana, tan aireada cuando interesa. Exigieron que “bajen los de arriba, que bajen los que desahucian”, para mantener una reunión con ellos.( Vídeo de @juancarlosmohr y vídeo de Jaime Alekos)

Pero los de arriba no bajaron. En su lugar, llegó la policía. Resultado: 21 imputados, la mayoría acusados de coacción, desobediencia y resistencia. Precisamente ayer, 17 de septiembre, se iba a celebrar el juicio (ver el hashtag #los21delsareb), pero la jueza lo pospuso en el último momento, por falta de espacio en la sala.

“Ha sido emocionante”, me decía ayer una de las personas imputadas, en conversación telefónica.

“Cuando hoy hemos entrado al juzgado nos han querido acompañar en total 20 abogados, 20 abogados respaldándonos, además de decenas de activistas. Todos estos actos de solidaridad son fundamentales. Estamos unidos, avanzando, la lucha ciudadana es vital. Sin ella no habría conciencia social”, añadía.

En este mundo al revés se imputa a las víctimas que protestan, mientras se legitima y se promueve el rescate con dinero público de bancos que han creado ‘activos tóxicos’. La Sareb, el banco malo, ha recibido 51.000 millones de euros de activos tóxicos, un eufemismo para referirse a las casas de las familias desahuciadas, para que los bancos “buenos” puedan seguir libres de “toxinas” y de toda acusación.

Como dice en su página web el grupo Toma el Banco Malo, “somos 21 detenidos, ciudadanos tan malos, que se atreven a desafiar al pobre y vilipendiado “banco malo”, entrando en sus sucursales públicas para pedirles una reunión. Tan malos, que nos creemos con derecho a conservar nuestras casas y nuestra dignidad”.

Cuando te lo quitan todo, con la complicidad de las instituciones públicas, con el aplauso de ciertos sectores sociales, ante el silencio de tanta gente, incluso de ex compañeros de trabajo, de algunos vecinos, de antiguos amigos, lo único que te puede rescatar de la desesperanza es la solidaridad, la voluntad de unión, la lucha social.

A través de la autoorganización ciudadana se articulan respuestas y protecciones imprescindibles para esquivar la muerte civil que provoca la violencia institucionalizada, la que arrebata a la gente sus derechos básicos y su dignidad, en nombre de la estabilidad, de la economía, del deber. Un deber que sitúa la voracidad de los de arriba por encima del bienestar de la mayoría.

Hay toda una carga simbólica en la consigna “que baje el que desahucia”, coreado por "Los 21 del Sareb". Que baje el que desahucia, que vaya a los barrios humildes a ver cómo vive la gente desahuciada. Que vayan al tanatorio donde ayer tarde se velaba el cuerpo de Amparo.

Que salgan de sus espaciosos despachos, de sus silencios asépticos, aparentemente neutrales. Que observen cómo es una noche de insomnio de una mujer a punto de ser expulsada de su casa con sus niños.

Aquí fuera hay sitios donde se respira dignidad, una dignidad conquistada a través de la movilización ciudadana, de iniciativas como la PAH, de las asambleas de barrios, de la solidaridad, de la voluntad de unión, de la búsqueda del empoderamiento.

No son pocas las personas que han roto el matrix de la propaganda y que ven la realidad tal y como es- cruel, voraz, despiadada, cínica, oportunista- y a los responsables de los desahucios como lo que son: emperadores desnudos.

Hoy lloramos por Amparo y por la gente a la que deja. Y a la vez observamos, emocionados, la reacción de tantas personas que han sido capaces de construir una respuesta organizada y solidaria ante la barbarie. La dignidad y la lucha están vivas frente a esta guerra sin balas. En la calle, con la protesta, con la escritura, con el arte, con compromiso, con organización social y política, incluso con humor, ... seguimos.

Como dijo el historiador estadounidense Howard Zinn, “el futuro es una infinita sucesión de presentes, y vivir ahora como pensamos que los seres humanos deben vivir, desafiando el mal que nos rodea, es en sí una maravillosa victoria”.

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