Playa Burumendi - Guipuzcoa

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta, ha dicho este sábado que la comisión parlamentaria sobre los ERE falsos, que lo ha señalado como único responsable de las irregularidades, ha sido una "desfachatez" al "anteponer los intereses partidistas a los de los ciudadanos".

En un comunicado remitido a Efe a través de su abogado, Fernando de Pablo, Guerrero califica las conclusiones de la comisión de "arbitrarias" y como un "esperpento" que han pactado los grupos políticos, que han eliminado la responsabilidad de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, que figuraban en el proyecto de dictamen elaborado por el presidente de la comisión, Ignacio García (IU).

Además, critica que los representantes políticos se hayan "salvado a sí mismos, olvidando los debates anuales a que era sometida la partida presupuestaria discutida, con la intervención acalorada de todos los grupos".

Guerrero muestra su "sorpresa ante las conclusiones de síntesis que los distintos grupos parlamentarios han convenido" y añade irónicamente que "le alegra comprobar, ante el desapego actual de la opinión pública con la 'clase' política, el esfuerzo que realiza el Parlamento de Andalucía por mostrarse cercano al interés de la ciudadanía y explicar a sus representados el esfuerzo y meticuloso trabajo realizado por esa comisión".

El dictamen final, que se llevará al pleno del Parlamento de la próxima semana, contempla además la responsabilidad del entonces Interventor General de la Junta, Manuel Gómez, por no haber elevado un informe de actuación ante las irregularidades, y excluye al actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, y a su antecesor Manuel Chaves, en contra de lo que pretendía el PP.

Ante esta circunstancia, a Guerrero le extraña "que se fijen responsabilidades políticas en quien era ajeno a decisiones políticas" y que la Cámara de Cuentas, órgano de extracción parlamentaria, "año tras año fiscalizara los pagos realizados con cargo a esta partida sin realizar objeción alguna".

A su juicio, no se puede concluir que "todo el poder ejecutivo de la Junta de Andalucía se encontrara en manos de un director general" como él.

Guerrero, que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, salió de la cárcel el pasado 22 de octubre, tras pasar siete meses encarcelado por orden de la juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya.

"Llama la atención que tras 12 años vacacionando, pero cobrando, la Cámara de Cuentas, en unos meses, descubra irregularidades" y que sus "profesionales" realicen un trabajo "pero no lo suscriban y modifiquen sus conclusiones a golpe de presiones", como hicieron al revisar las ayudas una vez descubiertos los fraudes, según el exdirector general.

Además, Guerrero critica que la comisión parlamentaria, en su informe, valide las ayudas y las denomine "positivas y saludables" pero, "incoherentemente, las tache de irregulares" y que "quienes diseñan y quienes fiscalizan sean los buenos y el gestor el malo".